Indultos Sánchez

Vaya por delante que cuestiono la mayor: no soy un entusiasta del indulto, no al menos tal y como se regula en la vetusta ley española de 1870 por lo que puede tener de arbitrario y por lo que supone de injerencia del poder político en el judicial, responsable en un estado de derecho de juzgar y ejecutar las sentencias. Escribí en este blog hace mucho tiempo que era urgente regular con detalle y acotar la discrecionalidad con la que suelen actuar los gobiernos de turno y sin distinción de color político en la concesión de indultos. Que ningún partido haya propuesto esa reforma después de más de cuarenta años de democracia y que, sin embargo, se hayan aprobado varias modificaciones del Código Penal a golpe de titulares, es una prueba clara de lo bien que les viene para su instrumentalización política si fuera necesario. 

La politización de los indultos

Aunque opino que lo mejor sería que el indulto desapareciera del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, por lo pronto me conformaría con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública. Eso debería excluir por principio el oportunismo político como en el caso que nos ocupa de los indultos a los independentistas catalanes condenados por sedición. Pero, insisto, aunque ya existe la posibilidad de que el Supremo tumbe un indulto si no está bien motivado, es necesaria una modificación legal que incluya un mayor control del Parlamento o del Tribunal Constitucional y que, entre otras cosas, obligue al Gobierno a explicar con pelos y señales los motivos de su graciosa concesión, especialmente cuando concurran circunstancias políticas que la cuestionen. 

EFE

Tal vez con esa reforma en vigor nos evitaríamos los españoles el bochorno de los indultos que el Gobierno parece dispuesto a conceder a los independentistas catalanes que cumplen condena en prisión por sentencia firme del Supremo, tras ser declarados culpables de sedición y malversación en un juicio con todas las garantías. No sé si por torpeza o por descaro, lo cierto es que Pedro Sánchez ha dicho algo esta semana que nunca hubiéramos esperado escuchar de un político democrático y menos de un presidente del gobierno de España. Sugerir que la obligación de cumplir esa sentencia es "venganza y revancha" e indultar a quienes violaron la Constitución y las leyes es "concordia y entendimiento", es una nueva bofetada a quienes seguimos haciendo esfuerzos diarios para creer en nuestro estado de derecho. Y aún así solo faltaba el infalible ministro de Justicia pidiendo que veamos con naturalidad algo que como juez le debería causar urticaria. 

Sánchez reincide: hace lo contrario de lo que promete

Especialmente si viene de alguien que se había comprometido públicamente a que los condenados cumplieran la integridad de las penas, aunque a estas alturas ya deberíamos estar curados de espanto y haber aprendido que las promesas del presidente valen lo que valen sus intereses políticos. Mucho se está escribiendo estos días sobre los aspectos legales del indulto, sobre todo a raíz de los informes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, contrarios ambos con contundencia a la concesión de la medida de gracia. Si el Gobierno sigue adelante con lo que parece una decisión bastante avanzada, esta sería una de las poquísimas veces en las que se concede un indulto sin la anuencia de la fiscalía y del tribunal sentenciador, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo. Solo 6 de los 137 indultos concedidos en los últimos cinco años han tenido en contra la opinión de la fiscalía y el tribunal.

EFE

A expensas de cómo se justifique la decisión por el Gobierno si mantiene la intención del indulto a los líderes del procès, podríamos encontrarnos ante un posible abuso o desviación de poder susceptible de recurso judicial y anulación. Mas, no nos perdamos en detalles leguleyos y centrémonos en el cogollo del meollo, las razones políticas, prácticas y verdaderas que llevan al Gobierno a tener sobre la mesa el indulto a unos independentistas que no lo han pedido, que no se han arrepentido de los hechos por los que cumplen condena, que han prometido reincidir y que lo que quieren es la amnistía simple y llanamente. 

Los indultos solo resuelven el futuro de Sánchez

Ni el más ingenuo de los españoles puede creer de verdad que el indulto servirá para la "concordia y el entendimiento" en Cataluña como pretende vender Sánchez. Los propios independentistas, que siguen copando el gobierno autonómico después del fracasado "efecto Illa", se han encargado de recordar con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat que su objetivo es el referéndum de "autodeterminación" y la independencia. De manera que, escuchar a algunos analistas hablar de que los indultos servirían para "reconectar emocionalmente" a Cataluña y a España, como si fueran dos entes separados y como si los responsables de la desconexión no tuvieran nombres y apellido, produce sonrojo y vergüenza ajena. 

Es más, indultar a quienes, además de saltarse las leyes, despreciaron con soberbia a la población catalana no independentista y al resto de los españoles sería un sarcasmo intolerable y un mensaje de impunidad a los compañeros de viaje de quienes están en la cárcel y a los que Pedro Sánchez parece a un paso de calificar también como presos políticos. Todo este estropicio es el precio que podríamos estar a punto de pagar los españoles para que Sánchez aguante en La Moncloa hasta 2023 y quién sabe si incluso más allá si no se configura una alternativa creíble y viable. Para que consiga su objetivo es imprescindible el apoyo de ERC y para lograrlo el presidente está dispuesto a poner sus intereses políticos y los de su partido por encima de los del estado de derecho. Esa es la práctica habitual de los autócratas para los que el fin es lo que de verdad importa y los medios para alcanzarlo son lo de menos. L' État, c'est moi.