Ingreso mínimo vital, niveles de renta y patrimonio mal planteados

Tras casi ocho meses desde su puesta en marcha, el Ingreso mínimo Vital (IMV), continúa siendo noticia y no precisamente por su éxito y buen hacer.

El ministro de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a realizar declaraciones a cerca del IMV en su pasada intervención en La Sexta. Sin embargo, no nos trae ninguna novedad, ni nada que no sepamos ya. Tampoco aporta algo que ponga solución al problema, ni que arroje un poco de luz a la terrible situación en la que nos encontramos.

El limitado alcance del IMV

Según estimaron en un principio desde el Gobierno, esta ayuda debería dar cobertura a 850.000 hogares en situación de pobreza, con un total de 2,3 millones de personas. Sin embargo, en diciembre de 2020, solo se había reconocido la prestación a unos 160.000 hogares. En los cuales viven 462.508 personas, es decir, solo un 20% de los beneficiarios previstos.

¿A que se debe este alcance insuficiente, con respecto a lo estimado?

Según Escrivá, el motivo principal es que los solicitantes superan los límites de renta o patrimonio para acceder a la prestación.

Del total de solicitudes presentadas antes de final de año, aproximadamente el 50% de las tramitadas fueron denegadas. En la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio. Ante esto, Escrivá ha declarado: "Estamos rechazando más de lo que probablemente pensábamos".

Este año 2021, el límite mínimo sería de 16,917,60 euros y el máximo asciende a 43.985,76 euros, según la unidad de convivencia.

El ministro afirma que están "analizando en este momento si han quedado cerca de esos niveles y podemos ajustar los niveles de renta y patrimonio para que entren más beneficiarios". Además, desde la Seguridad Social declaran que este ajuste aún está en fase de análisis y habrá que esperar a tener una propuesta concreta.

Al parecer la fase de análisis se torna eterna. Hace meses que Escrivá hizo estas mismas declaraciones y afirmó que para el mes de enero tendríamos una evaluación en profundidad, para corregir los desajustes de la prestación y que su alcance fuese el deseado.

Resulta incomprensible que, al planificar una prestación de tal envergadura, no se realizasen unos cálculos exhaustivos y adecuados de los umbrales de renta y patrimonio.

Las cifras de los niveles económicos de las familias de nuestro país se encuentran en el sistema, los datos de personas desempleadas, perceptoras de subsidios y prestaciones, etc., están registradas. Lo único que hacía falta era aplicarlas a la realidad.

Y lo que tampoco resulta comprensible es que, tras más de 7 meses de quejas, reclamaciones y fallos en el sistema de tramitación y resolución del IMV. Aún no parecen darse cuenta desde las administraciones del grave error de enfoque que tiene esta ayuda.

Próximas medidas

El reajuste de los umbrales de renta y patrimonio no será, al parecer, la única medida que se presentará próximamente en el Consejo de Ministros. También se establecerá que, desde ayuntamientos y ONG certifiquen a las unidades familiares vulnerables, que ahora no están incluidas en esta prestación y que por su situación les corresponde.

Hasta ahora, se ha tenido en cuenta lo que aparece en el empadronamiento colectivo familiar. Sin embargo, esto no indica la situación real de ese domicilio, ya que pueden darse situaciones muy concretas que no puedan justificarse con el simple padrón.

Es el caso de 2 o más unidades familiares que conviven en el mismo domicilio, familias que vivan en chabolas o campamentos, centros de acogida, etc. En estas situaciones, los principales encargados de realizar un informe que acredite las características de su unidad de convivencia serán los Servicios Sociales correspondientes.

Con respecto a esto, podremos encontrarnos dos situaciones o incluso ambas al mismo tiempo: que dichos informes ayuden a familias a conseguir la aprobación de la ayuda o que este paso añadido genere más tiempo de espera y ralentice su aprobación. Si es que llega a conseguirse.

No olvidemos que los servicios sociales son un sector muy saturado, con pocos recursos y con personal insuficiente. Al que si se le añade una tarea de tal calibre, podrá desembocar en una mayor lista de espera para la atención de los usuarios.

Es por ello que, en el que caso de que la potestad de realizar dichos informes sea aprobada. Se debería de reforzar el personal de cada centro de servicios sociales para así garantizar su cometido. Evitando así el generar mayores quebraderos de cabeza para los usuarios solicitantes.

Medidas no incluidas

Aunque coincidimos en que dos de los grandes problemas en cuanto a la gestión y aprobación del IMV son los que ha mencionado el ministro Escrivá; los bajos umbrales de renta y patrimonio y la consideración de la unidad familiar según el empadronamiento, no son los únicos.

También es necesario un importante refuerzo en cuanto a personal se refiere, en la Seguridad Social, el procedimiento de tramitación y la documentación a aportar debe ser simplificado y los tiempos de resolución deben ser acortados, entre otras mejoras. Son muchos los aspectos que deben modificarse y mejorar para que esta renta comience a funcionar.

La situación social, laboral y económica ha sido muy dura durante el pasado año 2020. Por desgracia, este año que acaba de entrar no ha comenzado mucho mejor.

Muchas familias han perdido sus empleos, y hasta el momento no se ha reactivado apenas la actividad. Otras tantas que han ido sobreviviendo, probablemente tengan que cerrar sus negocios, o serán despedidos.

Por todo ello, creemos que desde el Gobierno deben de empezar a tomárselo en serio, ya que hasta ahora, parece que no lo han hecho.