El último ministro de Justicia de Zapatero, el catedrático Francisco Caamaño, se ha unido esta semana al magistrado progresista de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada para protestar contra la dureza de las penas que impone el Código Penal (CP) para muchos delitos, incluidos los de terrorismo.
Es una demanda humanista, bondadosa, que premia el odio que llevó a los asesinos a matar, sin recordar que la justicia nació para evitar la venganza de las víctimas.
Ningún familiar de los asesinados por ETA se vengó, incluso cuando se liberaba a multiasesinos tras unos pocos años de cárcel. ¿Quieren Caamaño y de Prada que las víctimas sean Fuenteovejuna, y se venguen todos a una?
El sistema penal español es blando. Tiene 300 de los 850 asesinatos de ETA sin resolver, y en la cárcel a solamente a 490 condenados, algunos con permisos de salida.
Con excepción de España, Croacia, Serbia y Noruega, toda Europa mantiene vigente la cadena perpetua, y Caamaño y De Prada protestan contra la dureza española.
No considerar delito el asalto al Parlamento catalán, como hizo esta semana la Audiencia Nacional, es muestra de una justicia atolondrada, bolivariana y antisistema.
Observemos lo que ha pasado estos días en Estepa, Sevilla: los jóvenes de dos familias gitanas que han robado en decenas de casas sin matar a nadie han logrado que muchos de los 12.700 indignados habitantes del pueblo se amotinaran y quemaran las viviendas “okupadas” por esos delincuentes.
Porque la debilidad de la ley y de los jueces de la línea falsamente progresista, Caamaño-De Prada, provoca que los ciudadanos comiencen a tomarse la justicia por su mano.
Axioma: el progresismo legal, y no el sentido común judicial, es profundamente reaccionario.
Fuenteovejuna, Córdoba, está solamente a 118 kilómetros en línea recta de Estepa.
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