El Bufete Almodóvar & Jara hemos presentado alegaciones a la inadmisión a trámite del recurso de casación ante el Tribunal Supremo del caso de la muerte de Juan Santos, enfermo de lupus que participaba en un ensayo clínico de AstraZeneca con un nuevo medicamento. Sucedió en el hospital de Mérida (Extremadura, España). Pero como no se hizo autopsia no se pudo -ni quiso- demostrarlo.
Este recurso que presentamos es de enorme trascendencia en la defensa de los derechos de las personas que se someten a ensayos clínicos. Las resoluciones judiciales recurridas están avalando que, en la práctica, los promotores de ensayos clínicos -los laboratorios farmacéuticos– no respondan nunca ante un daño producido a consecuencia del ensayo clínico.
Juan Santos Sierra con su mujer e hijo en Almendralejo (Badajoz) de donde era.
A la familia de Juan se le impidió conocer las causas reales de la muerte pues no se le realizó la pertinente autopsia que hubiera aclarado lo que sucedió durante la prueba clínica del medicamento sifalimumab.
La realización de una autopsia es imprescindible cuando una persona fallece durante un ensayo clínico.
Y es el promotor quien tiene las herramientas y el conocimiento, amén de la obligación legal, de promover la autopsia y conocer la verdad.
También demostramos que el consentimiento informado que le hicieron firmar al fallecido es erróneo, pues no contempla que si el paciente está en el grupo que recibe placebo, en vez del de principio activo del medicamento, el seguro obligatorio cubra el riesgo de muerte.
Además, hubo errores de bulto en la comunicación de acontecimientos adversos durante el ensayo. Probamos que AstraZeneca controla toda la cadena de información del producto permaneciendo la misma en secreto.
Al no aportarnos las muestras biológicas del fallecido e impedir la realización de una autopsia no nos permitieron realizar una investigación independiente.
Así no podemos saber si hubo o no error en algún momento en la cadena de custodia de los compuestos. Nosotros, insistimos, nos basamos en que sin autopsia no hay prueba.
¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos sometidos a ensayos clínicos? Se les da una apariencia falsa de seguridad y protección. Y luego, si fallecen se les deja tirados.
Nos bloquearon el acceso de los datos personales de nuestro defendido.
Ahora resulta que los jueces obligan a la familia a realizar autopsia cuando debe estar contemplado en el protocolo y consentimiento informado. Todo para el pueblo pero sin el pueblo.
Además, todo esto afecta a los datos de eficacia de los medicamentos, que se sesgan totalmente y, por consiguiente, la efectividad y la eficacia del fármaco está trucada desde el principio. Es así porque en el sistema de investigación clínica el promotor domina toda la cadena de información del producto.
Hace y deshace a su antojo. Este es el eje sobre el que pivota el dominio de las farmas en la actualidad.
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