Elegido el pasado mes de junio, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, acaba de aparecer en los papeles de Luis Bárcenas como militante cotizante del Partido Popular.
Inmediatamente lo han censurado varias asociaciones de jueces, aunque no la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora afín al PP.
Algunas anotaciones en los papeles del tesorero infiel deben ser veraces para adobar su supuesto latrocinio de 48 millones de euros ocultos en Suiza, y de cuya pérdida se venga revelando distintas verdades entre numerosas mentiras.
Pérez de los Cobos, de 51 años, posiblemente militó en el PP, puesto que no lo ha desmentido. Algo que no es ilegal para su cargo, pero sí poco ético: ofrece dudas sobre su imparcialidad, lo que está siendo usado ya por quienes recibieron sentencias que les incomodan.
Pero es de un cinismo llamativo que lo denuncie la asociación sumamente militante de izquierdas, PSOE-IU, Jueces para la Democracia (JpD).
Igual que si la APM acusara ahora a tres magistrados del Supremo, conocidos por su militancia en JpD, de haber absuelto por razones ideológicas a José Blanco en una sentencia incomprensible para numerosos juristas independientes.
Ni JpD ni la APM deberían criticar la politización judicial: ellas son ejemplo de esa politización.
Que se disuelvan, porque la justicia no debe estar fiscalizada y controlada por asociaciones de jueces progresistas, es decir, al servicio del PSOE-IU, o conservadores, al del PP. Los nacionalistas están en cada momento en el área que les conviene.
La justicia española está bajo influencia política. No es que los partidos pretendan manejar la judicatura, que también, sino que las asociaciones de jueces se crearon para mediatizar la política al servicio del PSOE y del PP, que los promocionan para colocar a sus hermanos ideológicos en los puestos más determinantes.
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