En sus crónicas sobre los inicios de la II República cuenta Josep Plá que nada más proclamarse el régimen la gente se reunía en corrillos, tranquila, pacífica y algo desorientada, hasta que un grupo de rillotes madrileños decidió quemar una iglesia en la Gran Vía.
La policía no actuó, por lo que otros ampliaron los desmanes: un sistema destinado a crear libertad y progreso, y que lo logró en alguna medida, nacía viciado por la ausencia de autoridad.
Enseguida brotaron jaurías y linchadores de todo signo, que es lo que aparece en las anarquías.
Volvemos a vivir lejanamente situaciones que podrían llevar a aquellos días de abril de 1931, y esta vez no sólo por la actuación espontánea de piquetes violentos, sino porque algunos jueces aprueban y alientan sus desmanes.
El Tribunal Superior de Andalucía acaba de aprobar en sentencia el chantaje, intimidación y malos tratos de unos sindicalistas y el diputado comunista Sánchez Gordillo, a las trabajadoras de un Mercadona, en Estepona, Sevilla, porque “actuaron sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física".
Aquellas escenas de pillaje y violencia fueron vistas en las televisiones de todo el mundo, pero para el tribunal “no excedieron los límites constitucionalmente garantizados a la libertad sindical, que permite la presencia en grupo en establecimientos donde sus trabajadores no secunden la huelga".
El todo vale, mientras reaparecen las partidas de linchadores vocacionales acosando a los militantes del PP, como en 2004, alentados por el “Pásalo” del PSOE.
Ponen una bomba en la catedral de Madrid, jaurías de ultraizquierdistas “antisistema” se apoderan de barrios enteros de las ciudades, invitando a que aparezcan chusmas fascistas a combatirlos, y entonces alguien preguntará, parafraseando Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa, “¿En qué momento se jodió España?”
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