El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, dio a conocer este martes información oficial que demuestra que desde 1995 hasta 2015, se han firmado 1.229 convenios entre el ministerio de Defensa y empresas mineras, de hidrocarburos e hidroeléctricas.
De acuerdo al congresista, se calcula que 68.255 miembros de la Fuerza Pública hacen parte de las unidades dispuestas para estos convenios, que según él, contienen elementos de privatización de las Fuerzas del Estado.
El congresista destacó su preocupación por la celebración de convenios que involucran a los batallones que cuentan con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Hizo énfasis en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Entre 2005 y 2007, Torres estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 víctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando.
En el debate se denunció el presunto seguimiento ilegal de la empresa Metapetroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) a organizaciones sociales en el año 2013. Se presentó una bitácora que realizó uno de los empleados de la empresa, en la cual consta la infiltración en varias reuniones y seguimientos a líderes sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio ético” contra la empresa que se llevó a cabo entre el 11 y 12 de julio de 2013.
El legislador advirtió que en un escenario de posconflicto armado no tiene ningún sustento jurídico la realización de este tipo de convenios que llevan a la privatización de la fuerza pública y recomendó que se haga un estricto control político y ciudadano a estos contratos. En consecuencia, le solicitó al ministerio de la Defensa que aclare por qué se le da carácter confidencial a estos convenios y le pidió a la Contraloría la realización de un control directo a la ejecución de los mismos.
Del mismo modo, Cepeda le solicitó a la Comisión Segunda de Senado que remita el contenido del debate a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se tenga como información para las investigaciones que se adelantan por ejecuciones extrajudiciales.
Via:: Colombia
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