El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto coordinado de los servicios de salud dependientes del Estado y los de las comunidades autónomas. Parece que esa coordinación es dudosa en base al informe anual del Defensor del Pueblo, donde se cuestiona la igualdad de acceso y prestaciones de las distintas administraciones.
Así lo podemos leer en un Diario Médico reciente (1). Esta es una cuestión que se ha venido planteando desde hace años. Cada Comunidad Autónoma decide qué prestaciones y en qué condiciones presta los servicios sanitarios. El Consejo Interterritorial del SNS es el órgano de coordinación entre las administraciones públicas sanitarias central y autonómicas y ha de promover la cohesión del SNS a través de la garantía de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Por otro lado, la asunción de competencia sanitaria por cada Comunidad Autónoma garantiza el acceso a las prestaciones y el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad en todo el territorio y la libre circulación de todos los ciudadanos.
Sin embargo, en este momento en que todo derecho aparentemente consolidado parece poder cuestionarse, son muchas las situaciones cotidianas en las que el ciudadano se enfrenta a desigualdades flagrantes en el acceso a la sanidad. No parece propio de un país el que unos usuarios tengan cubiertas unas prestaciones y, por pasar un limite jurisdiccional (que no una frontera) esas prestaciones se vean acrecentadas o aminoradas. Más cuando en el Estado español las distancias son tan cortas y la movilidad de los ciudadanos algo tan cotidiano.
Si como hemos visto, existe la intención de salvaguardar la homogeneidad de las prestaciones sanitarias, aunque quepan diferencias, no se entiende las divergencias entre administraciones a no ser que lo que se pretenda sea la diferenciación, que lleva, a nuestro entender, a la frustración y la falta de comprensión por parte de los potenciales agraviados con esas desigualdades.
Difícil de comprender es que en una Comunidad Autónoma las prestaciones en salud bucodental estén dentro de su catálogo de prestaciones y en otra no. O que el calendario vacunal sea distinto y acarree gastos para unas familias y otras no. O que el traslado de un ascendiente al lugar de residencia de sus hijos impida el acceso a los servicios sociales si no se tramitan desde la comunidad de origen (a la que el contribuyente no puede acudir por la dependencia de sus hijos). No sería descabellado pensar que no se acceda a la fisioterapia de igual manera entre comunidades.
Si además se añaden las diferencias en cuanto a tipo de gestión o prioridades según la orientación política de las administraciones el panorama se acerca al de un sistema de sistemas variopintos e inconexos. En definitiva, se establecen diferencias que tienden a la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios y sociosanitarios.
No conocemos la solución pero lo que está claro es que esta realidad no es la pretendida por las diposiciones de más alto nivel. Como en otras cuestiones cabe exigir a los administradores que simplementen cumplan con las reglas del juego.
Referencia
1. Laura G. Ibañes . El Defensor del Pueblo constata inequidad en las prestaciones. En Diario Médico, 8 de abril de 2011. http://www.diariomedico.com/2011/04/08/area-profesional/sanidad/defensor-pueblo-constata-inequidad-en-prestaciones. Acceso 8 de abril de 2011.
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