Por Juan Alonso
No pasa un día que no haya novedades desde que la revista Veintitrés, en febrero, antes que nadie, reveló la lista completa de los más de cuatro mil agentes de civiles y militares que trabajaban para las mazmorras de la dictadura en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Un documento histórico que tardó 27 años en salir a la luz y se hizo por medio del Archivo Nacional de la Memoria que lo entregó a la Justicia para que desande el hilo de los nombres que aparecen allí.
En varias provincias, es el caso de Entre Ríos, entre otras (ver en páginas el caso de otras localidades del país) se conocieron los nombres de personajes que eran agentes y que fueron los resposables de varias desapariciones de estudiantes en esos años de terror.
Entre Ríos2
El cable de la agencia EFE, bastante claro, para que se entienda lo importancia de las revelaciones que ayudan a comprender la historia reciente de nuestro país.
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) acaba de entregar a la Justicia valiosa documentación sobre el Batallón 601 que permitirá, por primera vez desde el retorno de la democracia, conocer las identidades de los militares y civiles que trabajaron para la inteligencia militar durante la dictadura.
El paso ha sido posible gracias al decreto de desclasificación de información secreta del Ejército referida al periodo 1976-1983 dictado a primeros de enero por la presidenta, Cristina Fernández, atendiendo al “derecho de la sociedad a conocer su pasado”.
Los documentos, entregados al juez federal Ariel Lijo -el primero en condenar a personal militar por delitos cometidos en la dictadura-, contienen información sobre 3.952 civiles y 345 oficiales del Ejército que trabajaron para el Batallón 601, explica en una entrevista con Efe el presidente del Archivo, Ramón Torres Molina.
“La información del 601 se distribuía entre los distintos cuerpos del Ejército y todo el personal de inteligencia militar se desempeñaba en centros ilegales de detención”, agrega.
El Batallón, relata el presidente del ANM, reclutaba a informantes civiles avalados por personal militar o por otros agentes.
El personal civil se elegía en todo tipo de actividades, desde profesores universitarios a trabajadores de maestranza (porteros, conserjes, empleados de mantenimiento en edificios), pasando por choferes, ex integrantes de las Fuerzas Armadas o jóvenes que habían terminado el servicio militar.
Los agentes civiles reunían información o se infiltraban en grupos guerrilleros y organizaciones de derechos humanos, cobraban del Ejército y estaban divididos en categorías que se repartían en análisis de datos, grupos de apoyo e infiltrados con seudónimos -cuyas iniciales coincidían con las de sus verdaderas identidades- que podían alcanzar el equivalente al grado de coronel.
Torres, que rechaza desvelar nombres de los integrantes del Batallón mientras la Justicia analiza la documentación, admite que esta estructura fue creada a principios de los años 70 y se mantuvo al menos hasta 2000, cuando el Ejército despidió a unos 500 agentes civiles de inteligencia y disolvió el Batallón 601.
Algunos de sus responsables han muerto y otros han sido procesados o están pendientes de juicio, aunque el funcionario reconoce que hay también numerosos miembros libres.
El juez Lijo procesó a varios de sus cabecillas, como el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, los ex militares Jorge Arias Duval, Carlos Fontana, Juan Carlos Gualco, Pascual Guerrieri, Santiago Hoya, Waldo Roldán, Julio César Bellene y Antonio Simón.
Entre los procesados figura Claudio Scagliusi, extraditado desde España por su participación en la “Operación Murciélago”, por la que el Batallón desbarató en 1980 la llamada “contraofensiva” del grupo guerrillero Montoneros e hizo desaparecer al menos a una veintena de militantes.
El Batallón actuó también fuera de las fronteras argentinas, con operaciones en países limítrofes, como en las que participó José Osvaldo Ribeiro, procesado por la desaparición de un joven chileno-francés en 1975 y señalado por organismos de derechos humanos como instructor de “contras” en Centroamérica.
La desclasificación de esta documentación constituye un importante paso en el proceso abierto en Argentina para esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, aunque Torres reconoce que el camino es largo y difícil, especialmente por la falta de pruebas documentales.
“En 1983, el Comando Jefe del Ejército ordena la destrucción de toda la documentación relacionada con la llamada guerra contra la insurgencia por decreto”, recuerda el presidente del ANM, convencido de que “existe mucha documentación, pero no ha aparecido”.
“Creemos que hubo documentación que fue microfilmada y guardada en algún lugar, fuera del poder del Estado y fuera del país”, apunta Torres, quien sospecha que “el material pudo haber pasado por España y encontrarse en Suiza”.
Sin embargo, admite que la colaboración mantenida con autoridades y organizaciones humanitarias en ambos países no ha confirmado esta hipótesis, aunque no pierde la esperanza y sostiene que “algún día” aparecerán esos documentos.
Mientras tanto, los 160 empleados del Archivo continúan con su trabajo de conservación e investigación entre las más de 4 millones de hojas digitalizadas y los miles de legajos resguardados en la institución para buscar pruebas sobre los delitos de una dictadura que dejó más de 30.000 desaparecidos.
Agencia EFE
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