A continuación por ser de interés general se transcribe en su totalidad la introducion del INFORME EJECUTIVO del DEFENSOR DE PUEBLO DE COLOMBIA.
En el marco de la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo, que es impulsar el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio colombiano, el Defensor del Pueblo atiende anualmente el compromiso establecido en la Ley 24 de 1992 [[1]], que consiste en presentar al Congreso de la República un informe anual sobre sus actividades y de la situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Durante el año 2018, la sociedad colombiana atravesó por fenómenos que impactaron de distintas maneras en la garantía y satisfacción de sus derechos fundamentales. Dentro de estos fenómenos se destacan, en primer lugar, los efectos de la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno y las FARC-EP. Si bien en un inicio estos Acuerdos abrieron la esperanza para alcanzar un nuevo camino de paz y convivencia en el nivel territorial, también llevaron a las autoridades a un importante desafío: garantizar el tránsito a la vida civil de miles de combatientes en medio de la reconfiguración de los escenarios de la confrontación armada, la recomposición de los controles territoriales y el ingreso de nuevos actores violentos en disputa por economías ilegales y corredores estratégicos de movilidad.
La implementación de los Acuerdos de Paz trajo como consecuencia una reducción relativa de los índices de violencia en los territorios, pero también tuvo reacciones contrarias, especialmente en territorios de histórica confrontación entre grupos armados, debido al interés de nuevas organizaciones por entrar a controlar los espacios abandonados por las FARC-EP.
Estos nuevos escenarios produjeron situaciones de sometimiento de la población, representadas en la revictimización de grupos sociales vulnerables, el incremento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como en amenazas, extorsiones y homicidios. Sumado a ello, surgió una nueva ola de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) para el servicio de estructuras armadas irregulares. Esta situación se ha caracterizado, además, por la impunidad y por las dificultades que tienen las autoridades para ejercer control y disuadir a los actores violentos.
En segundo lugar, la vida institucional se vio afectada por problemas y escándalos de corrupción que perjudicaron y pusieron en entredicho la gestión pública en dimensiones tan sensibles como la justicia y la política social. Esto se constituyó en un impedimento para el disfrute, goce y ejercicio de los derechos humanos, tanto de los económicos, sociales y culturales como de los civiles y políticos para amplias capas de la población, especialmente para los habitantes de zonas periurbanas y rurales apartadas.
En tercer lugar, es necesario señalar situaciones que han implicado graves afectaciones a los derechos colectivos y ambientales por efecto de los impactos socioambientales ocasionados por las economías ilegales, especialmente, los cultivos ilícitos y la minería ilegal de oro y coltán, la deforestación, los atentados contra los oleoductos y los grandes proyectos de infraestructura y minero-energéticos.
En cuarto lugar, se observó un incremento en las movilizaciones y las protestas sociales por reclamos en materia de educación, derechos laborales, el rechazo a la violencia y a favor del proceso de paz, la prestación de servicios públicos y el transporte. Estos movimientos reflejan el crecimiento de un malestar social por la situación de vulnerabilidad económica y de exclusión en que se encuentran numerosas poblaciones, que, además, no visualizan soluciones estructurales a su situación. Si bien la mayoría de estas manifestaciones y protestas sociales se llevaron a cabo de manera pacífica, algunas generaron alteraciones al orden público y graves confrontaciones con la Fuerza Pública.
El año 2018 también estuvo marcado por la contienda electoral para la elección de un nuevo mandatario de los colombianos y de los integrantes del órgano legislativo.
Esto implicó, además del importante debate de las ideas políticas y la participación democrática, un incremento de los riesgos para líderes sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos, quienes constantemente fueron intimidados por grupos armados y otros actores para silenciar su participación. Dicha situación impactó, principalmente, a los movimientos de oposición así como a los nuevos partidos y organizaciones políticas que surgieron de los Acuerdos de Paz.
Por último, el panorama de los derechos humanos en Colombia también estuvo enmarcado por el incremento de la migración de la población de origen venezolano, ocasionada por la grave crisis política y social de ese país. Esta situación tiende a agravarse a pesar de los esfuerzos del Gobierno, que han estado encaminados a la implementación de una política para atender a esta población. Los vacíos en la gestión pública institucional se traducen en la falta de acceso a derechos fundamentales para los migrantes, además de numerosas barreras originadas por los problemas de coordinación de los entes responsables. Estos inconvenientes se manifiestan,
por ejemplo, en las deficiencias en el registro de niños y niñas migrantes, lo que limita su acceso a otros derechos como la salud y la educación. Asimismo, se suma la falta de aplicación de un enfoque diferencial en la atención para mujeres, madres gestante y lactantes y población étnica migrante. Este panorama se completa por un fenómeno extendido de desprotección de los derechos de los migrantes a la vida, seguridad e integridad, lo cual los expone a numerosos riesgos, abusos y violencias de todo tipo.
De acuerdo con las temáticas reseñadas, este informe aborda los aspectos que se mencionan a continuación. El primero de ellos es la dinámica del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. Para desarrollar este tema, se hace énfasis en la situación de riesgo a la que están expuestos los líderes y las lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos. Se presenta, además, un análisis del derecho a la vida e integridad personal de las poblaciones vulnerables.
Posteriormente, se muestra un estudio de la situación de las víctimas del conflicto armado y el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Luego de ello, se hace una breve valoración de los procesos electorales que se llevaron a cabo en 2018 y 2019 y de los riesgos que implica el ejercicio de los derechos políticos y de participación. Se aborda también la problemática de la migración forzada de la población venezolana y se concluye
con un análisis de la situación de los principales grupos poblacionales vulnerables, en aspectos como la violencia y discriminación contra la mujer, los casos de personas con orientación sexual e identidad de género diversas y la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades étnicas.
En términos generales, con este informe se exhorta y recomienda a las instituciones del Estado a que adopten medidas que contribuyan de manera efectiva a la superación de las problemáticas descritas. Asimismo, se les invita a que brinden protección y atención adecuada y garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales, especialmente para los grupos socialmente vulnerables y en riesgo.
Este documento plantea los desafíos que tiene Colombia en diferentes campos. De las políticas públicas que actualmente se formulan por parte del Gobierno recientemente elegido, depende en buena medida que se garantice el bienestar y la paz de los colombianos en el cuatrienio que se inicia. Para ello, se espera que los elementos planteados sirvan de insumo para el análisis y la priorización de las acciones en el marco de la garantía de los derechos humanos, para numerosas poblaciones que sufren hoy los rigores de la desprotección y la violencia.
Carlos Alfonso Negret Mosquera
Defensor del Pueblo de Colombia
[1] Artículo 9. (7) Además de las atribuciones señaladas en la Constitución, el defensor del pueblo tendrá las siguientes: Presentar anualmente al Congreso un informe sobre sus actividades en el que se incluirá una relación del tipo y número de las quejas recibidas, de las medidas tomadas para su atención y trámite, de la mención expresa de los funcionarios renuentes o de los particulares comprometidos y de las recomendaciones de carácter administrativo y legislativo que considere necesarias.
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