Justicia en entredicho

Los miles de jueces españoles que a diario instruyen causas y dictan autos y sentencias de acuerdo a las leyes, no se merecen respirar el hedor que emana estos días de la Audiencia Provincial de Las Palmas a propósito del “Albagate”. Ya sufren suficientes estrecheces materiales y humanas y una cierta desconfianza social en su labor, como para verse además enfangados por un escándalo que crece y se agrava a medida que se conocen nuevos y truculentos detalles. En beneficio de su imagen y de la imprescindible confianza en la Justicia que imparten, entendida como columna maestra de cualquier estado de derecho que se precie, se tendría que haber actuado hace tiempo por parte de quien tiene la potestad de hacerlo y sin embargo apenas ha movido un dedo.
Hablo de los responsables del Consejo del Poder Judicial que, a pesar de llamarse pomposamente a sí mismos “gobierno de los jueces”, sigue mostrando una pasividad cercana a la connivencia o cuando menos al corporativismo más rancio que cabría esperar a estas alturas del siglo XXI. Como ciudadano de a pie siento una mezcla de asombro, vergüenza, indignación e indefensión al comprobar que, el hecho de que un juez sea grabado en su despacho por un empresario al que investiga y con el que trama la manera de perjudicar la carrera política de una magistrada rival en beneficio de un determinado y conocido político, sólo ha merecido de momento la apertura de un inofensivo expediente previo por parte del citado Consejo.
Mi estupefacción va en aumento cuando se revela además que el juez en cuestión también ha grabado conversaciones con colegas suyos e incluso sesiones judiciales, y el mismo Consejo tampoco mueve un músculo ni hace siquiera sea un amago de apartarlo cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por vía penal y disciplinaria. En las conversaciones conocidas estos días a través de los medios, aparece incluso el presidente de la Audiencia Nacional supuestamente escuchando la petición de favores por parte del  empresario de marras sujeto a investigación judicial por un fraude fiscal millonario y que ahora ha decidido hacerse pasar por la víctima del escándalo.
Es cuando menos insólito que todo un presidente de la Audiencia Nacional se haya limitado a emitir una tímido desmentido de que esa reunión tuviera lugar y no haya presentado aún una querella criminal contra el empresario. En las grabaciones del escándalo figuran otros jueces, empresarios, políticos y hasta periodistas que pasaban por allí pero nada de eso le parece lo suficientemente grave al Consejo del Poder Judicial para salir de la bochornosa pasividad de la que hace gala ante este caso.
¿Es que acaso no tenemos derecho los ciudadanos a  que se nos diga con meridiana claridad que no es cierto que en la Audiencia de Las Palmas se intercambian favores judiciales y políticos como en una suerte de mercado persa? ¿Es que no aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento de la Justicia o no podemos exigir equidad y respeto a las leyes por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlas cumplir además de cumplirlas los primeros y de manera ejemplar?
No se trata de rasgarse las vestidura ni de caerse de un guindo a estas alturas: no es un secreto para nadie que la Justicia en España dista mucho de parecerse a la tópica imagen de la diosa con los ojos vendados, la espada y la balanza en equilibrio perfecto; con poca memoria que hagamos recordaremos todos cómo se han torcido sus renglones cuando se han cruzado en su camino intereses políticos o económicos. Puede que sean precisamente esos intereses los que estén detrás de su pasmosa indiferencia ante el “Albagate” pero, sean cuales sean las razones, queda seriamente en entredicho la utilidad de un órgano como el Consejo del Poder Judicial controlado por intereses políticos. Si limitarse a mirar para otro lado es todo lo que está dispuesto a hacer, creo que su abultado presupuesto estaría mucho mejor empleado en agilizar la administración de Justicia y en mejorar las carencias de todo tipo a las que se enfrentan calladamente a diario miles de jueces de este país para impartir justicia con rigor, equidad e imparcialidad.