Indultos preventivos

“Ningún gobierno ejerció tanta presión pública para quebrar la independencia judicial como el de Pedro Sánchez sobre el Tribunal Supremo pidiendo la libertad para cinco líderes del pronunciamiento independentista catalán en prisión preventiva por presunta rebelión”, le dice al cronista un magistrado con trabajos de referencia en universidades internacionales, aparte de las españolas.

Hay un aluvión de declaraciones gubernamentales pidiéndole al Supremo que libere a esos políticos, en prisión por su presunta rebelión contra la Constitución y distintas leyes, pero sobre todo por la huida al extranjero de otros siete, incluyendo a Carles Puigdemont, declarados en rebeldía.

“¿Cómo van a liberar a presuntos rebeldes presos si también pueden huir presentándose como “mártires de la libertad” por el mundo?”, dice el magistrado.

Pero la presión sobre los jueces crece: la ministra de Política Territorial Meritxel Batet y después la viceprimera ministra, Carmen Calvo, pidieron que los liberen si se alarga el juicio contra ellos; como casi llevan casi un año en prisión fue demandar que los liberen ya. .

La delegada del Gobierno en Cataluña, la apaciguadora y coculpable del hundimiento del PSC-PSOE, Teresa Cunillera, deseó en una entrevista que los políticos fueran indultados inmediatamente tras la sentencia.

Es una coacción coral, con declaraciones públicas iniciadas hace poco más de una semana en Nueva York por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, diciendo que a le disgusta que haya políticos presos.

Esto parece consecuencia de los pactos de Sánchez con los golpistas, mucho más peligrosos para España que el teniente coronel Antonio Tejero en el golpe de Estado 1982.

Porque no había levantado a media España contra la otra media como los separatistas lograron con media Cataluña, ahora inflamada y guerracivilista, y un gobierno militar, que posiblemente sin derramar sangre y presionado internacionalmente, habría durado poco sin devolverle el poder a los civiles.

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SALAS