La casta del castor.

Lo que se denomina capitalismo del palco del Bernabéu es en realidad una casta de dirigentes de grandes empresas que son privadas, pero viven a costa de la ciudadanía bajo protección y ayuda gubernamental, mediante estafas legales como las licitaciones de obras inútiles o suntuarias, la prestación de servicios de baja calidad y altísimo precio, las autopistas de peaje que antes de quebrar son rescatadas con dinero público, y otras, todo ello con el apoyo, colaboración y protección de los gobiernos de España, de cualquier color. Es decir, son empresas privadas, pero que no existirían sino controlasen al más puro estilo soviético a los gobernantes y los presupuestos generales del Estado.

El caso del proyecto Castor, que usa una plataforma petrolífera para rellenar de gas natural una ya agotada bolsa de petróleo, es un excelente ejemplo de la inoperancia y servilismo de los gobiernos de España frente a una casta que está ordeñando a la ciudadanía de este país como simples vacunos hasta límites increíbles, que es responsable principal de la especial virulencia de la crisis en España y que pretenden seguir explotándonos a fondo y a su antojo.

Las noticias sobre el proyecto y sus graves consecuencias han ido apareciendo en la prensa a lo largo de varias semanas, y no sé si a propósito o por casualidad, que yo sepa, ningún medio de comunicación ha relacionado la historia completa del proyecto, probablemente porque ver todas las barbaridades juntas pone los pelos de punta y evidencia que alguien en la Administración y en las empresas implicadas debería pagar muy cara esta y otras barbaridades.

Voy a intentar resumir esta historia completa con la información que he pillado aquí y allá. En el 2005, varios años después que el grupo promotor de la plataforma Castor anunciase sus intenciones el Observatorio del Ebro, miembro del CSIC, ya advirtió, refiriéndose al proyecto, del elevado riesgo sísmico y la peligrosidad de inyectar gas en la falla de Amposta. En el 2006, siendo Montilla el Ministro correspondiente, se propone la operación al Ministerio de Industria, con un presupuesto inicial de 700 millones de Euros, que es favorablemente acogida. En el 2008 con Miguel Sebastián de Ministro de Industria, se aprueba definitivamente el proyecto, parece ser que con el mencionado presupuesto de 700 millones, no haciendo ni caso de la propuesta del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, que basándose en la advertencia del Observatorio del Ebro planteó un informe del Institut Geologic de Catalunya sobre posibles riesgos sísmicos, y sin que el Ministerio analizase a fondo las posibles consecuencias o pidiese segundas opiniones. En octubre 2009 el proyecto recibe la definitiva luz verde al ser aprobada la declaración de impacto ambiental, de nuevo sin comprobación sísmica alguna. La planta de tratamiento del gas en tierra y todo el proyecto se basa exclusivamente en la Comunidad Valenciana porque la oposición al mismo no era tan importante y masiva como en Catalunya, probablemente debido a la opinión del Observatorio del Ebro. Para formalizar la aprobación del proyecto, y a pesar de que en su totalidad es desarrollado por empresas privadas sin participación del Estado, por Real Decreto se aprueba la concesión administrativa en la que se incluye una peculiar y sospechosa clausula de salvaguarda para los promotores. Alrededor de Enero 2013 se inicia la fase de pruebas de la plataforma y en junio 2013 empiezan las operaciones de llenado de la bolsa, y casi de manera inmediata empiezan los temblores de tierra en toda la zona. Después de unas semanas en que el Ministerio de Industria mantiene en secreto información relevante sobre el problema, finalmente se organiza una reunión en el Ministerio donde se invita a los municipios afectados de Castellón y a la Generalitat Valenciana, pero solo se invita a la Generalitat de Catalunya y ni a un solo representante de los municipios catalanes afectados, según parece en base a que en el lado castellonense de la costa es donde está situada la planta de tratamiento de gas en tierra. Todos los municipios afectados exigen la anulación de la autorización y la cancelación del proyecto, a lo que el Ministro de Industria responde que en caso de tal cancelación el Estado deberá indemnizar a las empresas implicadas con el coste total del proyecto que asciende a cerca de 1.800 millones, dos veces y media el presupuesto inicial.

Hasta aquí el resumen y a partir de aquí mi sumamente desfavorable opinión. En un proyecto cuyo trámite se inicia justo cuando empezaba la crisis y se aprueba cuando ya estábamos en plena crisis, cuando la catastrófica Elena Salgado veía brotes verdes, y la crisis de la deuda ya repuntaba, se autoriza sin ningún control sobre sus consecuencias y con garantías de cobertura de su inversión, ocurra lo que ocurra, para la empresa concesionaria. Esto se hace cuando el país ya se estaba quedando sin un duro y a sabiendas que no solo no se habían hecho las mínimas comprobaciones, sino que se habían silenciado opiniones en contrario muy autorizadas. Solo por este hecho, en un país normal las explicaciones deberían llenar varios tomos y varios altos cargos públicos y privados tendrían que pagar indemnizaciones y probablemente pasar una temporada en la cárcel.

Para mi es incomprensible que lo único que se les ocurre hacer con la opinión del Observatorio del Ebro es taparles la boca. Demostración clara que en nuestra desastrosa Administración Pública, que ni el PP ni nadie quiere reformar, cuando las órdenes vienen de arriba y/o del palco del Bernabéu, el interés y la seguridad de los ciudadanos es despreciable, desechable y no cuenta absolutamente para nada.

Si el proyecto lo desarrollaban empresas privadas, si la extracción o importación, el almacenamiento y la distribución de gas en España lo llevan a cabo solo empresas privadas, y si el Estado no participa en ninguna de estas compañías ni en el proyecto Castor. ¿A qué viene conceder una clausula de salvaguarda total a los promotores de Castor?. En las concesiones administrativas sin trampa las clausulas de salvaguarda se utilizan para garantizar que los concesionarios desarrollarán el proyecto correctamente y prestarán el servicio tal como se les ha autorizado. Como ocurre en otros casos, en España se hacen las cosas al revés, y una clausula de salvaguarda se transforma en la mejor garantía de rentabilidad de inversiones del mundo, haga lo que haga el gestor. Por cierto, dos plataformas similares Yela y Gaviota autorizadas con anterioridad a Castor y ya operativas en el Cantábrico no disfrutan de dicha clausula en su concesión, seguramente porque se encuentran en una zona sin riesgo sísmico.

Pero la cosa es peor todavía. Cuando se autorizó el proyecto el Ministerio no hizo prácticamente comprobación alguna, mientras la empresa concesionaria dice haber invertido nada menos que ocho millones de Euros en analizar los riesgos geológicos del proyecto sin que detectasen nada negativo. Creo que no hace falta ser un lince para imaginarse que sabían de antemano que había un cierto riesgo más o menos elevado de problemas sísmicos y alguien pensó que si conseguían que sus subordinados en el Ministerio de Industria incluyeran la famosa clausula en la concesión, seríamos nosotros, los ciudadanos, los que pagaríamos los riesgos del proyecto y encima les proporcionaríamos un descomunal beneficio. Porque el baremo para establecer la indemnización no es el presupuesto, que habría sido lo lógico, sino nada menos que el capital invertido y todavía no amortizado, según la contabilidad de la empresa, que encima no está sujeta a control alguno por parte del Ministerio. Como que la empresa acaba de iniciar su actividad la cifra de inversión no amortizada es máxima, y encima supone dos veces y media el importe del presupuesto inicial, lo que suena a globo sumamente hinchado, más todavía cuando el presupuesto se presentó antes del inicio de la crisis mientras la inversión se ha llevado a cabo en plena crisis con precios y salarios estabilizados o a la baja. De cerrarse la plataforma ahora y pagarse la indemnización será una de las operaciones más rentables de la historia mundial de la industria del petróleo, y sin extraer ni una gota. Este país tiene una ilimitada capacidad de innovación en lo que se refiere a chorizadas.

En resumen, en un proyecto donde no se controla ni se comprueba nada, se concede autorización con una clausula que permite a la empresa explotadora actuar y gastar como le venga en gana porque nadie les controla, para que si al final hay problemas, nosotros no solo paguemos la fiesta, además esta se transforma en un inmenso negocio sin riesgos.

El Ministro de Industria actual Sr. Soria, ha hecho lo que debía al plantear una demanda judicial contra la famosa clausula, pero se trata de un brindis al sol totalmente inútil porque la concesión está estructurada de tal forma que si los inversores en la plataforma no recuperan su inversión a través de la indemnización, la recuperarán de todas formas a través de un recargo en la factura del gas. Además, en relación con la demanda del Ministerio de Industria hay un hecho curioso y preocupante. En Julio del 2012 el Ministerio de Industria oportunamente presentó ya la demanda contra la famosa clausula de salvaguarda porque se cumplía el plazo de cuatro años que es el límite legal para denunciar una concesión de este tipo, pero el Tribunal Supremo la rechazó en base a que no había “peligro de daño irreparable”. Es decir, si un constructor, mediante una clausula fraudulenta, se exime contractualmente a sí mismo de toda responsabilidad al hacer una obra no se le puede denunciar porque la obra no se ha hundido todavía. Si había alguien que todavía no estaba convencido de que en España no hay Altos Tribunales sino que de tan bajo que vuelan son subterráneos para que nadie pueda ver lo que hacen en realidad, aquí tiene un buen ejemplo.

Lo que con toda probabilidad en un país civilizado acabaría en el juicio del siglo y poniendo en apuros al gobierno, en España no ocurre nada, nadie es responsable de nada, y los responsables directos no solo no pagan indemnizaciones sino que las cobran por cifras astronómicas, con cargo al bolsillo de todos. ¡¡Y que Viva España señores!!

Realmente los españoles tenemos un aguante casi ilimitado y no reaccionamos por más que nos tomen el pelo y se burlen de nosotros jugando con el dinero de todos, pero no quiero perder la esperanza de que algún día nuestra infinita paciencia se agote y mandemos donde corresponde a un sistema político corrupto y tremendamente ineficaz que hace tiempo que pasó a peor vida. Mientras tanto, votemos a quien votemos seguirá mandando el mismo maldito conglomerado oligarca financiero-político-mediático que vive y crece a cuesta nuestra y espera que continuemos cumpliendo con nuestra obligación, es decir, obedecer, votar, pagar y callar.

Y encima el Sr. Rajoy diciendo que los recortes se han repartido de manera justa. Algunos barbudos no se afeitan porque su cara tremendamente dura no se lo permite.