Said Lachhab, el primer supuesto yihadista retornado a Euskadi que fue detenido la pasada semana en Vitoria, estuvo cobrando de forma irregular durante los últimos meses cerca de 1.800 euros mensuales. Una cantidad que se deduce de sumar las distintas ayudas sociales que percibía al encontrarse en riesgo de exclusión social (Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de la Vivienda) con el dinero que ingresó durante al menos tres meses de una mutua por una baja laboral. Retribuciones que son irregulares en la medida en que, según la normativa de Lanbide, el Servicio vasco de Empleo, un ciudadano no puede percibir este tipo de prestaciones sociales mientras cobra cierta cantidad de dinero por una baja laboral.
Lachhab, ciudadano marroquí de 41 años residente en el barrio Judizmendi de Vitoria, fue arrestado la pasada semana por la Policía Nacional en una de las primeras detenciones que se produce en España contra uno de los denominados retornados, como se conoce a los radicales islamistas que viajaron a combatir a las guerras de Siria e Irak.
Mientras los españoles sin recursos duermen en cajeros -que ahora les cierran algunas entidades-, los terroristas perciben ayudas sociales por encontrarse en riesgo de “exclusión social”.
Somos gilipollas.
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