A mediados del siglo XIX, decayendo ya la época del clasicismo, un pensador como John Stuart Mill tuvo la capacidad de articular un ideario liberal imbuido de conceptos tan modernos como el de la justicia social o la equidad. Mill sería recordado por marcar un punto de inflexión en la historia del pensamiento, partiendo de un utilitarismo clásico para madurar hacia una visión demócrata y progresista, señalando prematuramente la dirección en la que avanzaría Europa. Y es importante atestiguar la importancia que tuvieron claras influencias socialistas (especialmente la de Fourier) en su compleja transición ideológica.
No es casualidad que el socialismo jugara un rol importante como componente ideológico del avanzado pensamiento de este filósofo. Adelantado a sus coetáneos, Mill supo ver el acierto de las preguntas que planteaban los socialistas, abriendo puertas esenciales hacia el progreso. Fue a partir de las reflexiones que suscitaron en él que asumió la necesidad de que, en una sociedad moderna, todos los ciudadanos pudieran participar en régimen de igualdad, y comprendió que para ello sería necesario reformar profundamente el orden liberal y promover su compatibilidad con la justicia social, en una línea claramente precursora de muchos rasgos importantes de la socialdemocracia. De esta serie de ideas acabaría derivándose la importancia de la educación, entendida como un derecho fundamental al que todos los ciudadanos debían tener igualdad de acceso. Mill fue de los primeros pensadores en comprender el poder transformador de la educación; la educación entendida como ariete de la madurez democrática y del bienestar social.
Es interesante analizar el sistema educativo de España y Cataluña en el marco del pensamiento de este autor inglés. Seguramente lo primero que señalaría Mill es que no es coincidencia alguna que un país con una calidad democrática degradada tenga de fondo, precisamente, el contexto de un panorama educativo desalentador. En concreto, quiero destacar aquí una anomalía de nuestra situación en relación al contexto del resto de países de la Unión Europea: la forma desproporcionada de nuestra estructura educacional; pues, mientras que lo natural en Europa es presentar una estructura equilibrada (una media alta de personas con formación de nivel medio, con menor concentración hacia los extremos de formación de nivel alto y bajo), nuestro país presenta una estructura desequilibrada (una media reducida de personas con formación de nivel medio, con mayor concentración hacia los extremos).

Analicemos las implicaciones de la estructura desajustada que presenta nuestro país. Lo primero es destacar lo alarmante que es contar con cerca de la mitad de la población adulta por debajo del nivel 3 de la escala homologada de nivel de estudios, impropio de un país occidental avanzado. Lo segundo es subrayar el peligro de contar con una masa poblacional de nivel medio tan escasa, de apenas un cuarto de la población, tensada hacia los extremos a raíz del contexto especialmente frágil de una España que presenta dos circunstancias que, aunadas, agravan la situación actual: la desigualdad y la recesión económica. Esto, en conjunción con unos niveles altísimos de desempleo (especialmente juvenil, que roza actualmente el 46%), presenta el retrato de un compendio de fatalidades estructurales y coyunturales, y destapa los riesgos de tener una estructura educacional tan desequilibrada. Y, por último, el hecho de que haya más población en la franja de nivel alto que en la de nivel medio no es buena noticia en nuestro país: tal vez sería razonable en un país como Bélgica o Luxemburgo, pero en España es claro indicador de una burbuja formativa y un desajuste en relación a la realidad laboral (muy relacionado todo ello con las deficiencias del nivel de calidad educativo). Si nos atrevemos a hacer una superposición socioeconómica sobre estos datos, no es difícil imaginar las perspectivas negativas que presenta de cara al fortalecimiento de una clase media que sustente la recuperación económica.
El problema es evidente: las deficiencias del sistema educativo español, además de otras circunstancias de naturaleza principalmente económica, han llevado a una desestructuración que sólo admite recetas a medio y largo plazo. Es probable que Mill viera esta situación como un peligro para el saludable funcionamiento de la maquinaria democrática, y creo que le bastaría con unos pocos datos sobre la situación económica, el nivel de corrupción y la degradación institucional en nuestro país para corroborarlo. Aunque la solución no sea sencilla ni monocromática, mi intención en este artículo va a ser defender la importancia de la mejora de la Formación Profesional como una de las líneas de trabajo esenciales para paliar los déficits educativos que lastran a nuestro país.
La Formación Profesional ha sido el eterno foco de la discordia en nuestro sistema educativo, lastrada por la ineficiencia, la falta de innovación, la mala gestión, el presupuesto insuficiente y un estigma social construido durante décadas, todo ello agravado por sucesivas reformas que han traído cierto progreso, aunque insuficiente (y que, a raíz de la crisis, se han vuelto en contra del sistema por el efecto regresivo de las reducciones presupuestarias). Y todo ello ha contribuido a que se ocultara demasiado esta cuestión de los focos del debate político.
Evitando las microrreformas que la burocracia suele acabar absorbiendo, una de las reformas valientes que necesita nuestro país, y en concreto para reordenar y mejorar su estructura educacional, es hacer de la FP un vector estratégico de la política educativa: tras el porcentaje altísimo de población con estudios de nivel bajo está la desigualdad, el fracaso escolar, la escasa colaboración con agentes económicos y sociales, las dificultades de conciliación, el sistema anquilosado de becas, la ruptura del ciclo educativo… En definitiva, un cúmulo de circunstancias que obstruyen la continuidad de los estudios para los jóvenes y que estancan su nivel de estudios al entrar en el mercado laboral. Hablamos de una serie de causas que explican dos problemas estructurales: los déficits de continuidad educativa y de reinserción educativa.
Para ambos la FP ofrece respuestas que otras opciones educativas no proporcionan. Por un lado, es evidente que potenciar la FP (no solamente incrementar presupuestos, que es lo que se suele hacer en materia educativa, sino enfocar mejor los recursos existentes) sería una forma de canalizar la masa poblacional joven entre los niveles 0 y 2 de estudios hacia la zona media de la tabla: la mayoría son personas que o bien dejaron el colegio para trabajar (sobre todo en la construcción, durante la época de bonanza) o bien no pueden permitirse continuar estudiando sin tener ingresos. Por otro lado, la estructura y duración de los estudios de FP permiten una permeabilidad mucho mayor con los sectores poblacionales activos o de edad adulta, permitiéndoles enfocarse en poco tiempo hacia determinados oficios o especialidades. No obstante, la baja consideración social y laboral de estos estudios influye en que se descarten erróneamente como opción de futuro.
La FP debe ser la receta que canalice la potencialidad del sistema educativo para encararlo a la igualdad de oportunidades y para corregir sus tendencias regresivas. Es la respuesta al vacío que se abre para muchos jóvenes tras la educación obligatoria, y también al estancamiento formativo de muchos adultos necesitados de formación específica en un entorno económico cada vez más competitivo y cambiante. Por todo ello, considero que debe ser la pieza clave para reordenar la maltrecha estructura educativa de nuestro país.
Para abordar todas estas cuestiones, problemáticas centrales del sistema educativo y del mercado laboral, querría proponer una serie de líneas de trabajo:
- Incrementar y diversificar la oferta formativa. Además de incrementar en términos generales la oferta de FP, se debe potenciar la innovación vía la creación de nuevas titulaciones que atiendan a las demandas laborales de sectores emergentes. Esto, a su vez, haría que las empresas tuviesen más interés en colaborar si percibieran la FP como una fuente de innovación a través de la que canalizar las necesidades cambiantes de los diferentes sectores.
- Fomentar la movilidad internacional de los estudiantes de FP. Aunque sea costoso y tal vez se antoje innecesario, la movilidad internacional tiene dos ventajas muy importantes: por un lado aporta contenidos lingüísticos y experiencias valiosas a la formación, y por otro contribuye a dotarla de mayor reconocimiento laboral y atractivo social.
- Mejorar la conexión entre la FP y las demás opciones educativas. Es necesario flexibilizar el sistema de manera que permita un tránsito más fluido entre diferentes niveles de FP y también entre diferentes niveles educativos (Bachillerato y universidad), para así contrarrestar la interrupción del ciclo educativo entre los jóvenes y para presentar la FP como un eslabón con continuidad y oportunidades reales de posterior formación.
- Mejorar la conexión entre la FP y el mercado laboral y las empresas. Conviene promover una mayor cooperación entre las administraciones, las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales. Cabe atender a las necesidades y oportunidades de sectores emergentes, excesos de demanda o de oferta, etc., realizando estudios de tendencias para adaptar la oferta formativa. Es recomendable también la firma de convenios específicos con empresas españolas y europeas para potenciar la FP dual.
- Promocionar la FP como opción educativa de calidad. Debe actuar como un espectro formativo flexible y versátil que canalice las necesidades educativas de aquellos alumnos que encuentren en la Formación Profesional su mejor opción para avanzar hacia el mercado laboral o hacia posteriores estudios. Es especialmente importante tomar medidas concretas para combatir el estigma social de la FP y para reducir los niveles de abandono prematuro de los estudios.
- Avanzar en el proceso de digitalización de la oferta formativa. Es necesario asegurar que la oferta de FP a distancia sea de calidad, elimine tantas barreras al estudio como sea posible y permita la conciliación laboral y familiar.
Aun a sabiendas de que estas medidas no solventarían plenamente la desestructuración educativa en nuestro país, dado que depende de muchos otros factores sobre los que es difícil incidir, estoy convencido de que estas líneas generales marcan un buen punto de partida para abordar este elemento clave en el proceso de regeneración educativa. Y más aún cuando este desajuste no solamente es regresivo en términos sociopolíticos, sino que además lo es en términos económicos: los datos del reciente informe elaborado por PIMEC (Formación y ocupación en Cataluña y comparativa con algunos países europeos, mayo 2016) revelan que las empresas catalanas están demandando un 16% más de perfiles de formación técnica intermedia este año, al tiempo que se detecta un problema de sobrecualificación, con alrededor del 14% de exceso de perfiles universitarios que acaban realizando trabajos de menor cualificación (a pesar de centrarse exclusivamente en Cataluña, me parece representativo del panorama español si se contrasta con datos de otros informes, como por ejemplo del Banco de España —en especial, el Boletín de marzo de 2014— o de fuentes universitarias y fundaciones —véanse los informes de la Fundación FOESSA—, pero he cogido éste de PIMEC por ser el más reciente). Esto contrasta con datos de otros países de nuestro entorno económico, como es el caso de Alemania, en que se da por el contrario una cantidad relativa mucho mayor de perfiles profesionales medios, con alrededor de un 10% de exceso en relación a la demanda de las empresas. Los ciudadanos, no obstante, no son ajenos a esta tendencia: en el conjunto de España se ha incrementado considerablemente la demanda de FP, aun sin ser suficiente. Las perspectivas pueden alentar a creer en la FP como vía para paliar, asimismo, lastres históricos del mercado laboral catalán y español en general, como son el exceso de temporalidad y de desempleo friccional.
Las cifras son esclarecedoras: mientras el 36,5% de los puestos de trabajo de las compañías se encuentran en la franja de perfiles medios, la oferta laboral es solamente de un 22,8%. La comparativa internacional con países similares a las dimensiones y riqueza de Cataluña (Bélgica, Noruega, Austria y Suiza) demuestra que estamos muy por debajo de la media de cerca de un 44% de población con perfiles medios, con una media de demanda laboral del 38,8% respectivamente. A pesar de la aprobación en 2015 de una ley catalana para regular la FP, los avances en su mejora no han sido sustanciales, principalmente por no haberse desplegado plenamente. A nivel nacional, los datos indican que es muy probable que en 2020 la mitad de los empleos requieran una titulación media, requiriendo una titulación superior solamente el 35% de empleos.
En cambio, también es cierto que en España contamos con una isla de excelencia en la materia, que debería ser reivindicada en algunos aspectos como modelo a estudiar para ejemplificar una forma más ambiciosa de implantar la FP: Euskadi, donde se ha llegado al punto de englobar en la FP a cerca del 50% de los estudiantes de la etapa postobligatoria. En Euskadi, por ejemplo, se anticipó el peligro de especializar excesivamente a alumnos de FP dual (un problema habitual en Alemania, por ejemplo), y se ampliaron las horas de docencia para garantizar su movilidad laboral en un mismo sector.
Si este desajuste educativo no concuerda con el contexto, ni con las necesidades de la población, ni con las demandas del mercado, ¿qué impediría una reforma valiente que recolocase la FP en la posición de relevancia que le corresponde? De igual forma que Mill necesitó de las herramientas conceptuales del socialismo para labrar un liberalismo dotado de sentido de la equidad, superando el simplismo originario de su pensamiento, considero que también nuestra política educativa peca de una estrategia demasiado simplista, que requiere recuperar el punto de vista socialista como criterio de igualdad. Pues no se trata meramente de atender a las demandas del mercado (que aquí he presentado como corroboración, no justificación), pues eso sería regresivo y contraproducente, sino de elevar los niveles educativos para que el propio mercado se reordene reconociendo a largo plazo el renovado potencial nacional, adecuándose al contexto europeo y corrigiendo el exceso de perfiles de nivel bajo. Desde una perspectiva puramente liberal, sobran universitarios y faltan cuadros medios; desde una perspectiva socialdemócrata, sobran universitarios que realizan tareas de cualificación inferior y que por tanto desaprovechan sus capacidades, mientras que hay un exceso de perfiles bajos que, de ser impulsados hacia un nivel medio, permitirían reordenar estos desajustes. Desde una perspectiva puramente liberal, el sistema educativo debe estructurarse autónomamente, ergo ajustándose a las necesidades del mercado, restringiendo en función de ellas las oportunidades educativas de la población; desde una perspectiva socialdemócrata, el sistema educativo debe estructurarse de forma que atienda a las necesidades poblacionales, elevando la calidad de la enseñanza a todos los niveles para que los ciudadanos quieran invertir el tiempo necesario en su educación y, a su vez, el mercado reconozca cambios de progreso que lo hagan reajustar su demanda para absorber los perfiles de mayor calidad, ofertando ocupaciones de mayor nivel que ahora se encuentran concentradas en otros países, en vez de rebajar las expectativas laborales de la gente a puestos de cualificaciones inferiores; se trata de presionar hacia arriba, no de resignarse hacia abajo. Y para conseguir todo ello, la FP, abordada desde una óptica renovada, es un elemento imprescindible que conducirá a una estructura educacional más equilibrada, no solamente enfocada a la eficiencia o la utilidad, sino sobre todo a la equidad.
De la misma forma que Mill previó la importancia de la educación universal como pilar indispensable en el fortalecimiento de un sistema democrático, y continuando en su línea progresivamente igualitaria, podemos ver que sigue habiendo mucho trabajo por hacer para afianzarlo, entendiendo que la universalidad no solamente comporta acceso, sino que a día de hoy también debe implicar equilibrio, flexibilidad y garantías más amplias. Es por ello que creo que Mill estaría de acuerdo en señalar la FP como eje prioritario para futuras reformas en nuestro país, avanzando un eslabón más hacia la democracia verdadera que él quiso proyectar, conectando con su aspiración de construir el «Estado estacionario», constante y saciado en crecimiento económico pero centrado en el ansia de crecimiento social, político e incluso moral.
Publicado en el Boletín del 14 de junio del PSC.