Quizás la principal causa del fulgurante ascenso de Baltasar Garzón al estrellato, y también de su estrepitosa caída, fue la facilidad con la que saltó desde la jurisdicción a la política para volver enseguida a los juzgados para perseguir a otros políticos que le habían impedido ser ministro.
Estos días están dándose trasvases similares tras el cambio de gobierno en virtud de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del pasado 23 de septiembre, que facilita y ratifica el reingreso inmediato en la carrera de los jueces y fiscales que hayan ocupado responsabilidades políticas.
Una ley del PSOE consensuada con el PP en fechas en las que los socialistas sabían que podían perder las elecciones del 20N, por lo que le buscaban salida a jueces y fiscales que eran altos cargos y que iban a ser destituidos tras las elecciones. Cuando deberían estar alejados al menos dos años de los tribunales.
De esta manera, en lugar de un Garzón crearon muchos. Y con el apoyo de Rajoy y de juristas que esperaban ser nombrados por él y que pensaban en su futuro ante cualquier derrota electoral.
Baltasar Garzón es el ejemplo perfecto de lo indeseable que es que los jueces se vayan a la política y que después vuelvan a ejercer la jurisdicción.
Antes de ser número dos de Felipe González en las elecciones generales de 1993 era famoso por la espectacularidad de sus acciones, como el caso Nécora, un fracaso convertido en triunfo después gracias otros jueces.
Al volver a la Audiencia Nacional en 1994 se vengó de sus antiguos compañeros desenterrando el caso GAL que tenía escondido y, después, saliendo de caza mayor a por los casos más espectaculares.
Ahora, Mariano Bermejo, exministro socialista amigo de Garzón y también especialista en caza mayor, vuelve como fiscal al Supremo, y como él otros jueces y fiscales de distintos partidos.
Desgraciado cambalache contra una justicia supuestamente ciega.
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