Irresponsabilidad publica.

Uno de los principales problemas de este país, y probablemente el principal y más grave es una Administración Pública absolutamente desastrosa, en la que las cosas bien hechas se cuentan con los dedos de una sola mano y los desastres son la inmensa mayoría.

En mi opinión la principal causa de este desastre administrativo está en el concepto de responsabilidad, totalmente ausente entre los políticos y altos funcionarios que manejan nuestra Administración Pública. Pueden cometer inmensos errores, gestiones catastróficas, operaciones que vacían sin justificación las arcas públicas, corruptelas e incluso corrupción, y en la mayoría de los casos nadie va a exigirles la más mínima responsabilidad y podrán continuar su carrera política como si no hubiese ocurrido nada e incluso continuar su ascenso en el escalafón.

Son muchos los políticos y altos funcionarios que tienen en su expediente inmensas manchas de gestión desastrosa, corruptelas e incluso corrupción y sin embargo continúan en sus puestos e incluso mejoran su posición cuando en cualquier país serio habrían dimitido o sido cesados y su carrera política habría pasado por muy serias dificultades.

Si se repasan los gobiernos de España se puede comprobar la nula exigencia de responsabilidades que caracteriza la gestión pública de este país.

Recientemente se publicó la siguiente foto del tercer gobierno de Aznar en el que los ministros que han resultado imputados en procesos judiciales están marcados por un círculo del que solo se salvan tres, y de ellos más de uno ha rozado la condena a prisión y uno de ellos Jaume Matas fue condenado a varios años de prisión de los que por lo que sé solo ha cumplido unos días y como premio su condena se redujo de años a meses.

De Rodrigo Rato no hace falta decir nada porque es público y notorio (como dice Cospedal) que a pesar de todos los pesares continua en libertad y con despacho abierto en Madrid. Al cabo de unos años y siguiendo la tradición familiar la esposa de Aznar, Ana Botella desde el Ayuntamiento de Madrid y como Alcaldesa vendió, a precio de saldo, varios bloques de viviendas sociales a fondos buitres y su hijo por casualidad y coincidiendo con la transacción obtuvo un enorme beneficio. Por supuesto nunca se ha investigado nada, ni del gobierno Aznar, Zapatero o Rajoy.

Del gobierno Rajoy no creo que nadie dude de que la exigencia de responsabilidades no saben ni que existe. Aparte el ministro Soria pillado con cuentas en paraísos fiscales que una vez dimitido tenía escolta, dos coches oficiales y un sueldo que haría feliz a cualquier español de a pie, una operación de verdadera cloaca pública del ministro del interior  Fernández Díaz junto con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso construyendo montajes falsos contra políticos catalanistas, que en cualquier país serio hubiese provocado el cese y procesamiento de varios altos funcionarios y ministros y hubiese puesto en peligro la continuidad del gobierno, aquí no ocurrió NADA de NADA y los dos principales responsables siguen el ministro con sus privilegios e ingresos de ex ministro y de Alfonso continúa su carrera como si nada hubiese ocurrido. La lista de irresponsabilidades impunes durante el gobierno Rajoy sería muy larga, hasta que un fallo judicial más que benevolente referido a la corrupción del PP acabó con su gobierno.

Esta misma semana Pedro Sánchez ha anunciado la composición de su gobierno en la que hay varios ejemplos de la nula importancia que tienen en este país las eventuales responsabilidades a la hora de asignar cargos políticos.  Empezando por Borrell que no solo se embolsó una fortuna en Abengoa y fue uno de los que falsearon sus cuentas aunque una Juez del Tribunal Supremo que por casualidad se apellida Lamela archivó el caso sin exigir responsabilidades sino  que hizo algo muy gordo que todo el mundo ha olvidado. Entre 1984 y 1991, siendo Secretario de Estado de Hacienda bajo la presidencia de Felipe González se modificó la Ley General Tributaria por Ley 10/1985 que Borrell pretendió aplicar anulando uno de los principios fundamentales de todos los ordenamientos jurídicos de la historia en que el acusado no era inocente hasta que se demuestre su culpabilidad sino que era culpable por el mero hecho de ser acusado por hacienda dando a las actas de inspección de Hacienda carácter probatorio y el acusado tenía que demostrar su inocencia, hasta que el TC determinó el 27 de Abril 1990 que las actas de Hacienda  “no tienen una veracidad absoluta e indiscutible”.

Teresa Ribera, la nueva ministra de Medio Ambiente es una de los responsables del regalo a Florentino Pérez en el proyecto Castor y de un estudio de impacto ambiental que lo podía haber escrito cualquier clase de párvulos del país. También es responsable de la autorización del proyecto de extracción y almacenamiento de gas en el parque de Doñana. María Jesús Montero es la nueva ministra de Hacienda que fue nada menos que consejera del gobierno Chaves del PSOE andaluz, donde se gestó el escándalo de los ERO el segundo en importancia después de la montaña de corrupción del PP.

Curiosamente, después de atacar con furia y de manera desproporcionada a Quim Torra por sus artículos Pedro Sánchez nombra ministro nada menos que de Cultura a Maxim Huerta, personaje importante de la tele basura, que en sus escritos y tuits se ha hecho sus necesidades fisiológicas sobre un montón de gente desde soberanistas catalanes a preguntarse porque hay tanto negro en Francia, aunque en este caso los españoles tenemos que agradecerle a Dios que la cosa no haya ido a peor porque una de las razones que Sánchez dio para su nombramiento es que ha escrito seis libros, y no podemos olvidar que Belén Esteban el principal personaje de la tele basura, ha escrito también varios libros que además en su caso han sido best sellers durante meses y por lo tanto también reunía las condiciones para ser ministra de Cultura.

En fin, solo cabe esperar que nuestros políticos y altos funcionarios algún día se enteren de que existe un concepto denominado responsabilidad que en los países serios se aplica con cierta dureza a políticos y altos funcionarios mientras en la Administración Pública en España nadie sabe que es y cómo se come.