Alrededor de 60,000 hondureños podrían perder su Estatus de Protección Temporal este mes. El reportero Daniel González comparte la historia de una mujer que podría ser impactada. Alejandro Barahona, La República | azcentral.com
Los partidarios de los inmigrantes de Estatus de Protección Temporal cantan en una manifestación en San Francisco el 12 de marzo de 2018, antes de una conferencia de prensa anunciando una demanda contra la administración Trump por su decisión de poner fin al programa que permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. (Foto: Jeff Chiu, AP)
Funcionarios de la embajada estadounidense en El Salvador, Honduras y Haití pasaron meses alertando a Washington de que poner fin al estatus legal temporal de cientos de miles de inmigrantes dañaría a esas personas, los tres países y al “interés nacional de Estados Unidos”.
La administración de Trump ignoró las objeciones y de todos modos terminó el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), según un informe preparado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y obtenido por USA TODAY.
Funcionarios de la embajada en los tres países concluyeron que los tres gobiernos eran incapaces de absorber el regreso de tanta gente, según el informe, que fue reportado por primera vez por The Washington Post .
En Haití , funcionarios estadounidenses dijeron que repatriar a 46,000 de sus personas que han estado viviendo legalmente en los EE. UU. Limitaría la capacidad de la Policía Nacional de Haití para mantener el control de la nación que lucha.
En El Salvador , funcionarios de la embajada dijeron que el regreso de 195,000 personas a un país que ya está luchando por brindar suficientes oportunidades económicas probablemente acelere el flujo de inmigración ilegal hacia el norte.
En Honduras , funcionarios estadounidenses dijeron que 57,000 personas que regresan se convertirían en blancos de crímenes y reclutamiento de las mismas pandillas contra las que la administración Trump está luchando tanto tiempo.
Y en cada caso, los cables advirtieron sobre una posible reacción de los gobiernos anfitriones que probablemente limitaría su disposición a cooperar con funcionarios estadounidenses en materia de inmigración ilegal, operaciones antidrogas y otros problemas regionales.
“Los cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos en El Salvador, Haití y Honduras recomendaron que sea en ‘interés nacional de Estados Unidos’ renovar las designaciones TPS para sus respectivos países”, concluyó el informe.
Sin embargo, uno por uno, el Departamento de Seguridad Nacional, en consulta con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, ha estado poniendo fin al TPS para cada uno de esos países. En total, la administración ha anunciado el fin del TPS para seis países, que representan el 98% de las 317,000 personas que han usado el programa para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos durante décadas.
El informe dice que el ex secretario de Estado Rex Tillerson estaba al tanto de todas esas advertencias, pero “ignoró un conjunto de pruebas” cuando recomendó que el programa se retirara. El informe también dijo que la Casa Blanca “buscó influir repetidamente en los procesos de toma de decisiones” en Seguridad del Estado y de la Patria “a fin de garantizar un resultado predeterminado”.
Para complicar esas decisiones está el hecho de que los titulares de TPS han dado a luz a 273,000 niños mientras están en los Estados Unidos, convirtiéndolos en ciudadanos estadounidenses, según el Centro de Estudios de Migración. Eso significa que sus padres tendrán que decidir si regresarán a su país de origen con sus hijos ciudadanos estadounidenses a remolque, regresarán solos a su país de origen y dejarán atrás a sus hijos, o permanecerán en los EE. UU. Y enfrentarán la amenaza constante de la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso en 1990 para permitir a las personas de los países afectados por desastres naturales o conflictos armados vivir legalmente en Estados Unidos mientras sus países de origen se recuperan.
Los presidentes republicanos y demócratas han extendido estas protecciones, concluyendo que cada uno de los países en la lista no se había recuperado lo suficiente como para absorber a decenas de miles de residentes más. La administración de Trump ha adoptado un enfoque diferente, argumentando que el programa se ha extendido demasiadas veces y que las condiciones han mejorado lo suficiente en cada país para poner fin a las designaciones de emergencia.
Los partidarios del presidente han animado cada decisión repitiendo una frase común: “T” es para “temporal”. Los defensores del programa dicen que el cálculo frío puede ser preciso, pero ignoran a los cientos de miles de familias que quedarán devastadas si tienen que abandonar Estados Unidos, donde algunos han vivido durante casi 30 años.
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