La salud pública mundial está librando una batalla. Big pharma, las principales compañías farmacéuticas del mundo, contra países que quieren medicamentos efectivos y seguros para la población a precios razonables. Es una guerra silenciosa; entre despachos, lobbies, mediante amenazas y chantajes a escala internacional.
La multinacional farmacéutica Novartis es el segundo mayor donante del senador republicano estadounidense Orrin Hastch que se opone a que el Ministerio de Salud de Colombia declare de interés público el medicamento Glivec, indicado para la leucemia. Quizá esto explique que
el equipo del Hatch haya amenazado con convertir a Colombia en un país bajo “tratamiento especial” si la farmacéutica pierde sus derechos sobre el medicamento:
si el Ministerio de Salud no corrige esta situación, la industria farmacéutica en EE.UU. y los grupos de interés relacionados podrían llegar a ser muy vocales e interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EE.UU.“.
El Gobierno colombiano libra una batalla internacional hoy para conseguir una licencia obligatoria de Glivec, que pueda obviarse su patente y por tanto que otro laboratorio fabrique un genérico del mismo, mucho más barato, algo legal según los acuerdos internacionales de comercio.
La amenaza supondría, entre otras cosas, que Colombia no recibiría un solo dólar de la ayuda prometida por el gobierno Obama para el posconflicto que enfrenta el país.
Hatch es una voz importante en el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. Varios documentos señalan a Novartis como uno de los mayores aportantes de su carrera y es, además, el financiador de una firma lobbista en la que trabaja uno de sus hijos, según ha publicado SEmana en un trabajo titulado El senador de Novartis.
Más de 600.000 dólares recibió la última campaña de Hatch provenientes de la poderosa industria farmacéutica y en el que también está la lista de las compañías (en la que figura Novartis).
Hatch también recibió 750.000 dólares de Freedom Path, una organización que agrupa a las principales farmacéuticas de Estados Unidos pero el dinero no se comunicó a la Comisión Federal de Elecciones porque se mandó a una organización sin ánimo de lucro, según The Center for Public Integrity.
Así se hacen las cosas en “democracia”: hay necesidad de un medicamento para la población; el precio marcado por el laboratorio es escandaloso; la negociación para que lo baje no fructifica; el Gobierno se acoge a una figura legal para obviar su patente y el laboratorio consigue que el país con la industria farmacéutica más fuerte del mundo intente imponer por la fuerza (o por la paz, ya que lo que está en parte en juego sería el proceso de pacificación en Colombia) los intereses lucrativos del laboratorio.
Estos son actitudes mafiosas.
Las cosas en determinado concepto de la democracia se consiguen con dinero. Recuerdo que en 2007, cuando se introdujo en el mercado la vacuna del papiloma, que luego se ha documentado tan polémica por sus posibles daños a la salud, el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, aprobó hoy de manera unilateral y sin tener en cuenta la opinión de la legislatura estatal una ley que obligaba a todas las jóvenes a vacunarse contra el virus.
La presión popular fue tal que hubo de retractarse. Resulta que Mike Toomey, el anterior jefe de Gabinete del gobernador Perry, trabajaba en tareas de lobby para Merck, Sharp and Dohme (MSD), fabricante de Gardasil, una de los dos marcas de la citada inmunización.
El Washington Post publicó un reportaje de Associated Press (AP) que afirmaba que la jefa de Gabinete del gobernador, Deirdre Delisi, celebró con el director de Asuntos Presupuestarios y tres miembros de su departamento, una “Reunión sobre la Vacuna del VPH para Niños”, según consta en la agenda de Delisi. Ese mismo día, el comité de acción política de MSD donó 5.000 dólares para la campaña de Rick Perry.
Ejemplos como estos hay muchos. Lo que podrían hacer algunas multinacionales farmacéuticas es presentarse directamente a las elecciones, sin internediarios.
Se da la circunstancia de que el Caso Glivec, Novartis contra el mundo, podríamos titularlo, no es más que otro intento de la compañía de doblegar las decisiones democráticas.
Escribo otro porque el asunto del precio de Glivec viene de lejos. Tras años de litigios el Tribunal Supremo de India sentó un precedente legal que parece no favorecer a las patentes de los medicamentos existentes vendidos en la India y dió la razón al Gobierno indio que no quería conceder la patente a Glivec.
Quizá por eso, porque Novartis no quiere litigar durante años, ver su imagen deteriorada, el valor de sus acciones caer por ello, se ha lanzado a una aventura de lobby y presiones que puede ser incluso peor pues las decisiones de los gobiernos suelen estar avaladas por la soberanía popular y la confianza que ha depositado en ellos la población, algo de lo que carecen las compañías que, en el caso de las farmacéuticas olvidan con frecuencia que son los estados sus principales clientes.
Novartis y con ella toda una industria afirma que
la base del descubrimiento de fármacos innovadores y esenciales en el avance de la ciencia médica y del tratamiento de los pacientes“.
Nadie pone en duda la importancia de la investigación biomédica pero con su actitud estas empresas sí que están centrando el debate en si el sistema de patentes es el más idóneo. Como vemos, lo que favorece es la especulación con el precio de los medicamentos y las guerras comerciales mientras esos pacientes mueren por falta de tratamientos necesarios, efectivos y seguros.
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