Se ha escrito en muchos medios y distintos foros que la corrupción en el Partido Popular era generalizada. Es un calificativo que pierde validez a fuerza de uso, y que aflora a la boca de diferentes políticos siempre para denostar a un rival que tampoco tiene mucho más que decir. Así, a raíz de la trama Gürtel, en la que están involucrados políticos populares, se pasa uno de la parte al todo y se supone, sin fundamento, que todos los conspicuos de la formación forman parte del caso y se dejaron seducir por el lado oscuro de la fuerza. Lo peor de todo es que el ejercicio de pureza lo llevan a cabo políticos de un partido socialista no menos cuajado por casos igualmente vergonzantes, como los famosos ERE andaluces, o los negocios del hijo de Chaves, que sirve al Ayuntamiento de Sevilla desde sus empresas, algo que debería estar formalmente prohibido por el vínculo familiar, pero que es tolerable en quienes son portadores del gen de la honradez y la ética.
En las administraciones socialistas siempre hubo casos de corrupción, empezando por el hermanísimo, del que D. Alfonso Guerra se enteró por los periódicos, hasta el terrorismo de estado o el gobernador del Banco de España, que jugaba en bolsa; ahora los ERE sevillanos se unen a otros casos menos populares, como el de Riopedre, que nos resulta mucho más próximo, y forman una colección capaz de sonrojar a cualquier individuo con vergüenza torera, que no política. Es insostenible desde esa postura, una crítica convincente de irregularidades a otros partidos rivales, cuando la triste realidad es que el acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias se produce siempre para determinar la subida salarial de diputados y senadores, y también en el escaso respeto a los bienes públicos del que hacen gala numerosos cargos públicos de uno y otro partido.