El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hoy que su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela “no puede verse como una herramienta de otras agendas” y que seguirá criterios objetivos.
Khan explicó en un encuentro con medios internacionales, entre ellos Efe, que si sus pesquisas no se guiaran por criterios objetivos se rompería “una confianza importante que se necesita en cualquier abogado, que es tener las manos limpias”.
El fiscal jefe de la CPI profundizó de esta manera en sus declaraciones del pasado 6 de diciembre, cuando dijo en la Asamblea de Estados Parte del tribunal internacional que la oficina que dirige “no está en el negocio de un cambio de régimen” en Venezuela.
Khan indicó hoy que su equipo de trabajo no debe valorar “qué tipo de Gobierno debe establecer un Estado” porque “los países son países y ellos tienen el derecho de elegir su modelo de Gobierno”.
Reconoció que “puede haber una serie de razones para que la gente quiera un cambio” en el Estado venezolano, pero que su trabajo debe centrarse en que las evidencias recolectadas “sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares”.
El fiscal jefe de la CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el chavismo, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.
Las pesquisas del tribunal con sede en La Haya abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.
Khan valoró positivamente la relación del Estado venezolano con el tribunal internacional. “Me han invitado a volver y no han hecho como algunos países, que es abandonar el Estatuto de Roma (carta fundacional de la CPI) o romperlo. Ellos en cambio se están comprometiendo con la Fiscalía”, indicó el jurista británico.
Añadió que su oficina puede “ayudar a un Estado a dar un paso al frente” para investigar crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Puso como ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, establecida después de que la Fiscalía de la CPI abriera un examen preliminar en este país en el marco del conflicto armado entre el Ejército, la guerrilla de las FARC-EP y grupos paramilitares.
“Si un Estado puede diseñar o construir la arquitectura necesaria para celebrar juicios justos y creíbles, o al menos para garantizar que no haya impunidad y no haya un proceso falso, la ecuación del Estatuto de Roma deja claro cuál debería ser el resultado. Deberían ser las autoridades nacionales las que se hagan cargo”, añadió.
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