La clase política debe abandonar el poder de inmediato

Nueva  celebración del parto constitucional de 1978. Rito convencional al que sólo faltaba un despliegue de cadenetas y banderolas de papel con los colores de las diecisiete taifas y farolillos con los logotipos de los partidos para confirmar su carácter verbenero. Y con José Bono como animador del cotarro que tanto le va, ya que nació genéticamente marcado para el pasteleo y nadie es capaz de mojarle la oreja en ese menester. Allí estaba la tropa política que ha convertido la jaleada y alabada Constitución en papel recomido por las ratas que la festejan. La sonrisa de Rodríguez, roedor mayor del poliédrico Reino de España, con permiso de Rubalcaba, ponía el estrambote de la indignidad democrática en tan enfatuada concurrencia. Me preguntaba ante tan jocoso espectáculo cuantos millones atesoraban los allí reunidos en sueldos, canonjías e ingresos opacos.
Nació la Constitución de 1978 como si fuera un niño adulterino con espina bífida en su versión más grave y genética herencia cancerígena. La democracia partitocrática que la propulsó era hija legítima del régimen de Franco y de la aplicación de sus Leyes Fundamentales, una forma de constitución abierta. No sólo en lo que concierne a la sucesión en la Jefatura del Estado mediante la instauración de una nueva Monarquía hereditaria cuyo titular juró las Leyes Fundamentales del régimen del que provenía. Que fuera un Borbón carecía de relevancia histórica y dinástica, una vez que se trataba de una instauración y no de una restauración. La Ley de Reforma Política formaba parte de las previsiones constitucionales del régimen de Franco.
Las Cortes Generales ordinarias se atribuyeron la condición de Cortes Constituyentes, argucia contraria a Derecho Político y Constitucional. Debieron disolverse y convocar nuevas elecciones con carácter de constituyentes. El sistema político surgido de la Constitución de 1978 estaba aquejado de ilegitimidad de origen. Asistimos sin duda a un golpe de Estado, o autogolpe si se quiere, con pantomimas  revolucionarias en la forma.
No fueron expertos constitucionalistas los llamados a redactar la nueva constitución. Lo fueron representantes de unas y otras facciones políticas poco dotadas para el rigor y la cautela requeridos por el ensamblaje de una Carta Magna susceptible de promover una verdadera democracia participativa que facilitara una saludable convivencia y una general voluntad de ganar nuevos y prometedores horizontes. Se optó por el conchaveo, el chalaneo ( y la posibilidad de robar al sacar todo real posibilidad de exigir cuentas y responsabilidades), presididos por la obsesión de ocultar y barrer cualquier atisbo de un franquismo del que institucionalmente  provenía la inmensa mayoría, después auto etiquetados de demócratas. Prevaleció el antifranquismo. La Constitución más pareció salir de una churrera que de una orquesta bien ajustada y armónica.
Menudean ahora, siete lustros más tarde, quienes señalan preocupados que tantos de los males que nos aquejan en materia territorial, institucional, funcional, parlamentaria y de crispación provienen de aquel desajustado y contradictorio texto constitucional en el que tantas manos e inspiraciones intervinieron desde secretos baluartes de secta, de internacionales e incluso de concretos servicios de inteligencia. También surgen recrecidas voces que reclaman una reforma de la Constitución de 1978 susceptible de reconstruir un Estado democrático de Derecho, no sólo en lo que concierne a la recuperación de la unidad nacional, carcomida por el virus taifal de un confederalismo incoherente. Pero lo cierto es que esa Constitución no es válida si se quiere dar responsabilidades políticas a la sociedad, a los españoles, para que decidan su futuro y se responsabilicen de sus actos.
En fin, está clarísima la radiografía de la frustración de las expectativas democráticas a manos de unas promociones de bajo nivel intelectual, mediocridad profesional y arribistas cuya inanidad se nutre de un enfermizo y vengativo sectarismo. El mejor retrato de la casta que nos desgobierna y nos conduce al precipicio lo ha dado hecho la Leire Pajín . Me refiero a la respuesta de la actual ministro de Sanidad al ser preguntada por la anomalía del nombramiento de una simple auxiliar para un puesto de dirección para el que no está capacitada: “La ministra puede nombrar a quien le salga de los cojones”.
Por cojones proclamó el gobierno el estado de alarma que ahora pretende prorrogar dos meses más, también por cojones. Es incapaz esta gentuza de domeñar el gen totalitario inseparable de los mediocres anclados en el sectarismo. Era innecesario si no hubiese existido la previa determinación de provocar la reacción defensiva de los controladores. Incluso el fiscal general del Estado advirtió de la posible inconstitucional de la medida, amén de su inoportunidad. Pero vaya usted con ataduras legales a quienes de las violaciones constitucionales han hecho hábito de conducta. El estado de alarma no es coherente con la naturaleza del conflicto que se pretendía atajar. Esconde otros objetivos de coerción de libertades básicas que no tardarán en comparecer. Este primer ensayo tiene no poco de añoranza de la Ley de Orden Público de la República a cuyo ampro estuvieron suspendidas durante largo tiempo las garantías constitucionales.
Han quedado en evidencia, y deben abandonar pacíficamente el poder usurpado a la sociedad española. Cuanto antes mejor para todos.