José Arled Muñoz Giraldo, de 54 años, era un líder a carta cabal. Pese a los tropiezos que soportó en su vida, nunca desfalleció. Nació en Versalles (Valle), pero se crió entre Belén de Umbría y Anserma. En el 2002 salió desplazado por las Auc de estas zonas de Caldas y Risaralda, donde alcanzó a vivir unos 30 años. Manejaba un yip de servicio particular. El 12 de enero de ese año lo atacaron a bala mientras hacía un pare. El sicario se le acercó al vehículo y le disparó. Perdió su ojo izquierdo y sobrevivió de milagro.
Por esa situación se tuvo que ir para Tuluá a desempeñarse como comerciante. “Entre el 2016 y el 2017 hizo parte de la Mesa Municipal de Víctimas y era fiscal de la Fundación Afros Unidos por el Pacífico. Hace una semana lo empezaron a amenazar por defender los subsidios que les daban a las víctimas desplazados de la violencia y con discapacidad”, explicó una hermana que labora en Caldas.
El miércoles lo asesinaron. A raíz de su trabajo social empezó a reportar diferentes amenazas en contra de su vida, la más reciente desde hace una semana cuando recibió una llamada intimidante donde le pedían que abandonara la ciudad.
Lo mataron en las afueras de un establecimiento comercial de su propiedad, hasta donde llegaron los sicarios para dispararle.
“Deja dos hijos. Se nos fue un excelente hermano, hijo y padre. Muy dedicado a su trabajo, sufría mucho por lo de su ojo. No alcanzó el encuentro familiar que teníamos programado para julio en Pereira”, anotó la hermana. Al tiempo, dijo que exigen justicia y más preocupación del Gobierno por lo que está pasando con los líderes sociales del país.
Ernesto Cortés, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá, expresó que Muñoz Giraldo manifestó temor al seguir trabajando y defendiendo los derechos de las víctimas del conflicto.
“Pese a las llamadas amenazantes, nunca requirió esquema de seguridad y tampoco denunció ante las autoridades, por temor a las represalias que pudieran tomar. Otros integrantes de la mesa hemos sido amenazados. Los casos se revisan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo”, explicó.
Fuente LA PATRIA
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