¿inhabilitación cautelar?

Leía ayer en la prensa que el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha propuesto que, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasaría a llamarse ‘Código procesal penal’), se permita a los jueces la posibilidad de inhabilitar “como medida cautelar” a cualquier cargo público “desde el momento en el que sea imputado o encausado”, algo similar a lo dispuesto para funcionarios o jueces, que sí pueden ser apartados temporalmente de sus puestos cuando existe un expediente o causa abierta. Es decir, sería el juez que instruyera una causa contra un político el que decidiría si se le ha de apartar, temporalmente, del cargo público que ostente. Y me pregunto una cosa, mientras que dure esa inhabilitación cautelar, ¿ese puesto sería ocupado?, es decir, ¿sería sustituido por el siguiente candidato a concejal o diputado en la lista de su partido? porque imaginemos que un partido gobierna con mayoría absoluta por diferencia de un escaño, si imputan a uno de los miembros de su grupo ¿perderían la mayoría absoluta durante ese tiempo? ¿o habría un diputado temporalmente inhabilitado y otro temporalmente ejerciendo el cargo? Creo, que como tantas otras cosas que proponen nuestros políticos, no está muy pensado. Y salvada la cuestión formal quiero analizar el tema de fondo. Como decía en Twitter, “¿hay tan poca ética y moralidad que ha de decidir un tercero?”, ¿ha de ser un juez el que decida que un político se debe apartar de sus funciones?, en mi opinión debería existir la suficiente moral entre nuestra clase política como para que ellos mismos fueran los que dimitieran, por honorabilidad, por principios. Y además, como muchos de nuestros políticos están aforados, diputados y senadores en el Tribunal Supremo y diputados autonómicos ante los Tribunales Superiores de Justicia, serán estos tribunales los que decidan sobre la inhabilitación del político, cuando todos conocemos los intereses que se generan en esos estamentos, a esos niveles… Y además, ¿qué dirá el fiscal correspondiente? ¿qué postura tomará? porque si la Fiscalía, que actúa bajo dependencia jerárquica, pide la inhabilitación para un imputado de la oposición será acusado de parcialidad y actuar bajo criterios políticos, igual que si se opone a la inhabilitación de un miembro del partido del gobierno de turno. Vamos, un lío. Lo dicho, que creo que la idea del Sr. Gallardón, como la mayoría de las que tiene, es desacertada, está fuera de lugar y será inoperativa. Lo que se ha de hacer, dada la falta de principios y honorabilidad de la mayoría de nuestros políticos (incapaces de dimitir), es cesar de su cargo a cualquier político imputado, sin vuelta atrás. Así de fácil.