El juzgado IV de distrito ha concedido la suspensión provisional sobre los permisos jurídicos del confinamiento industrial que se pretende crear en Santo Domingo.
Anteriormente personas y asociaciones civiles han denunciado que estos permisos se obtuvieron de forma irregular sin respetar los procedimientos para evaluar el impacto ambiental y la opinión de la población cercana, simulando dichos actos ante la autoridad.
Como es común en estos casos una vez más la corrupción atenta contra el Derecho al Medio Ambiente de los potosinos, pues con dichos permisos se permitía la apertura de un tiradero tóxico en Palula, Santo Domingo.
Con esta suspensión provisional, el Poder Judicial Federal analiza el caso para determinar si existe una violación a los derechos humanos cometido por autoridades administrativas federales en contubernio con la empresa CITSU para así determinar una suspensión definitiva sobre el caso.