La disparada del dólar a 5,50 y 6 pesos, según los casos, puso en la superficie la magnitud de la crisis financiera que enfrenta el gobierno K. Es, en la historia argentina (y para cualquier economía capitalista), un síntoma ‘clásico’ de un derrumbe anunciado. La Presidenta se vio obligada a desmentir en forma personal la intención de establecer mercados cambiarios diferentes, lo que el viceministro de Economía defendió en un escrito académico el año pasado. Este procedimiento consagraría una devaluación considerable del peso, la cual aceleraría los ya elevados aumentos de precios internos. La desmentida oficial no goza de mucho crédito luego de lo ocurrido hace un mes con YPF, cuando la intención de proceder a una ‘expropiación parcial’ de Repsol fue negada como una maniobra de la prensa ‘destituyente’.
Crisis fiscal
El desarrollo de una bancarrota financiera tiene otras expresiones. La principal de ellas es la crisis fiscal de las provincias, la que no ha sido atenuada por los diversos tarifazos e impuestazos que aprobaron las legislaturas. En las provincias, aunque también a nivel nacional, existe una demora creciente del pago a los proveedores, lo que está produciendo una ruptura de la ‘cadena de pagos’. Esto ocurre a pesar de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que liberó una enorme cantidad de dinero para financiar al Tesoro y el pago de la deuda externa.
Otra expresión de esta bancarrota es la crisis energética. No solamente porque hay una factura de importación de gas y de fuel oil de 12 mil millones de dólares, sino porque el sistema eléctrico se ha declarado en cesación de pagos, lo cual obliga al Estado a reforzar el sistema de subsidios. Esta situación evoca lo ocurrido en junio de 1975, cuando otro gobierno nacional y popular procedió a un naftazo del 400 por ciento y una devaluación muy fuerte del peso. A pesar de la burocracia sindical de entonces, el ‘rodrigazo’ (por Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de aquel momento) desató una huelga general hasta comienzos de julio, la que fue impulsada por las coordinadoras de los cuerpos de delegados de las empresas. La catástrofe de hace casi cuarenta años explica que la mayoría de los economistas rechace cualquier recomendación de tarifazos e hiperdevaluaciones y propugne, en cambio, recorrer esa misma vía en forma gradual. La misma Presidenta avaló el planteo cuando declaró su disgusto con un ‘shock’, o sea proseguir con la ‘sintonía fina’ -la cual es cada vez más difícil de ejecutar.
Fugas y devaluaciones
La magnitud de los desequilibrios en presencia hace difícil el gradualismo. De nuevo ha sido CFK quien subrayó, hace un par de días, que “el mundo se cayó sobre Argentina” (renegando de sus dichos en el pasado acerca de que el ‘modelo’ ‘blindaba’ a la economía nacional). La bancarrota de la Unión Europea viene produciendo una salida sistemática de capitales: de las sucursales de empresas de Europa en los ‘países emergentes’ a sus casas matrices y de los capitales endeudados de Europa hacia Estados Unidos. A pesar de todos los controles dispuestos por Moreno, en este primer cuatrimestre ha continuado la huida de capitales de Argentina, como lo revela la caída abrupta de los plazos fijos en dólares y el drenaje persistente de divisas que viene soportando el Banco Central en sus reservas. Esta ‘fuga’ se manifiesta en forma clara en Brasil, que tiene una descomunal deuda externa privada, la cual se suma a la del Estado. En Brasil hay una mora creciente en la devolución de los créditos personales y comerciales, incluso el ‘defol’. El intento del gobierno Rousseff de contener esta quiebra, con una reducción de la tasa de interés que pagan los deudores, favorece la salida de capitales. La devaluación del real, la moneda de Brasil, ha alcanzado el 30 por ciento en menos de un mes, lo que pone en dificultades al comercio de Argentina.
La disparada del dólar frente al peso ya se manifiesta en el comercio interno: hay acaparamiento de mercancías por parte de las empresas y los capitales agrarios están haciendo lo mismo con la soja (en los silos-bolsa). Los grandes capitales, encabezados por la Unión Industrial y Techint, reclaman un ‘sinceramiento’ de las ‘variables’ de la economía, en referencia a las tarifas y al tipo de cambio, sumándose al reclamo de las petroleras que manejan las concesiones de explotación para el precio del petróleo en boca de pozo, que lo quieren duplicar. Con las paritarias, adoptan la actitud inversa: están en contra de cualquier ‘sinceramiento’ de los salarios y reclaman que el Estado arbitre las paritarias por decreto. Es la misma línea que siguieron esos mismos capitalistas en el ‘rodrigazo’. La bancarrota financiera se manifiesta, desde hace bastante tiempo, en una crisis política. La disputa por el control de la CGT forma parte de esta crisis.
‘Defol’
La desvalorización del peso frente al dólar es una consecuencia de la incapacidad del Estado para pagar la deuda externa -incluso luego de que el gobierno transfirió (y continúa transfiriendo) gran parte de ella al Banco Central y a la Anses. En 2012, la factura es de 15 mil millones de dólares -y sigue creciendo. Dentro de esta factura figura el llamado ‘cupón PBI’, que es una deuda que crece, en forma acumulada, con el aumento de la producción. Este año suma 3.500 millones de dólares, pero tiene obligaciones anuales sucesivas de hasta 20 mil millones de dólares. El ‘cupón PBI’, inventado por Kirchner y Lavagna en 2005, es una bomba de tiempo del tipo de las que desencadenaron la bancarrota mundial en curso. La Anses ha entregado a los especuladores los ‘cupones PBI’ en su poder y ha acumulado títulos en pesos, los cuales se ajustan (es decir, se desvalorizan) por la inflación del Indec.
La Argentina K enfrenta una crisis capitalista sistémica, la que no puede remediar con la ‘sintonía fina’. Está interconectada con la bancarrota mundial. Como ocurre en todo el mundo, los K pretenden que la paguen los trabajadores. A eso responde el tope a las paritarias. También se cortan los subsidios a las empresas recuperadas y se impulsa su reprivatización. Un aspecto fundamental del ‘ajuste’ lo constituyen las jubilaciones, porque solamente pagando 1.660 pesos al 80 por ciento de los jubilados puede la Anses bancar el pago de la deuda externa o absorber las pérdidas que sufren las acciones que tiene en las empresas. Para defender esta expropiación, la intervención K en la Anses ha vuelto a salir con los tapones de punta contra el pago de los juicios por el congelamiento de las jubilaciones a partir de 1996 y 2003.
En el marco de esta bancarrota financiera, ha irrumpido la recesión, que los analistas dan por cierta a partir de marzo. En efecto, en las empresas cesan las horas extras e incluso comienza a aplicarse la reducción horaria. También se producen cierres (como ocurre con varias empresas metalúrgicas, en particular Mecca). Los economistas la valoran como una bendición, porque podría frenar las importaciones y mejorar el saldo comercial. Asimismo, evitaría pagos por el ‘cupón PBI’ el año que viene. Pero una recesión produciría quiebras y defol con los bancos, así como también una caída de la recaudación fiscal. Por eso, esos mismos economistas recomiendan una devaluación: el ‘típico’ ajuste ‘neoliberal’.
Bonapartismo declinante
Este es el cuadro que explica la crisis política, toda ella dominada por el tema del ‘ajuste’. El choque con Macri, con Scioli y con Moyano (o incluso con Peralta, De Vido y Boudou) tiene esa causa básica. El régimen político se hace cada vez más personal y el método de gobierno asume en forma más acentuada el carácter de camarilla. En forma contradictoria, a medida que el gobierno restringe su base de apoyo -es decir que la pierde-, más crece la necesidad de propiciar una re-reelección, que la situación general hace menos probable o inviable. La salida de Scioli, en la que expresó una ‘vocación’ presidencial que hasta ahora se le desconocía, es una señal del ‘establishment’ contra la perpetuación de los K. La negativa de Caló a suspender el paro metalúrgico, que determinó la diatriba inmediata de CFK contra la burocracia sindical, debe interpretarse como un revés del arbitraje presidencial y como una tendencia a la agudización de las contradicciones por las negociaciones paritarias. La disparada del dólar es parte de la crisis del arbitraje presidencial.
La ‘expropiación parcial’ de Repsol no ha cambiado la tendencia de conjunto al deterioro de la economía y la política kirchnerista. Incluso la ha agravado, porque ha acentuado la necesidad de una respuesta de conjunto a la crisis energética, además de haber abultado la factura oficial. Ha reforzado la tendencia del gobierno a atacar a los trabajadores, en este caso los petroleros, para solventar la gestión de YPF.
La amenaza de un ‘rodrigazo’ vuelve a plantear, para los trabajadores, la cuestión del no pago de la deuda externa y, en general, que la crisis la paguen los capitalistas. La lucha por los pliegos salariales en las paritarias, también contra los tarifazos y los impuestazos, plantea una cuestión de conjunto: el desarrollo de una alternativa de poder de la clase obrera frente a la descomposición del régimen político vigente. Vuelve a plantearse la cuestión de recuperar las comisiones internas y los cuerpos de delegados en las empresas, pelear la dirección de los sindicatos y desarrollar las coordinadoras sindicales en las aglomeraciones fabriles.
Jorge Altamira