Justicia, política y Bankia

No soy entendida en cuestiones económicas. Como otros muchos en este país, he tenido que aprender a toda prisa el significado de conceptos y términos que el lenguaje económico utiliza para explicar cosas como esta crisis. Pero, aún así, soy ciudadana y tengo mi propia opinión sobre cuestiones fundamentales en un estado de derecho. La primera de ellas es el valor la justicia. ¿Y qué tiene que ver esto con Bankia? La respuesta es obvia, porque repasar lo que ha sucedido con Bankia y no sentir una cierta repugnancia hacia los protagonistas de esta situación, sólo puede indicar un grado de insensibilidad cercano al del escarabajo pelotero, pero eso no basta. Además de la sensibilidad, deberíamos preocuparnos por pensar qué grado de responsabilidad civil y penal tienen las personas que han llevado al banco a esta situación. Sobre todo, los directivos y consejeros, sin duda los primeros responsables y entre ellos el señor Rato, pero también aquellos políticos que marcaron las directrices y que casualmente pertenecen al PP. Cajamadrid y Bancaja han estado fuertemente ligadas al ladrillo y a la estrecha relación entre ladrillo y política: pelotazos inmobiliarios, recalificaciones, pedir dinero a bancos extranjeros para prestarlo mucho  más caro a clientes españoles, enriquecimientos ilícitos, compromisos políticos... total, dinero fácil para empresarios y sospechosas implicaciones políticas. Pero aquí no acaba todo, y en esto les doy la razón a algunos dirigentes del PP, porque ¿qué papel ha jugado y juega el Banco de España en todo esto? ¿Alguien se cree a estas alturas a su gobernador? Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el mismo que nos decía que para salir de esta crisis teníamos que reestructurar el mercado laboral y abaratar despidos y sueldos, resulta que no ha hecho nada de lo que tendría que haber hecho. Él es el máximo responsable de vigilar las entidades financieras de este país, de certificar su solvencia y buen hacer, de ofrecer credibilidad y asegurar las buenas prácticas. Y recordemos que es un cargo público. Tenemos todo el derecho a preguntarnos, ¿ha cumplido con su responsabilidad? Después de más de 200.000 millones de euros invertidos en la banca y de bombazos como los de Bankia, es demasiado evidente que no. En el extranjero ya nadie le cree y la Comunidad Europea quiere examinar directamente la situación del sistema financiero porque no se fían de los informes de Fernández Ordóñez ni de De Guindos. Por cierto, esa es una de las causas decisivas para que aumente la prima de riesgo, la que acabamos pagando todos. Pues bien, aquí es donde entra la justicia porque es ahora cuando se deberían depurar responsabilidades y exigir el cumplimiento escrupuloso de la ley. ¿Ha habido dejación de funciones? ¿Ha habido aprovechamiento político o financiero? ¿Quién es el responsable de que todos los españoles hayamos perdido tanto y tanto dinero? Debemos exigir a la justicia que actúe y que lleve al banquillo a los acusados porque, si no es así, el sistema democrático seguirá con su caída acelerada por el tobogán del descrédito. Necesitamos creer en la justicia y la democracia, ¿es que aún no se han enterado? Desde hace un año que se grita por las calles y ellos, erre que erre, sordos como tapias.
Otra cosa muy diferente es lo que sugieren algunos economistas cuando afirman que el problema está en vincular las entidades financieras con la actividad política. Pues no, no estoy de acuerdo. Y si no, sólo tenemos que acordarnos de Lehman Brothers en USA. Precisamente, la política debería ser el poder que controlase al poder financiero para así asegurar la pulcritud de sus objetivos y la bondad de sus prácticas. El problema no es que la política entre en bancos y cajas, el problema es la sensación... no, mejor, la certeza de impunidad que impera en este país. Todos tenemos muy claro que, hagan lo que hagan, la casta política está al margen de explicar ante un juez sus incapacidad o, peor aún, sus desmanes conscientes. Exijamos justicia ya. Podríamos esgrimir muchas razones, pero no es necesario porque hay algo mucho más esencial: el estado democrático debe ser el imperio de la justicia y, ¡qué carajo!, tenemos derecho.
Una visión crítica -personal- de la economía, la actualidad política y los medios de comunicación.