La corrupción moral del PP de Madrid: Lucía Figar, la Púnica y la Marea Verde

Lejos quedan ya los días de la Marea Verde madrileña. Se cumplen ahora cinco años de un movimiento de rechazo visceral a las políticas de recorte y de ataque a la escuela pública por parte de una de las administraciones políticas más despreciables de la España democrática: la dirigida por Esperanza Aguirre en Madrid. Aquel verano de 2011, tras años de priorizar la escuela privada-concertada y socavar a la escuela pública mediante una segregación social enmascarada tras una perversa "libertad de elección" (para algunos, claro), el Gobierno de Aguirre, a través de la Consejería de Educación, dirigida por entonces por Lucía Figar (la que buscaba una empleada del hogar que supiese tagalo), y aprovechando la crisis económica y social en la que estaba envuelto el país, entendió que era el momento de golpear con fuerza y sin compasión a la enseñanza pública para que triunfara por fin su modelo de estratificación social a través de la educación obligatoria, un modelo que además conlleva pingües beneficios para un sector privado ávido por obtener un mayor lucro en el negocio de la educación, algo para lo que necesita obligatoriamente la degradación de la enseñanza pública. Con el innecesario aumento de la carga lectiva de los profesores de Secundaria consiguió prescindir de miles de profesores, sobrecargó de horas de guardias y apoyos a los que quedaban, los obligó a multiplicar las materias afines (de las que no eran especialistas) que tendrían que impartir y, en paralelo, continuó aumentando progresivamente las ratios de alumnos por aula, eliminando programas educativos de compensación social para los más desfavorecidos y precarizando y humillando a los profesores interinos. Una jugada maestra que disfrazaron como ejercicio de necesaria austeridad que la crisis económica demandaba. Nada más lejos de la realidad. Aquello suponía tan solo un ahorro anual de 90 millones de euros. En el mismo año que ACADE (patronal de la enseñanza privada) se felicitaba por conseguir aumentar las desgravaciones para los padres con hijos en la enseñanza privada (NO concertada) hasta los 65 millones de euros. Aguirre y Figar no montaron toda aquella operación para ahorrar, no, eso todos lo sabemos ya a estas alturas. La magnitud de los recortes no era en absoluto relevante en lo económico pero sí era trascendente para la realidad diaria de los IES madrileños. Significaba el tiro de gracia a una enseñanza pública que durante los últimos años había tenido que asumir casi en soledad (debido a la competencia desleal de la enseñanza concertada) el enorme desafío que había supuesto el enorme flujo migratorio que había llegado a Madrid en la época de bonanza económica. Con multitud de centros públicos en el alambre social, apenas sostenidos sobre los hombros de algunos docentes dispuestos al voluntarismo para llegar allí donde no llegaba la Administración, la nueva situación sobrevenida era una bomba suciaque los iba por fin a rematar. Los malos docentes ya tendrían la excusa para seguir haciéndolo mal. Y los buenos, desbordados ante la sobrecarga laboral y el desprecio administrativo y social, tendrían que ir dejando de lado todo aquello que no fuera estrictamente obligatorio, ciñéndose a su horario laboral, sin posibilidad de intervenir en la mejora de la convivencia en unos centros que en no pocos casos están normalmente al borde de la explosión social, con aulas repletas y alumnos con muchos problemas. Por eso fueron los docentes los primeros que se dieron cuenta de la enorme gravedad de la sucia maniobra política de Figar y compañía. No salieron a la calle solo por esas horas lectivas de más que suponían otras tantas horas de guardias y apoyo. No, se rebelaron porque, asustados, fueron los primeros en darse cuenta de que estos recortes significaban el principio del fin de la idea de educación pública como un servicio social prioritario, sufragado por todos para dar a los hijos de todos una oportunidad real de futuro. No voy a volver a construir aquí el relato de esa emocionante reacción de la comunidad educativa. Una reacción que fue tan emocionante como, lamentablemente, insuficiente (a pesar de lo que la leyenda cuente). Ya lo conté en tiempo real desde aquel primer post que escribiera a finales de julio de 2011 (profesores encabronados), a través de varios posts en los que reflexioné, me emocioné, dudé y sufrí nuestra lucha y nuestra derrota.
  Porque sí, también perdimos aquella batalla, a pesar de que leyendas bientencionadas defiendan que la Marea Verde resultó de algún modo victoriosa en ella. No es verdad. Fuimos claramente derrotados. La victoria fue para esa derecha cavernaria y rencorosa que gobernaba Madrid y que, al poco tiempo, en noviembre de ese mismo año, cuando la Marea Verde se desinfló exhausta por la incomprensión social, las luchas internas y los continuos ataques a su dignidad, alcanzó la mayoría absoluta con Rajoy y Wert al frente, confirmando que lo peor de la política educativa madrileña se iba a extender al resto de España.
Nada de aquello por lo que se luchó se consiguió. Al contrario. Se normalizó la nueva carga laboral de unos docentes que, desfondados y sin ilusión, bajaron la cabeza y asumieron el sobreesfuerzo abandonando proyectos extraescolares, renunciando a organizar actividades complementarias para sus alumnos e impartiendo materias afines que no dominaban en unas aulas que volvían a estar repletas de alumnos que en demasiados casos presentaban problemáticas sociofamiliares o médicas difícilmente tratables en esas circunstancias. Tras unos meses de activa movilización y de conformación de redes de lucha (ajenas incluso a unos sindicatos adocenados y acomodados), todo terminó diluyéndose ante la fuerza brutal de un enemigo que sacó todas sus armas mediáticas a la calle para destruir el ya escaso prestigio social de los profesores, destrozando sin contemplaciones su reputación mediante la difamación y la mentira. Los mismos a los que años atrás se les llenaba la boca reclamando leyes para defender la autoridad docente.
Y ahora, de repente, se confirma lo que muchos sospechábamos.
Según la Guardia Civil, Lucía Figar pagó con dinero público a la trama Púnica para que montase una campaña en internet y en redes sociales contra la Marea Verde en los momentos más álgidos de aquella lucha social. El objetivo no era solo era mejorar la depauperada imagen de la propia Lucia Figar, sino también difamar a los profesores desde cuentas falsas ya través de medios de comunicación afines y periodistas autónomos. Brutal la desvergüenza. Y los que tenemos memoria recordamos. Y rastreamos las hemerotecas. Y recordamos cómo trató aquella lucha Telemadrid, o Intereconomía. Recordamos las visitas de Figar y Aguirre a estos y a otros medios, mintiendo sin vergüenza, jaleadas por tertulianos enchaquetados, tan dignos ellos, tan serios, tan corruptos, tan miserables. Recordamos las barrabasadas que soltaba por la boca Jiménez Losantos desde su púlpito radiofónico, ese periodista de raza, tan independiente él, tan íntegro. Casualmente siempre babeando en antena por Esperanza Aguirre (¿o era por las licencias que sus gobiernos le daban a Libertad Digital en Madrid?). Libertad Digital, ese medio libre de ataduras, decían, y que al parecer fue financiado con el dinero negro del PP. Qué liberal todo.
Resulta tremendamente ilustrativo unir esta noticia a esta otra que muchos ya habrán olvidado: en pleno conflicto educativo, en octubre de 2011, el PP denunció a diversas asociaciones educativas por la "venta ilegal" de las camisetas verdes. La denuncia la presentaron los que entonces eran Consejero de Asuntos Sociales y Secretario General del PP en Madrid: Salvador Victoria y Francisco Granados... ¿Les suenan?
Salvador Victoria está actualmente imputado, al igual que Lucía Figar, por su relación con la trama Púnica. ¿Y qué decir de Francisco Granados? Solo un apunte, tal vez: al tiempo que denunciaba la venta de estas camisetas al parecer se llevaba mordidas de 900.000 euros por la adjudicación de suelos para colegios concertados. Impresionante. Porque al final, para muchos de ellos, detrás de los ataques a la pública ni siquiera había ideología, sino tan solo miseria moral y ambición de riqueza.
Es todo tan vomitivo, tan repugnante, que el hecho de que esto no vaya a incendiar los centros educativos y solo vaya a generar arrebatos de indignación (como este) a través de Internet explicita a la perfección el lamentable estado de ánimo en el que se encuentra el colectivo docente en estos momentos. Pero hay que recordarlo, hay que repetirlo, tantas veces como sea necesario: con dinero público, con el dinero de nuestros impuestos, también con el dinero de los impuestos de los profesores interinos que despidieron o precarizaron, esta gentuza pagó a una trama corrupta para que machacara a un movimiento social contestario con el poder que solo trataba de defender la enseñanza pública.
Y parece que ya a nadie le importa que sigan gobernando. Ellos o sus herederos.