La administración sanitaria y las ruedas cuadradas

La gestión pública es garantista y se centra en evitar, ante todo, que el funcionario y el político se desvíen del objetivo fundamental: interés público y servicio al ciudadano. Para conseguirlo, se crean múltiples procedimientos de control para que los actos administrativos sean legales y apropiados al fin último de la administración.

Hasta aquí, todo lógico. Pero claro, para ello, el sistema jurídico español se basa en normas seculares, que controlan mucho y ayudan poco en la gestión de organizaciones como las sanitarias. Antes que aburriros con teorías y normas, os pondremos algunos ejemplos reales:

- No se incentiva el ahorro. Si un hospital o gerencia de primaria ahorra mucho en receta médica y pretende con el dinero ahorrado contratar a un farmacéutico o un médico de familia o crear una unidad de investigación, no se puede. Son capítulos presupuestarios diferentes y hay que hacer una serie de procedimientos lentos, difíciles, complejos. Y todo por seguir los principios clásicos de la gestión presupuestaria.
- Aunque existen técnicas de hacer presupuestos mucho más eficientes, se sigue utilizando mucho la famosa técnica de "lo del año pasado más el incremento del IPC". Se asume que un hospital o centro de salud o servicio médico o unidad o loquesea va a necesitar como mínimo el mismo dinero que el año anterior, haga lo que haga. Hay técnicas como la del presupuesto base cero que obliga a justificar todo el dinero que se necesita, equilibrando las necesidades entre centros y asignando más al que más lo necesite. Así se podría valorar el futuro, no el pasado. Pero esto no gusta mucho...
- Un sistema retributivo arcaico. Si surgen necesidades nuevas, la administración debería adaptar las retribuciones a dichas funciones (no pagar más o menos, sino pagar lo que se debe pagar). Pero pese a todo, lo único que se ha conseguido es crear carrera y desarrollo profesional (parecen unos trienios más) y una productividad (con buenas ideas de base pero con poco dinero).

Resultado final: garantizar la legalidad de la actuación pública atenta muchas veces contra la eficiencia. ¿Será falta de confianza en los gestores públicos o sencillamente que en la administración las leyes son así y cambiarlas cuesta tiempo y hacen falta ganas? ¿Por qué no se crean procedimientos más ágiles de trabajo? ¿Y aplicar el principio de responsabilidad del estilo "te asigno unas funciones por delegación, si lo haces mal, zas"?A veces las ruedas cuadradas las creamos nosotros mismos.