La Agencia Tributaria reclama 57 millones a Catalana Occidente

El grupo asegurador Catalana Occidente (GCO) dio a conocer el pasado jueves las cuentas de 2011 donde sobresale un beneficio consolidado de 241,6 millones de euros, un 15,5% más que en el anterior ejercicio.
Un dato de mérito si tenemos en cuenta el contexto en el cual se movió la compañía. Así, las primas totales crecieron un 3,2%, aumento debido fundamentalmente a una mayor facturación en el negocio del seguro de crédito (a través de las mercantiles Atradius y Crédito y Caución) a pesar que más negocio generó menores resultados (1.409 millones, + 5,7%, produjo un resultado de 118,3 millones, -6,3%).
El negocio tradicional de seguros, concentrado en España, apenas aumentó pero una buena selección de riesgos consiguió arañar un mejor resultado (1.657,7 millones, + 1,2%, generó un beneficio de 119,9 millones, +7,1%).
Estos beneficios junto a unos resultados no recurrentes positivos (al contrario de 2010 donde esta partida restó), ofrecen un bottom line lúcido pero no del todo real.
Sin embargo, esos fríos datos han animado su cotización bursátil que en los últimos días ha conseguido superar con holgura los 13 euros.
Pero hemos de constatar un dato que ha pasado inadvertido y que hubiera podido lastrar los resultados de manera significativa. Se trata del resultado de diversas inspecciones fiscales realizadas por la Agencia Tributaria (AT) a las sociedades del Grupo controlado por la familia Serra a lo largo de los últimos años y que se ha saldado con la incoación de diferentes actas por las cuales Catalana Occidente debe abonar al fisco español 57,7 millones de euros de los cuales 9,6 millones son en concepto de intereses de demora.
Esta decisión ha sido recurrida por GCO y está pendiente de resolución pero la compañía decidió no dotar en absoluto ese riesgo cuando una estimación prudente aconsejaría hacerlo aunque fuera en parte.
Desde la dirección de la compañía no se entiende ni se acepta la decisión de la AT ya que GCO realizó una consulta vinculante que fue la que le llevó a actuar de una determinada manera. Sin embargo la AT ha decidido variar el criterio y penalizar la forma de proceder de GCO en relación a diferentes tributaciones y dobles imposiciones.
Como consecuencia de todo ello, si el grupo hubiera dotado, total o en parte, esos 57 millones, el bottom line de la cuenta de resultados no mostraría un crecimiento en el resultado final de dos dígitos e, incluso, en función de la cantidad dotada, el beneficio de 2011 podría haber menor que el de 2010.
La decisión del consejo de administración de no dotar ninguna cantidad se sustenta en un convencimiento de sus asesores fiscales que ganarán el recurso sin embargo la diferente interpretabilidad que pueden tener las normas fiscales evidencia la existencia de un riesgo no cubierto.
El papel de INOCSA
Por otro lado, apuntar otra operación poco conocida.
La compra obligada que en 2010 el grupo hizo de las participaciones minoritarias de Atradius (26,66% del capital) fue acompañada de una adquisición paralela, del 9,11%, por parte del holding Inocsa, propiedad de la familia del presidente del GCO, José María Serra Farré. GCO pagó unos 400 millones por su paquete mientras que Inocsa desembolsó inicialmente 136 millones, a razón de 18,87 euros la acción.
La compra se define como obligada ya que en su momento los minoritarios - Swiss Re (25%), Deutsche Bank (9,1%) y Sal Oppenheim (1,7%)- definieron una opción de venta de sus paquetes que podía ser ejecutada en el período 2010-2014. En la primera oportunidad que han dispuesto ha procedido a su enajenación.
La operación se diseñó así para que GCO no corriera el riesgo de ver rebajado su rating. Sin embargo la intención del grupo era adquirir todo el paquete con lo cual Inocsa servía para “un aparcamiento” temporal de acciones.
GCO subscribió con Inocsa una opción de compra de adquisición de ese paquete, ejecutable en dos años, período que finaliza el próximo mes de mayo.
En abril de 2011 ya recompró el 2,63%, por valor de 40 millones pagando 19,217 euros la acción. La previsión de GCO es adquirir el resto en las próximas semanas lo que le supondrá un desembolso en torno a los 100 millones. De esa forma GCO controlará técnicamente el 76,72% del capital de Atradius, bien de manera directa (35,8%) o indirecta, a través de la participada Crédito y Caución (47,43%) donde controla el 73,84% del capital. Pero de manera efectiva tendrá el control accionarial total.
Inocsa por esta operación obtuvo un pago por parte de GCO de 17,2 millones, a razón de 2,3889 euros por acción, que se ajusta a la rentabilidad del Euribor en ese período.