La manifestación ateísta prevista para hoy por las calles de Madrid ha sido frustrada por el poder judicial amparándose en una interpretación pro católica de la Carta Magna.
La aconfesionalidad del Estado español y el derecho de reunión promulgados por la “utopía constitucional”, no han sido armas suficientes para ganarle la batalla al solemne deambular de corte católico del “Jueves Santo”.
El peso de las ”sotanas” se ha hecho notar en las altas esferas judiciales y ha puesto en evidencia la incoherencia entre el discurso político del “Estado Aconfesional” y la censura, ejecutiva y judicial, de cualquier brote de manifestación en contra de la ortodoxia católica.
La entrega de 6.000 millones de euros anuales por parte del gobierno a las arcas eclesiásitcas, pone en entre dicho la “imparcialidad y trato de neutralidad” que la religión católica osteta en perspectiva comparada con otras prácticas credenciales.
Los casos de corrupción sobre pederastia, supuesta trama de niños robados en el franquismo, etc… reflejan la fragilidad institucional del poder histórico del catolicismo, que mediante el imperio de la ley canóniga ”quemó literalmente en hogueras de todo el país” a disidentes credenciales, por su rebelión valiente contra las imposiciones dogmáticas de la élite clerical.
La eliminación de la Inquisición, como institución represora y dictaorial de la libertad ideológia y de expresión, aun no ha borrado la huella erosionada de la interpretación jurídica del derecho de reunión actual.
Los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Madrid basándose en la “incoherencia estética” entre la ideología de los convocantes y el simbolismo religioso del escenario procesional, ponen en cuestión y reflexión crítica, la interpretación reduccionista y abstracta del derecho de reuníón.
Los fundamentos basados en “posibles alteraciones del orden público por grupos radicales” muestran la evidencia de argumentos prejuiciosos y marcados de “probables indicios discriminatorios” a aquellos que, cumpliendo los trámites formales dictados por la constitución, desean ejercer su derecho fundamental.
La coincidencia de una manifestación atea con un día tan religioso como “el jueves santo” debería servir como un gesto de puesta en escena de la “pluralidad ideológica y religiosa”, también redactada en la Carta Magna pero, al mismo tiempo, tan ineficaz en la praxis normativa de este país.
La “censura del laicismo en pleno siglo XXI” nos recuerda a aquellos señores del XVI, precursores de la ciencia moderna, que por su ”crítica pública” de las teorías creacionistas de su tiempo; recibieron a cambio el calor de las llamas, como castigo por su intromisión en los discursos escolásticos en una sociedad sometida al imperio de la fe.