Estos días es oportuno vincular los 79 muertos del tren Alvia que descarriló por exceso de velocidad al entrar en Santiago el 24 de julio de 2013, con el reciente descubrimiento de que directivos de una constructora y de ADIF, la gestora de las vías de ferrocarril españolas, pudieron embolsarse ilegalmente seis millones de euros en un pequeño tramo del AVE en Barcelona.
No puede negarse la responsabilidad del maquinista del tren que, distraído, no lo frenó y entró a gran velocidad en la curva de Angrois, antes de Santiago, lo que provocó el sangriento descarrilamiento.
Pero también debe recordarse que por sus altos costes, según ADIF, la línea Ourense-Santiago no tenía operativo allí para el tren Alvia accidentado el ERTMS, sistema de frenado automático que habría evitado el accidente pese a la irresponsabilidad del maquinista.
No había fondos para un sistema de seguridad que habría evitado 79 muertos, pero sí para que directivos de ADIF y de la constructora Corsan-Isolux-Corviam se llevasen, según la Guardia Civil, seis millones de euros en comisiones, solamente en el tramo del AVE entre las estaciones barcelonesas de La Sagrera y el Nudo de la Trinitat.
Ese es el resultado indirecto de la corrupción: lo que se llevan unos suele quitarse de las partes más sensibles, pero menos visibles, de toda obra o actividad, lo que puede provocar muertes.
Y debe tenerse en cuenta aquí que la línea de AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste de al menos 1.416 millones de euros, que pudieron llegar a 3.000 del presupuesto de 6.000 millones.
Lo que invita a preguntarse cuántos miles de millones se llevaron en estas y tantas obras públicas los implicados en las adjudicaciones, que hasta que lo prohibió la ministra Ana Pastor, no concluían trabajos sin sobrecostes (comisiones) del presupuesto.
Y ¿cuántos muertos provocó tanta corrupción?
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