El Partido Popular murciano ya ha comenzado la campaña electoral. Y lo ha hecho a lo grande, centrando la atención nacional. Siguiendo los ejemplos de la Comunidad Valenciana, han removido el granero de votos con la paleta de la corrupción, como si los aires mediterráneos que soplan por Castellón, Valencia o Alicante se hubieran trasladado como un vendaval un poco más al sur.
No sé si lo que desde hace años viene sucediendo en el levante español forma parte de los estudios en las facultades de sociología o de ciencias políticas. Pero a veces se hace difícil comprender cómo a medida que crece el número de casos relacionados con la corrupción de todo tipo (desde los fitosanitarios hasta el tratamiento de residuos, pasando por la organización de eventos), a medida que aumenta el número de imputados, a medida que las pruebas y las acusaciones se amontonan en los tribunales, crece casi proporcionalmente el número de votos recibidos por aquellos que son señalados por el dedo de la justicia. ¿Los ciudadanos han aceptado estas prácticas como inherentes a la actividad política? ¿El "todos son iguales" ha calado tan hondo? Todavía quiero creer que no es así. Y, desde luego, todos no somos iguales.