Ingreso Mínimo, pero no Vital

Un articulo de: José Manuel Ramírez Navarro

Presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales

El Ingreso Mínimo Vital es el mayor avance en protección social de los últimos tres lustros y debería ser la vacuna más eficaz contra la pobreza. Pero los procedimientos complejos y una errática gestión hacen que se mantengan las colas del hambre, que expresan el fracaso de esta prestación y, en general, de las políticas públicas de protección social.

Tres años de la aprobación del IMV, solo 611.019 familias han percibido el IMV, un 25% de todas las que lo habían solicitado y tan solo el 75% de las 850.000 familias que el gobierno calculó que necesitaban y que podrían beneficiarse de esa prestación, por su situación de necesidad. Por otra parte, la cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 171 euros. El estrepitoso fracaso de la gestión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones queda bien reflejado dejando de ejecutar 453 millones del presupuesto con que contaba el IMV el pasado año, devolviéndolos a las arcas del Estado.

¿Qué ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital?

Como siempre, el abuso del papeleo, en la era de la digitalización, la desconfianza innata de la Administración hacia el pobre, que se expresa en el reglamento y los procedimientos del IMV, han ido muy por detrás y a veces en contra de las necesidades de las personas. El sufrimiento que ha provocado la decepción del IMV probablemente sea irreversible y el daño producido a la cohesión social, también. Un terreno abonado para los discursos de odio, el conflicto y la desconexión social de una amplísima capa social de la población, por enésima vez maltratada.

Es cierto que las modificaciones incorporadas tras el trámite parlamentario en la ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital, que entraron en vigor en enero de 2022, han aumentado el ritmo de concesiones y favorecido la incorporación de nuevos perceptores; sin embargo, no son suficientes para que esta prestación alcance los objetivos previstos cuando se aprobó.

Motivos del poco acceso al IMV

Es necesario reflexionar sobre los motivos que producen el elevado nivel de no acceso al IMV, precisamente, de las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión (el denominado "non take up"). Y, lo más importante, abordar los cambios necesarios en el IMV para superarlos. Estos son, a nuestro juicio, algunos de estos motivos y los cambios que se deberían acometer:

En primer lugar, el cálculo de la capacidad económica no se debe realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos, ya que ello impide acceder al IMV a muchas personas con situaciones de carencia de rentas sobrevenidas, o les condena a esperar meses y meses para recibir un ingreso que dice ser "mínimo" y vital". La capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud, y para contrastar esos datos la propia Administración debe consultar las bases de datos necesarias, acelerando así la gestión y evitando trámites y papeleo absolutamente innecesarios.

En segundo lugar, se deben exceptuar del cómputo de rentas a efectos del IMV las prestaciones económicas del sistema de atención a la dependencia y las pensiones por alimentos de los menores.

En tercer lugar, hay que eliminar la exigencia del padrón histórico colectivo. Este requisito complica enormemente la gestión de la prestación y no hace sino provocar retrasos innecesarios en la misma, dado lo complicado del trámite para los ayuntamientos, que son quienes deben acreditarlo, y las dificultades de acceso al mismo para muchas de las personas potenciales destinatarias del IMV.

Además, es imprescindible conseguir la interoperabilidad entre los sistemas de información de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que las tres Administraciones están implicadas, de una u otra manera, en la gestión del IMV.

El requisito de tener residencia legal

Estas son algunas de las medidas efectivas con las que se podría agilizar la gestión del IMV y conseguir que esta prestación llegue a quienes realmente más la necesitan.

El Ministerio que dirige el señor Escrivá debería asumir estos cambios, en vez de sorprendernos con ocurrencias, como la que puso en marcha específicamente para las personas refugiadas ucranianas.

Por supuesto que estas personas necesitan esa protección, ni más ni menos que cualquier otra que busque refugio o asilo en nuestro país por motivos de las situaciones de guerra o violencia que viven en sus lugares de origen. Pero en lugar de inventar una compleja gestión de subvenciones específicas para las personas de nacionalidad ucraniana, que ha obligado a crear un entramado burocrático entre las CC.AA, las entidades locales y entidades del tercer sector, hubiese sido mucho más ágil, y más justo, que el Ministerio de Inclusión exceptuase a las personas con cualquier tipo de protección internacional o asilo, permitiendo la percepción del IMV desde su llegada a España, sin necesidad de cumplir con el requisito de tener residencia legal desde seis meses anterior a la solicitud.

Establecer medidas para la inclusión social

Es urgente también, que el Ministerio que dirige el sr. Escrivá termine de aclarar cuáles serán las medidas para la inclusión social que se comprometieron a diseñar como complemento de la prestación económica y que deben acompañar necesariamente el despliegue del Ingreso Mínimo Vital. Este es un asunto no menos complejo que el diseño de la propia prestación y no solo porque necesitará de esfuerzos presupuestarios estructurales, no pequeños y sostenidos en el tiempo, más allá de las posibilidades a corto y medio plazo que ahora ofrezcan los Fondos para la Recuperación y la Resiliencia, sino porque la inclusión social, como todas las prestaciones de los Servicios Sociales en nuestro país, es un territorio de intervención social de competencia compartida entre los tres niveles de la Administración y ello supone un diseño concertado (por tanto complejo y necesitado de mucha conversación) entre tales niveles.

El Ingreso Mínimo Vital en las Comunidades Autónomas

Tampoco podemos dejar de señalar el hecho de que algunas Comunidades Autónomas han aprovechado la implantación del IMV para aniquilar o para reducir a su mínima expresión las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas y hagan caja con los 1.722 millones de euros que invertían en sus propios sistemas relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales, dejando fuera de las prestaciones a colectivos que hasta ahora venían amparados por estos sistemas de rentas autonómicos. Estos presupuestos autonómicos deberían mantenerse para complementar las prestaciones del IMV, para llegar a colectivos que tienen dificultades para acceder al mismo y, en todo caso, para desarrollar prestaciones y servicios de inserción social.

El siguiente paso a la exclusión

Las deficiencias del IMV no son sólo asunto de las personas con menores ingresos o con mayores carencias materiales; es algo que afecta a la sociedad en su conjunto, nos afecta a todos y todas. Porque, aunque pobreza no es necesariamente exclusión, si estas situaciones se agudizan y se prolongan, incluso en nuevas generaciones que crecen entre privaciones y falta de oportunidades, pueden suponer el paso a la exclusión, en una diabólica espiral de la que cada vez van a tener más difícil salir. La exclusión suele ser desmotivación, ruptura con la sociedad, aislamiento... y, en ocasiones, puede derivar en situaciones conflictivas y conductas asociales.

Por eso interesa a todos y todas que el IMV se configure, de verdad, como derecho subjetivo de ciudadanía, garantizando una protección social económica básica, real y efectiva, individualizada, que le garantice una vida digna. La carencia de ingresos económicos suficientes para una vida digna debe ser el único requisito para el reconocimiento del derecho al Ingreso Mínimo Vital.

Mientras tanto, las "colas del hambre" deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, alabando la solidaridad de la ciudadanía, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la "vacuna contra la pobreza", que debería ser el Ingreso Mínimo Vital.