La Asociación Espańola de Empleadores del Hogar Familiar ha asegurado que la inclusión de este colectivo en el sistema especial del Régimen General de la Seguridad Social tendrá un resultado "lejos de lo esperado".
En declaraciones a Europa Press cuando concluye el periodo de integración de las empleadas domésticas, su presidente, Diego García Diego, ha indicado que la nueva regulación laboral se ha realizado "sin tener en cuenta las singularidades de una prestación de servicios que se realiza en un contexto familiar y que exige una especial relación de confianza y flexibilidad".
Del mismo modo, reprocha la "falta de apoyo y de información por parte de la administración autonómica y las administraciones locales", a quienes recrimina que no se hayan creado puntos de información para combatir "la desorientación entre empleado y empleador".
En este capítulo, García Diego destaca que en un mismo ańo se han producido dos reformas importantes, como son la reforma de la relación laboral de los empleados del servicio doméstico y la inclusión del colectivo en la Seguridad Social.
Entre otros aspectos, la Asociación critica que la nueva regulación laboral excluya a posibilidad de realizar una extinción de contrato por causas económicas de la empleada, "cuando son precisamente las familias las que padecen las consecuencias económicas y altísimas tasas de desempleo derivadas de la actual situación económica".
A ello se suma el incremento en un 60 por ciento de la indemnización por desestimiento del empleador, pasando de 7 a 12 días por ańo de servicio, a lo que se ańade un periodo de preaviso de hasta veinte días por parte del contratante, que "nunca se cumple dado que el servicio se presta en el domicilio familiar y no en un centro de trabajo". Así, el portavoz de los Empleadores sostiene que la extinción contractual abonando los días de preaviso se eleva en muchos casos a 32 días de indemnización.
Además, advierte de que la indemnización por despido de 20 días de salario por ańo de servicio equipara las obligaciones del empleador del hogar con las de una empresa de hasta 500 empleados.
Por todo ello, insiste en que "en la medida que exista esta rigidez contractual, el colectivo difícilmente tenderá hacia la inclusión en el sistema", hasta el punto que, de acuerdo a sus cálculos, 400.000 empleadas permanecerían trabajando al margen del sistema tras el periodo de incorporación al Régimen General.
Como conclusión, el presidente de los Empleadores aboga por acompańar el nuevo escenario normativo con un cambio de mentalidad tanto de los empleadores como de los empleados, que venga ayudado por una reforma laboral del sector, la negociación y redacción de convenios colectivos y medidas de apoyo para los empleadores, a modo, por ejemplo, de deducciones autonómicas homogéneas.
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