El caso Mercasevilla ha explosionado a las puertas de la campaña electoral de las municipales de mayo y amenaza con aguar la fiesta al PSOE en la semana en la que va a celebrar su convención nacional precisamente en Sevilla. El panorama ha cambiado radicalmente a raíz dos acontecimientos producidos en la última semana.
Por un lado la declaración ante la policía de Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de la Junta con tres consejeros diferentes, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, en la que desveló que la Junta tenía un “fondo de reptiles” de al menos 650 millones de euros para pagar los eres.
Guerrero admitió que las ayudas no eran tramitadas como subvenciones regladas que debiesen ser aprobadas por el Consejero de Empleo, en caso a ser inferiores a tres millones de euros, o por el Consejo de Gobierno si superaban dicha cantidad. Guerrero no habló sólo del ERE de Mercasevilla, sino de otros muchos tramitados durante años a través de este procedimiento. La expresión utilizada por el ex director general de Trabajo hace alusión a la utilización de dinero público de manera secreta por el poder para comprar voluntades.
La fórmula presuntamente utilizada consistía en efectuar un concierto con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y se transfería directamente la partida presupuestada de la Tesorería de la Junta a la caja del IFA, desde donde se efectuaban órdenes de pago en función de los ingresos que se iban obteniendo y de los compromisos adquiridos.
La Junta, a través del actual Consejero de Empleo, Manuel Recio, ha negado tajantemente la existencia de dicho fondo ilegal, advirtiendo que las declaraciones de Guerrero son “interesadas y de parte”. Las declaraciones de Recio al respecto son dignas de ser analizadas en profundidad, ya que ha sido tajante en lo relativo a su gestión personal –“con este consejero todos los procedimientos son legales”, ha afirmado-, sin embargo, en lo referente a las actuaciones de sus antecesores, y aunque defendió la legalidad de las mismas, dejó abierta la puerta a la duda al afirmar que “Desde 2001 a 2009 no hay ninguna ilegalidad que yo conozca, pero si hay alguna y yo tengo conocimiento, informaré al juzgado
El otro elemento que ha desbocado el caso ha sido la aparición en escena de un informe de la policía y un auto de la juez Alaya donde se habla por primera vez de “trama organizada” y que abren dos nuevas líneas de investigación. En su auto, la juez ve claros indicios de la participación de al menos un alto cargo de la Junta y ordena que se investigue a otras empresas como Hitamasa o Río Grande. En el informe policial se habla de una trama de “hombres de paja” dedicada al cobro irregular de las jubilaciones.
De esta manera, los ERE se han convertido en una espada de Damocles para los socialistas que amenaza con emponzoñar hasta las trancas la campaña inminente. Los populares ya han echo saltar a la palestra las figuras del alcalde y de Zarrías, lanzando acusaciones de que “están hasta las trancas”.
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