Justicia estudia internar a delincuentes con discapacidad intelectual por encima de la duración de su condena

El nuevo proyecto de ley de modificación del código penal diseñado por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón introduce cambios en las medidas de seguridad de enfermos mentales o con discapacidad intelectual, lo que ha producido un fuerte rechazo por las asociaciones de pacientes y familiares y por los propios enfermos.
Hasta ahora cualquier persona con enfermedad mental, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, o discapacidad intelectual, es el caso de autismo o Síndrome de Down, que cometiera un delito se le aplicaba una medida de seguridad que consiste en el internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de ir a prisión por una duración concreta, que no podía exceder del tiempo que hubiera tenido que cumplir si hubiera ido a la cárcel por dicha infracción.
Si esta ley se aprobara, los enfermos podrían internarse en estos centros de forma perpetua, ya que según el ministerio de Justicia, encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, son personas “peligrosas”, algo con lo que las asociaciones están muy en contra y piden que suprima ese término.
El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), Sánchez Monge, considera que se está confundiendo a un psicópata, “el que comete el acto voluntariamente”, con “aquel que tiene episodios psicóticos como delirios o alucinaciones por un problema de salud que no está adecuadamente atendido”, es decir, que no es consciente del acto que lleva a cabo.
“Retroceso” a 1995
La asesora jurídica de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS), Inés de Araoz, contó a Infoactualidad que están “muy preocupados” ya que “la medida de peligrosidad va a ser subjetiva” en relación a la opinión del juez, ya que es el que tendría la última palabra y no el psiquiatra. “¿En qué situación les dejamos?” cuestionó de Araoz.
Con esta reforma se volvería a la antigua ley que duró hasta 1995, cuando se decidió cambiar porque los directivos de FEAPS junto con otros patronatos hicieron una visita al Centro Penitenciario Asistencial de León quedándose asombrados del tratamiento inadecuado que recibían allí las personas con discapacidad intelectual. “Algunas llevaban más de 20 años allí internas y sin saber el motivo”, recuerda Araoz para este periódico. Si la ley se volviera a cambiar “sería un retroceso”, lamenta.
No se les juzgaría por lo que hacen sino por lo que podrían hacer
La “peligrosidad” de esas personas la dictaminaría un juez no por lo que hayan hecho, sino por los actos que consideren que pueden hacer. Las asociaciones consideran que los argumentos que el Ministerio mantiene no son reales. “Cuando estas personas cometen algún delito es porque se trata de un paciente sin diagnosticar o que no está sometido a tratamiento” recalcó Sánchez Monge, presidente de FEAFES.
Todas las asociaciones están de acuerdo en que “se está haciendo una discriminación en razón de la discapacidad que tienen” como comentó a Infoactualidad su asesora jurídica, Inés de Araoz. “Son iniciativas absolutamente discriminatorias y estigmatizantes que vulneran directamente sus derechos” afirma FEAFES en la carta que han enviado al ministro Gallardón en la que piden la marcha atrás en la reforma del Código Penal.
Otro de los argumentos que se alegan es saber prever si el enfermo volverá a delinquir o no, algo que es imposible de saber según la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). “No hay fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona”, denunciaron.
Inés de Araoz afirmó que estas medidas serían “muy dañinas y lesivas” para los enfermos. Por su parte Sánchez Monge opinó en la comparecencia que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados que “la rehabilitación de las personas con enfermedad mental debe correr a cargo del Sistema Nacional de Salud, no del sistema penitenciario”.
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