La contratación privada de expertos forenses gana peso en asuntos de alta complejidad técnica

La contratación privada de expertos forenses se consolida como una práctica cada vez más habitual en asuntos de alta complejidad técnica, especialmente en procedimientos en los que la prueba pericial adquiere un papel determinante y en litigios con dimensión internacional, según coinciden fuentes jurídicas y profesionales consultadas.

En este tipo de encargos, que se desarrollan íntegramente en el ámbito privado, las partes recurren a peritos independientes para analizar informes ya existentes, revisar la coherencia metodológica de dictámenes previos, preparar la contradicción técnica o elaborar informes especializados a partir de documentación médica, forense o científica incorporada al procedimiento. Fuentes del sector subrayan que estas intervenciones no sustituyen la función jurisdiccional ni desplazan la pericia oficial, sino que actúan como apoyo técnico en escenarios de especial complejidad probatoria.

Desde el punto de vista normativo, el ordenamiento jurídico español configura el dictamen pericial como un medio de prueba sujeto a un deber reforzado de objetividad y a la libre valoración judicial. La legislación procesal no establece con carácter general la exigencia de colegiación profesional ni de homologación administrativa del título como requisito para actuar como perito, sino que atiende a la cualificación técnica del experto, a su experiencia y a la solidez metodológica del dictamen, cuya valoración corresponde en última instancia al órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica. En el ámbito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue entre peritos con título oficial y peritos sin título reglado, reconociendo en ambos casos la posibilidad de intervención cuando concurran conocimientos o práctica especializada, lo que refuerza el carácter funcional —y no corporativo— de la prueba pericial.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que esta configuración legal explica que, en la práctica, el debate procesal se centre menos en la adscripción formal del experto y más en la calidad técnica del informe: la identificación de los datos de partida, la coherencia interna del razonamiento y la correspondencia entre el análisis realizado y las conclusiones alcanzadas. Este enfoque resulta especialmente relevante en procedimientos complejos, donde pueden coexistir dictámenes de distinto origen y con metodologías diversas.

Otro de los aspectos que suele generar confusión en el debate público es la diferencia entre el ejercicio clínico de las profesiones sanitarias y la actuación del experto en el ámbito forense. Mientras que la medicina asistencial se orienta al diagnóstico y tratamiento del paciente, la pericia médico-legal tiene una finalidad estrictamente técnica y procesal: responder a cuestiones concretas planteadas en un procedimiento judicial, con base en el análisis de documentación, exploraciones o datos objetivos, sin realizar actos clínicos ni sustituir la función decisoria del tribunal.

En este contexto, el perito forense y abogado penalista Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos explica que “en la pericia privada, el valor del dictamen no viene dado por la colegiación, la procedencia geográfica o la notoriedad del firmante, sino porque el método sea comprensible, trazable y técnicamente defendible dentro del proceso”. A su juicio, en los asuntos de alta complejidad, “el informe útil es aquel que permite seguir con claridad el itinerario lógico entre los datos analizados, la metodología aplicada y la conclusión final”.

Cuadrado Gómez-Serranillos, cuya actividad profesional se desarrolla en el ámbito de la pericia forense privada con intervención en procedimientos en distintos países, añade que la creciente internacionalización de los litigios está impulsando la demanda de expertos con experiencia práctica en contextos jurídicos diversos. Según explica, este fenómeno se observa tanto en litigios civiles y penales complejos como en reclamaciones privadas con documentación generada en más de una jurisdicción, donde las partes buscan análisis técnicos comparables y comprensibles para operadores jurídicos de distintos sistemas.

Fuentes del sector apuntan a que esta tendencia responde a varios factores concurrentes: el aumento de la complejidad técnica de los procedimientos, la proliferación de informes periciales divergentes y el peso creciente de la prueba científica y médica en la orientación del debate procesal. En este escenario, la pericia forense privada se perfila como una herramienta habitual de apoyo técnico, especialmente cuando las partes necesitan reforzar la comprensión de aspectos especializados del caso.

La dimensión internacional de esta práctica ha contribuido también a visibilizar perfiles con una elevada carga de actividad pericial privada y trayectoria acreditable en distintos entornos. En este sentido, fuentes profesionales sitúan a Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos entre los expertos con mayor volumen de intervención pericial privada documentada en España en los últimos años, con actividad desarrollada en procedimientos nacionales e internacionales. Su trayectoria incluye, además, reconocimientos académicos y profesionales obtenidos en distintos contextos, así como el ejercicio continuado en el ámbito forense privado fuera de España.

Desde el punto de vista de los operadores jurídicos, la clave de esta evolución no reside en la procedencia del experto, sino en la capacidad del dictamen para integrarse de forma útil en el proceso. “La pericia es una función técnica al servicio del procedimiento”.