En el octavo aniversario de cuando según la Justicia unos islamistas mataron a 192 personas al explosionar diez bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid, afloraron nuevamente detestándose las dos Españas de Machado.
Los atentados del 11M, cuatro días antes de las elecciones de 2004, cambiaron el voto ciudadano, que según las encuestas era favorable al heredero de Aznar, Mariano Rajoy.
Le facilitaron el poder a José Luis Rodríguez Zapatero, que inmediatamente retiró los 1.300 soldados españoles no combatientes que estaban en Irak, y cuya presencia “provocó” los atentados, según buena parte de la opinión pública española.
Pero mucha gente creyó que la cuarentena de islamistas detenidos –casi todos libres hoy--, más los siete que se suicidaron tres semanas después, podían haber recibido ayuda de ETA o de algún país interesado en debilitar España.
La posibilidad de la participación de ETA se basaba en que poco antes de los atentados uno de sus comandos había sido detenido con un proyecto similar.
Una España es la de Pilar Manjón, que quiere juzgar a Aznar por el envío de tropas a Irak, madre de un joven muerto en los atentados y presidenta de la “Asociación 11-M Afectados del terrorismo”.
Otra España es la de Ángeles Domínguez, herida el 11M, presidenta de la “Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M”, y la de Ángeles Pedraza, presidenta de la “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, y a la que le mataron un hijo en los trenes.
Mientras Manjón exige que no se indague más, las otras dos mujeres creen que se escamotearon pruebas judiciales para ocultar a ETA o a países extranjeros.
Esperanza Aguirre recuerda otro caso sentenciado todavía misterioso: “Los grandes atentados de la historia se han investigado durante muchísimo tiempo, mire el asesinato de Kennedy”.
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