La Comunidad de Madrid rechaza sancionar al Obispado de Alcalá por sus terapias.

El obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid rechaza sancionar al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por sus terapias “para curar la homosexualidad”. Hace tres años, el obispo desarrolló una serie de terapias en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina Familiar, servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares. La Consejería se negó a condenar al obispo tras considerar que la grabación “puede afectar al derecho de la intimidad cuando el contenido de lo grabado afecte a parcelas periféricas de la grabación”. La administración opinó que el derecho a la información ejercido por un periodista podía justificar la investigación, pero “aplicado al canon de proporcionalidad en su contraste con los derechos fundamentales a la intimidad de las personas afectadas”. De esta forma la administración de la Comunidad de Madrid daba por finalizada el periodo de información previa que comenzó el 2 de abril, por el que se negava a sancionar al obispo en el marco de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia

El diputado de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha denunciado la decisión del Gobierno de Ayuso respecto a las “mal llamadas terapias ilegales en la Comunidad de Madrid”. Rubiño lamentó el fallo del Gobierno regional al cerrar la investigación a pesar de las pruebas “de todo tipo”, por lo que desde su partido aseguraba que recurrirán la sentencia. “Nosotros vamos a interponer un recurso de alzada para que se corrija esta decisión que es completamente incomprensible”, señalaba el diputado desde su cuenta de Twitter.

El militante del partido de Mónica García también pidió una comparecencia de la titular de la Consejería, Concepción Dancausa, ante el pleno para “explicar por qué se tomó esta decisión aberrante de dejar impune una cosa tan grave como una terapia para 'supuestamente' curar la homosexualidad”. Rubiño recordó que estas prácticas ilegales están penadas “con hasta 45.000 euros de sanción”.