La cartilla Covid de Ayuso

LOS POLÍTICOS NO tienen por qué saber de todo. Es lo normal. Para el desempeño de sus altas tareas y atribuciones, disponen de equipos suficientemente preparados que son los encargados de guiarles en sus decisiones. En el bien entendido de que, incluso las cuestiones puramente técnicas son opinables y de que no hay decisiones, ninguna, que sean del agrado de todos. Hagan lo que hagan, nuestros servidores públicos están sometidos al escrutinio constante de la gente, por no citar las redes sociales, que esa es otra historia.

A los periodistas también nos pasa como a los políticos, que tampoco tenemos por qué saber de todo. Viene todo esto a cuento, como reza en el título de este post, de la propuesta de Isabel Díaz Ayuso para que la Comunidad de Madrid ponga en marcha de forma experimental una cartilla Covid, similar a la internacional de vacunación, donde quede constancia documental de qué pacientes han pasado la enfermedad y han generado anticuerpos.

El objetivo de la presidenta madrileña era que las personas que han generado anticuerpos, y que supuestamente no pueden contagiar ni ser contagiadas, vayan recuperando una cierta normalidad en el acceso, por ejemplo, a espacios cerrados como gimnasios, museos o cines sin necesidad de extremar las medidas de seguridad. La idea inicial, a falta de otras concreciones, es que el proyecto piloto pudiera estar operativo en septiembre.

Lanzado el globo sonda, las reacciones negativas fueron casi inmediatas al constatar que, al margen de los problemas legales, ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo y que diversos estudios científicos y expertos desaconsejan este pasaporte sanitario. Desde ese momento, el Gobierno regional empezó a pensar cómo limitar el alcance de la idea. Entre otras cosas porque ya se había llegado a la conclusión de que los anticuerpos desarrollados por el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar entre cuatro y ocho semanas, de tal forma que la inmunidad contra el patógeno no sería tan prolongada como cabía imaginar.

"Tiene bastante lógica" que se empiece a poner "nombre y apellidos a quién está protegido y a quién no puede estarlo", subrayó la presidenta, además de indicar que "saber quién tiene el virus y en qué situación nos encontramos cada uno probablemente nos abra las puertas para darnos mucha más seguridad". Pero no habían pasado ni 24 horas de estas afirmaciones cuando el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, precisó que ese certificado de mayor garantía "no es ningún pasaporte de inmunidad" y "no busca generar privilegios ni beneficios en nadie".

"Lo único que busca es tener información ordenada, adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test PCR, pruebas rápidas con su fecha y el resultado, para que esté a disposición de los servicios de salud y para el uso del ciudadano si lo considera oportuno", puntualizaba Aguado tras admitir la evidencia de que tener anticuerpos no significa que no los puedas perder. Como registro o base de datos para tomar decisiones epidemiológicas, la cartilla en cuestión puede resultar de gran utilidad, cualquier otra aplicación sobre las supuestas ventajas resulta más que cuestionable.

Falta por saber si la idea partió por los expertos de Salud Pública de la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero, donde seguramente habrá opiniones diversas, o fue una decisión política. En todo caso, sea como sea, hay demasiadas incertidumbres -y la propia Díaz Ayuso es consciente de ello−, como para que una Administración pública pueda garantizar a alguien que por el hecho de haber superado la enfermedad pueda tener una realidad epidemiológica distinta al resto de la población.

En estos tiempos tan inciertos que nos ha tocado vivir, tal vez no sea mala idea dejar las decisiones médicas y científicas en manos de quienes saben y que nuestros políticos se dejen guiar por ellos, aún a riesgo de que no todos los días sean noticia.