Inseguridad jurídica

Fin del estado de alarma. Que no fin de la alarma en el Estado. Es más, yo diría que en estos días están saltando más alarmas que nunca: por un lado, tenemos la "tormenta Ayuso" que empezó barriendo el llamado cinturón rojo de Madrid y ahora tenemos el frente salpicando el sur de las Españas, con movimientos de primarias en las filas del PSOE andaluz.

Hasta dónde alcanzarán los coletazos de este fenómeno meteorológico es pronto para determinarlo, pero de momento la inestabilidad parece que ha llegado para quedarse con nosotros, al menos, una temporadita. Este desequilibro atmosférico se convierte en norma precisamente por la ausencia de ellas...

Hay un concepto básico que cualquier estudiante de primero de derecho mastica y rumia durante esos años de carrera en los que su pecho insufla ganas y convicción de mejorar el mundo: la separación de poderes. Este aboga por la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para ser detentados por órganos distintos e independientes entre sí. Esto significa, para que nos entendamos, que el parlamento legisla, el gobierno gobierna y los jueces enjuician. Suena sencillo, ¿verdad? Pues últimamente su práctica en nuestro país deja mucho que desear.

La tormenta que asola nuestras tierras parece que empieza a tornar ciclón cuando este pasado martes, el Gobierno se sacó de la chistera un decreto ley para que sea el Tribunal Supremo el que se encargue de resolver el caos administrativo y jurídico que aquellos no han sabido/querido regular y al que nos enfrentamos ahora que decae el estado de alarma. Como decía hace unos días uno de los magistrados del Alto Tribunal, no le corresponde al poder judicial adoptar la figura de copartícipe ejecutivo en la adopción de medidas administrativas, pero qué sabrán ellos. Hay que trabajar por la causa y arrimar el hombro, como todo buen ciudadano. Hachazo a la división de poderes. Otra vez.

¿Y no hubiera sido más fácil y acorde con el principio de seguridad jurídica el regular por ley las condiciones derivadas del fin del estado de alarma? ¿No hubiera sido más procedente y garantista el dotar a las comunidades autónomas de un marco legal estatal susceptible de modularse con las particularidades del derecho autonómico? Cuando terminó el primer estado de alarma, allá por junio del año pasado, la inacción del legislativo y del ejecutivo en estos términos podía ser justificable en razón a la falta de tiempo y previsión de una pandemia que a todos nos cogió con el pie cambiado. Pero hoy esa excusa es inadmisible. Una burla macabra de desprecio al poder judicial y a la inteligencia de todos los ciudadanos; hartos ya de que se nos trate como analfabetos funcionales.

La triste realidad es que Sánchez y cía. ya vencieron a la pandemia el verano pasado, como bien nos predicaba en sus bolivarianos mítines semanales. Y otra cosa no, pero este señor es coherente. Superada su crisis - que no la del resto de españoles -, desde entonces, no ha hecho otra cosa que esconderse, primero, en una supuesta "cogobernanza" con las Comunidades Autónomas; y ahora, visto cómo las pintan en Madrid, enmarronando al poder judicial con tal de que su imagen no siga deteriorándose.

El panorama que nos queda es propio de una obra de arte cubista: el toque de queda es avalado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero no por sus colegas en Canarias. Tampoco han ratificado las medidas propuestas los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Unos mismos derechos fundamentales y un mosaico irregular de medidas. No importa, hemos conseguido "empoderar" al Tribunal Supremo y sus magistrados nos sacarán del atolladero, aunque Montesquieu se revuelva en su tumba.