Insólito cambio de Gobierno

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Por primera vez en democracia, se produce un cambio de Gobierno en España a causa de una exitosa moción de censura que contó con el apoyo de casi toda la oposición. Hasta los radicales antisistema pero con representación parlamentaria, los independentistas, los nacionalistas y la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia se conjugaron para unir sus votos a la moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y derribar el Gobierno de Mariano Rajoy y, cosa unida a la otra, aprobar la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como nuevo presidente del Gobierno. Una operación insólita por inesperada que ya en el año 2015 resultó infructuosa pero que una sentencia judicial ha hecho posible ahora al declarar probado que el Partido Popular (PP), dirigido por Rajoy, y la trama Gürtel de corrupción, encabezada por Francisco Correa, “crearon un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.

Una vez dictada esa sentencia que señalaba al PP y no daba credibilidad al testimonio de Mariano Rajoy, nadie en el hemiciclo de San Jerónimo quería sostener al Gobierno de un partido político condenado por corrupción, hecho éste de verdad insólito, aun lo fuera a título lucrativo. Y es que son tantos los casos de rapiña y corrupción que afectan de una forma u otra al PP, que la puntilla del veredicto del caso Gürtel venía a poner punto y final a tanta impunidad y descaro. Ya no cabían más excusas ni condescendencias de mirar hacia otro lado. Los populares se convirtieron en los “apestados” del Congreso de los Diputados a los que nadie, salvo Ciudadanos -el grupo que apoyó la investidura de Rajoy con la abstención del PSOE, en 2016-, ha querido tender la mano para impedir la defenestración de Rajoy. La legislatura ya había comenzado convulsa y ha acabado en un estertor precipitado y letal. El nuevo Gobierno que debe rematarla cuando convoque nuevas elecciones, breve por definición e interesante por la pluralidad de quienes lo hacen plausible, despierta muchas incógnitas.

Rajoy felicita a Pedro Sánchez

Las expectativas son dispares y hasta opuestas. Hay quienes consideran este nuevo período de apocalíptico, sobre todo si alinean sus simpatías con los que han perdido el Gobierno o pertenecen a los estamentos sociales mejor tratados por aquel. Banqueros, empresarios, clases acomodadas y detentadores de capital en general, beneficiarios de la política económica neoliberal, la desregulación del mercado y la reforma laboral -lesiva para los trabajadores-, que implementó Rajoy con afán austericida, han manifestado su temor por el acceso al poder de la izquierda, como si el PSOE representara un cuestionamiento del Sistema y no la simple modulación de sus aristas más agudas e injustas. Ni contando con el apoyo incondicional de las formaciones más radicales con representación parlamentaria, los socialistas –y menos en esta coyuntura temporal- ejercerán un Gobierno que rompa en lo sustancial los compromisos de España con Europa, el sistema financiero, el orden económico o la orientación de su política exterior. Tampoco se apartarán de la legalidad constitucional del Estado ni del diseño territorial del país, por mucho que Bildu, PNV, ERC, PDdeCat o Podemos, cuyos votos favorecieron la formación del nuevo Gobierno, insistan en proponer iniciativas proclives a reconocer un inexistente “derecho a decidir” sobre alguna utópica independencia de ninguna región que atente contra la unidad de España. Todo diálogo al respecto, lo único ofrecido por Pedro Sánchez durante su investidura, se limitará a ofrecer respuesta política a problemas políticos en el marco de la ley, dentro de su obligación de hacer que ésta se cumpla y se respete, además de evitar judicializar aun más el ejercicio de la acción política, incluso para desandar actitudes intransigentes del pasado y enmendar enfrentamientos estériles.
Será la política social la que acapare la atención de un PSOE dedicado a ganarse el beneplácito de las capas de población perjudicadas por los recortes de Rajoy en servicios públicos básicos (sanidad, dependencia, prestaciones por desempleo, pensiones, etc.), la limitación de derechos (ley mordaza, etc.) y demás políticas sectarias (educación, aborto, etc.) que han empobrecido a las clases medias y trabajadoras, y han fomentado la desigualdad entre los ciudadanos. Muchas de estas medidas sociales son fáciles de materializar porque ya contaban con el refrendo parlamentario suficiente, sin que supongan un incremento insostenible del gasto. Otras, en cambio, requieren mecanismos que compensen o anulen la desviación del déficit que podría acarrear, como ligar la subida de las pensiones al IPC, la universalización de la sanidad a toda la población, incluyendo a los inmigrantes, mejoras para los funcionarios o ampliar la protección a los desempleados, entre ellas.

La reforma laboral y la financiación autonómica requerirán un complejo trabajo de filigrana para hilvanar posturas de unos y otros en torno a acuerdos de mínimos que hagan posible la disminución de la precariedad e inestabilidad en el mercado laboral, por un lado, y satisfacer las aspiraciones más urgentes de unas comunidades autonomías que han visto mermados drásticamente sus recursos durante los últimos diez años, por otro lado. Y todo ello, sin renunciar a la “estabilidad presupuestaria y macroeconómica” a que se comprometió el reino de España con Bruselas.

Los presidentes de Ucrania y España

Por insólito que parezca, el cambio de Gobierno producido en España no es ninguna excepcionalidad en las reglas democráticas al uso en cualquier país civilizado ni una catástrofe apocalíptica que perjudique los intereses generales de la Nación. Es, por el contrario, la “norma” en democracias consolidadas, en las que la representación política es plural o fragmentada. Los gobiernos de coalición o de minorías parlamentarias que se agrupan para consolidar un apoyo mayoritario, incluso entre formaciones incompatibles, es lo común en Europa frente a esas mayorías absolutas a que estábamos acostumbrados en nuestro país. Gobiernos multicolor –y no “frankenstein”- hay por doquier en Europa, Portugal es uno de ellos, sin que se rompa el país ni necesariamente les vaya mal. Antes al contrario, obligan al diálogo, al consenso y a practicar una política de acuerdos en los que nadie está en posesión de la verdad ni ejerce la exclusividad del patriotismo. La insólita normalidad del gobierno socialista de Pedro Sánchez, asumido tras una moción de censura y sin que el presidente sea diputado del Congreso, deberá acostumbrarnos a que en democracia, máxime si es reflejo de la pluralidad de la sociedad, todas las combinaciones partidistas son posibles, democráticas y, la mayoría de las veces, beneficiosas para el país, pues evitan el “ahormamiento” ideológico al que propenden los gobiernos monocolor.
Con un gobierno volcado en lo social, como parece que será el nuevo Ejecutivo socialista español, simplemente cambian las prioridades para repartir más equitativamente los beneficios de la recuperación económica y, por supuesto, los sacrificios que supuso la pasada crisis financiera. Y que ello atemorice a quienes hasta la fecha han acaparado privilegios no significa otra cosa que el rumbo elegido es el adecuado. Con que no roben ni caigan en la corrupción, ya salimos ganando.