La censura histórica

La reflexión crítica del devenir histórico desde la perspectiva octogenaria de sus testigos; ofrece a la disciplina sociológica un instrumento esencial para conocer la realidad social del acontecimiento pasado, mediante el análisis presente del discurso.
La Ley de Memoria Histórica ha permitido aflorar, a través de distintas convenciones oficiales, el testimonio intrahistórico de cientos de mayores, que subidos a la tribuna de un salón de actos, han cuestionado desde su perspectiva diacrónica, la veracidad del discurso oficial emitido por la historiografía contemporánea.
El derecho a la identificación de los restos humanos y su distinción lapidaria en nichos de propiedad privada, ha paliado el dolor de sus familiares pero no ha sido suficiente para cerrar el discurso científico de la causística histórica.
Las connotaciones sociales y económicas de la pasada contienda cívil influyen, junto con la cuantía de las pensiones, en el comportamiento electoral de nuestros mayores.
El régimen dictatorial del General Francisco Franco (1939 – 1975), legitimidado por “la gracia de Dios”, trajo consigo una dura represión contra la disidencia republicana, durante los años posteriores al conflicto.
El testimonio intrahistórico oral de nuestros octagenarios, ha conseguido acercarnos a ese marco temporal de atrocidad y atentado contra los derechos fundamentales; que la historiografía reciente no ha sabido plasmar en su discurso oficial.
La transmisión oficiosa del conocimiento histórico popular a través de la palabra hablada; “El paseillo”, “las camarillas”, “los mquis”, “la homsexualidad como delito”, “la censura cinematográfica”, “la educación en valores cristianos”, “el hambre”, “la persecución de los rojos”, “fusilamientos”, “la emigración”, “el exilio”… ha permitido a sociólogos y politólogos, la construcción de un discurso paralelo y subjetivo de la verdad histórica, mediante la agregacón de múltiples perspectivas individuales.
La destitución del Juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo, ante la admisión del recurso interpuesto por “Falange Española de las JONS”, ha truncado la intencionalidad judicial de cerrar el discurso oficial historiográfico y la justicia social con el pasado.
Con un sistema electoral representativo y un Estado de Derecho, basado en los postulados teóricos de Montesquieu (1689-1755), es totalmente lamentable que las instituciones judiciales españolas hayan obstaculizado la independencia científica del poder histórico.
La causa por la instrucción de los juicios de “Núremberg españoles”, llamados así por parte de la doctrina, ha quedado archivada en las estanterias del Tribunal Supremo. El ocultismo del conocimiento a la sociedad nos recuerda a la novela “El nombre de la Rosa”, de Umberto Eco, ambientada allá por el Siglo XIV, cuando millones de campesinos analfabetos, eran apartados de la verdad y sometidos al imperio de las creencias.