A veces, la aprobación de leyes por Decreto, traen más cosas que el descontento de aquellos que no las apoyan. Aunque ya de por si ése descontento tendría que valerles, las consecuencias a medio y largo plazo están ahí, acechando al mundo que decidió facilitarles las cosas.
Con los límites al principio de Justicia Universal, aprobado en el Congreso con la mayoría (absoluta(mente abusiva) del Gobierno, se consigue que los crímenes contra la humanidad, los genocidios y los crímenes extrafronterizos, puedan llegar a quedar impunes. Así, este límite es lo que separa la posibilidad de investigar injusticias contra los derechos humanos y la de hacerlo. Las torturas en Guantánamo, los genocidios en Guatemala o en el Tíbet o la muerte del cámara José Couso en Irak, entre otros muchos episodios devastadores, podrían ahora no seguir investigándose y, por tanto, no se depurarían jamás responsabilidades. Una delgada línea roja, asentada por acuerdos comerciales (maldito parné) que a partir de ahora puede marcar hasta dónde tiene potestad un juez español de investigar los crímenes que se cometen fuera de nuestras fronteras.
Y para INjusticia universal, la que se cometió ayer en nuestro Congreso. La reforma de la Ley del Aborto siguió adelante a pesar de los votos anónimos y en conciencia. Siguió adelante por decretazo, como la LOMCE, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Reforma Laboral. Porque debe ser que en nuestro país, Democracia es ir a votar a cuatro años y después “adiós muy buenas”. Pero usar ciertos temas para acercarse un poco a un electorado al que se ha estafado hasta decir basta sólo con fines populistas, es igual de repugnante que escuchar a ciertos políticos hablar con una vanalidad tan extrema de algo tan doloroso y delicado como el aborto. Y se me revuelven las tripas.
Algunos se jactan de decir que en su partido la gente puede votar lo que quiera, pero ayer nos valió la prueba de que no es así. Votar libremente porque el voto era anónimo, era darle la razón al PSOE, que es quien propuso que esta votación fuera así. Y, por favor, ¿cómo iba el Gobierno a ponerse de acuerdo con el PSOE para algo más que no fuera elegir al Consejo General del Poder Judicial?
Al igual que la ley del matrimonio homosexual no obliga a los que no quieran casarse con personas de su mismo sexo a hacerlo; la ley de plazos no obliga a las mujeres a abortar. Ambas leyes, incomparables pero complementarias, sientan unas bases de libertad para poder decidir como personas adultas y como ciudadanos libres. Ninguna de ellas obliga a nada a personas a los que lo uno o lo otro, les parece mal. Esta reforma de Gallardón, en cambio, prohíbe y pretende decidir por las mujeres.
Pero ya está bien del Estado paternalista. Si somos lo suficientemente inteligentes (o muy tontos) para poner a esos señores de traje, de un color o de otro, al frente del país, que nos consideren lo suficientemente inteligentes para aprobar leyes con nuestro consenso. ¿O es que eso no es Democracia?
Parece que hoy, más que nunca, la injusticia universal también es #MarcaEspaña.