Todavía entre las fuerzas de seguridad no hay quien se ha enterado de lo que es un Estado de Derecho. Y ya es hora. Hoy, cuatro guardias civiles, han sido condenados a dos y cuatro años por haberse probado que torturaron a dos de los etarras responsables del atentado de la T-4 de Barajas.
Desgraciadamente hay gente que todavía cree en la ley del Talión, que se piensa que por llevar uniforme se puede tomar la justicia con sus manos. Gente que pretende devolver el ojo por ojo, sin defender los principios básicos que se recogen en los derechos humanos.
También los asesinos tienen derecho a un juicio justo. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y, en ningún caso, se puede torturar, violentar o dañar físicamente, aunque se tratara de condenados.
En un Estado de Derecho no hay atajos, a pesar de lo que ha dicho en alguna ocasión Felipe González, refiriéndose a etarras. El cuerpo a cuerpo queda para los asesinos y los mafiosos, y en ningún caso para agentes de la autoridad o “políticos aventajados”.
La autoridad de un guardia civil no se demuestra dando mamporros, al contrario, su deber es mantener la integridad del detenido, sea quien sea, hasta su entrega a la autoridad judicial.
Ojalá que esta condena sirva de ejemplo y no tengamos que soportar todos los años las quejas de Amnistía Internacional que, como ha quedado demostrado, no quedan lejos de la realidad, a pesar de que el gobierno de turno siempre niega que las fuerzas de seguridad cometan torturas.
Figurar en el elenco de los países torturadores es una vergüenza que hay que desterrar. Ojalá que éste sea el principio del fin y quede claro a todo el mundo que la violencia sólo genera violencia.
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