Conozco a escritores con una gran imaginación creadora que, al llegar a la edad de jubilación, libre de compromisos habituales, intentaron volcarla en la confección de más libros. Los más conocidos y apreciados, ganaron importantes premios literarios. Pero vieron limitadas sus facultades no por su falta de capacidad de crear, más desbordante que nunca, sino por las trabas burocráticas impuestas por un gobierno que no le gusta que los jubilados piensen y creen cuando están jubilados. La reforma legal presentada por el PP (Real Decreto Ley 5/2013) impide a los escritores compatibilizar el cobro de su pensión con los ingresos por derechos de autor de sus propias obras, y amortaja a no pocos creadores jubilados. La reforma legal aprobada por el Gobierno convierte en incompatible a cualquier escritor mayor de 65 años que cobre una pensión de jubilación y, a la vez, pueda percibir ingresos por derechos de autor por su obra publicada y/o ingresar por recitales, conferencias u otras actividades complementarias si estas reportan unos ingresos anuales superiores al salario mínimo interprofesional, es decir, más de 9.000 euros por año. Un verdadero bozal para impedir que cualquier creador pueda seguir viviendo de su creación. Las asociaciones de escritores y entidades de defensa de los derechos de los creadores de todo el Estado se ha puesto en pie de guerra desde el 6 de noviembre de ese año, cuando difundieron el manifiesto “Por el derecho a seguir creando”, en el que piden el cese inmediato de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Ocupación y Seguridad Social que insta a los afectados a escoger entre continuar manteniendo una vida intelectualmente activa o la pensión de jubilación. El Gobierno del PP, ahora en funciones, no les hizo el menor caso y las asociaciones convocaron una reunión en Madrid con objeto de adoptar medidas de presión para que cambie la normativa. Hay un autor que recibió una multa de 100.000 euros, otro que perdió su pensión de 30.000 euros por haber cobrado 15.000 euros por derechos de autor. En Catalunya, sólo el 10% de los autores pueden vivir de lo que escriben (libros, artículos, conferencias, cursos…). La medida causa un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en su última etapa de la vida en que el grado de madurez, experiencia y sabiduría puede ser volcado en mejorar la sociedad, cada vez más necesitada de peso intelectual. Y ser cuidados y no rechazados por obsoletos. Carlos Muñoz, abogado de la Asociación Colegial de Escritores de España, explica que todo esto es muy perjudicial para nuestro país. “En la ACE, tenemos 1.700 socios, el 45% de ellos son jubilados. Que con la actividad intelectual ganen más del salario mínimo interprofesional, tenemos unas 225 personas. Todos pueden ser inspeccionados”.
Colinas: “Pase lo que pase, seguiré escribiendo”.
Colinas suma su voz a la de los escritores que han intensificado sus protestas por esta situación, completamente anómala en el entorno europeo. “España –critica abiertamente– es el único país europeo que hace un disparate así. Si has cotizado a lo largo de un tiempo, la pensión debe ser algo inviolable, es un derecho”, añade el escritor, que explica que, en su caso, el cobrar por derechos de autor y por conferencias y otros actos le ha supuesto una penalización, es decir, un recorte significativo de su pensión. “Sé que esto irá a más si sigo publicando pero, pase lo que pase, seguiré escribiendo”, advierte el creador. Y, aunque prefiere no revelar la cantidad exacta, sí apunta a que su pensión está muy por debajo de los mil euros mensuales. Su caso es delirante pero Colinas apunta que la Asociación Colegial de Escritores se ha encontrado con casos gravísimos. La Seguridad Social ha llegado a reclamar cuatro años de pensión a la viuda de un escritor. El autor leonés apunta otro tema “de fondo” que es un concepto “completamente equivocado” que, desde una parte de la opinión pública, se tiene de la cultura. “La realidad económica de los escritores profesionales es, generalmente, delicada pero se tiende a confundir con la de gente de la jet-set, famosa o de la crónica rosa que deciden publicar un libro”, explica. Esa realidad no se corresponde con la del escritor profesional para el que “los derechos de autor son escasos y tienen que buscar ingresos complementarios. Es una profesión muy vocacional. No puede ser que los escritores se estén viendo en la tesitura de tener que elegir entre cobrar la pensión o callarse”, se lamenta Colinas. “Yo seguiré escribiendo pero, si siguen con los descuentos progresivos que me están aplicando, llegará un momento en el que seré yo el que tenga que pagar a la Seguridad Social”. Colinas recuerda también la labor desinteresada de “muchos escritores que colaboramos en actos e iniciativas sin ánimo de lucro y nuestra misma escritura no siempre genera derechos. Todo eso redunda a favor de la cultura”, apunta. Su voz se ha sumado a las más de 1.200 firmas que avalan la carta del presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, Manuel Rico, con el título “Los derechos de autor deben ser compatibles con el derecho a la pensión de jubilación”. O a otra iniciativa dirigida al Ministro/a de Empleo y Seguridad Social en la plataforma Change.org, que, en unos días, ha sumado más de 6.000 firmas.
Manuel Rico, presidente de ACE (Asociación Colegial de Escritores), denuncia la injusta situación a la que se ven abocados muchos creadores a los que se penaliza por cobrar la pensión y derechos de autor. “Buena parte de las obras de autores como José Luis Sampedro, Ana María Matute, José Manuel Caballero Bonald o Francisca Aguirre fueron escritas cumplidos los 65 años. La inmensa mayoría de los escritores españoles vive de labores distintas a la literatura. Por lo general, desde que accedieron a la edad laboral o finalizaron sus estudios, sus ingresos les han venido de una profesión distinta: profesores, funcionarios, periodistas, empleados de banca o de seguros, administrativos y un largo etcétera de dedicaciones laborales bastante parecidas a las que ejerce el común de los mortales. Sólo unos pocos pueden decir que viven de la literatura y por lo general son escritores de edad más que madura que han acumulado una experiencia que les permite ser requeridos en los más diversos foros o devengar derechos de autor por sus obras. Todos estos escritores acumulan cotizaciones por esa historia laboral durante tres o cuatro décadas y se trabajan con tesón el derecho a recibir una pensión cuando cumplan 65 años o la edad legal de jubilación establecida. Es en ese momento cuando el escritor ve la posibilidad de disponer de todo el tiempo que le faltaba, de acudir a conferencias y otros eventos sin tener que buscar hueco en sus períodos laborales, de dedicar mucho más tiempo a escribir, a sacar adelante proyectos guardados en un cajón durante largo tiempo. Y de hacerlo con total libertad: la que le otorga percibir mensualmente la pensión pública para la que ha cotizado durante toda su vida laboral librándole de servidumbres y condicionantes respecto a aquellos medios en que publique o respecto a las editoriales que quieran influir en su labor literaria. Hasta finales de 2012, realizar esa tarea no suponía problema alguno… Pero, con el Real Decreto Ley 5/2013, se permite trabajar a los jubilados y compaginarlo con el cobro de la pensión, pero sólo cuando los ingresos generados por esa actividad sean inferiores al salario mínimo interprofesional. En coherencia con ello, cualquier persona mayor de 65 años que esté cobrando una pensión de jubilación, no puede realizar ninguna actividad artística ni ninguna aportación a la cultura que tenga un valor superior a 9.172,80 euros anuales, ya que, de lo contrario, pierde su derecho al cobro de la pensión… En otras palabras: se penaliza la actividad intelectual, la labor creativa de artistas en general y se abre un abismo en la labor de quienes a lo largo de su vida han acumulado conocimientos y experiencias para enriquecer culturalmente a la sociedad”.
Antonio Gamoneda, uno de los poetas españoles contemporáneos de mayor prestigio, se jubiló en 1996, y obtuvo lo más importantes premios después de haber cumplido los 65 años: el Premio Cervantes y el Reina Sofía (2006), el Quijote de las Letras Españolas (2009), el Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (2011)... Es posible que ahora tenga que dejar de escribir. Y no por su edad, 85 años, sino por la reforma de las pensiones que empezó a aplicarse en 2013. Las lagunas existentes en la ley no le permiten tampoco cobrar sus derechos de autor de las obras escritas durante toda su vida. Así, si desea seguir escribiendo o percibir los derechos de su obra anterior, aunque no gane mucho más, tendrá que renunciar a la pensión. ¿Cuántos años habrá cotizado Gamoneda para tener ese derecho? ¿Cuántos años le habrá costado llegar a ser el gran poeta que hoy es? Justo en este momento, en que quizás podría escribir sin presiones, se ve obligado a decidir: su tranquilidad o su arte. Tampoco él es un caso aislado: la ley incluye a músicos, científicos, escritores o cualquier otro creador. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclama cuatro años de pensión a otros investigados e incluso ya hay quien ha sido multado, como el escritor Eduardo Mendoza. Cuando, en Europa, la realización de trabajos intelectuales es totalmente compatible con una pensión al 100%, el 90% de nuestros asociados no gana más de 20.000 euros en derechos de autor. ¿Es justo que alguien pueda tener cinco pisos y cobrar los alquileres de esas propiedades al tiempo que la jubilación pero no pueda recibir el fruto del trabajo de toda su vida ni aunque este sea tan exiguo como 9.173 euros? ¿Podemos permitirnos prescindir de todo lo que estos creadores aún pueden imaginar y crear, de todo lo que aún pueden aportarnos? Quizás algún día la cultura y el pensamiento en nuestro país lleguen a considerarse tan importantes como para valorar con reconocimiento, respeto y dignidad todo el esfuerzo y la dedicación de una vida de nuestros autores. Pero no mientras dure esta absurda ley de pensiones que obliga a todo creador a abandonar su esfuerzo y sí pretenda cobrar una jubilación que muchas veces no llega ni a lo justo y necesario.
La Seguridad Social penaliza a creadores como José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Eduardo Mendoza o Javier Reverte. La irritación que produce la noticia provoca un movimiento de rechazo. Gamoneda dejará la escritura, si la Seguridad Social le impide cobrar su pensión y los derechos de autor. Para el Premio Cervantes, la normativa promovida por el Gobierno de Rajoy es “una legislación absurda, injusta y destructiva de la cultura. Escribir es una amenaza, si publicas te quitan la pensión” Escritores jubilados como Colinas, Luis Mateo y Merino se plantean dejar de hacerlo por la presión de la Seguridad Social con las pensiones. Son vidas amenazadas por la persecución de la Seguridad Social. El Estado jubila a los escritores. Los creadores de más de 65 años se ven obligados a elegir o la pensión o los derechos de autor. Es un problema creado por políticos carentes de sensibilidad cultural, condenando a los escritores a tomar en su jubilación una difícil decisión: dejar de crear. Luisa Maria Begué, de Valencia, solicita al Ministro/a de Empleo y Seguridad Social, a través de CHANGE.ORG: “Los derechos de autor deben ser compatibles con el derecho a la pensión de jubilación. Consecuentemente, y dado que lo importante es ser oído por quienes demuestran poco o nulo interés por los autores, propongo, desde aquí, sumaros a la petición, fimándola para que llegue a las instancias de la Administración Central y sean derogados los artículos que someten a nuestros compañeros y colegas y permitan compatibilizar y cobrar sus derechos de autor al tiempo que la paga asignada por jubilación”. Más de 10.000 firmas fueron recogidas en la primera semana de su publicación.
José María Merino, miembro de la RAE se cuestiona: “¿Por qué la pensión puede ser compatible con la percepción de dividendos, o de rentas de cuentas bancarias, o con las rentas de bienes inmobiliarios, y no con los derechos de autor ni con honorarios por impartir conferencias”. Merino recuerda que, además, “los derechos de autor acaban siendo ‘de dominio público’ al cabo de cierto número de años, lo que no pasa con ningún otro patrimonio”. Las obras, en efecto, pasan a ser de dominio público a los 80 años de la muerte de los creadores (lo que no sucede con otros bienes, como por ejemplo un piso) y los que perciben rentas más bajas no pueden completar sus pensiones con el fruto de su conocimiento. Entre los afectados por la ley, Caballero Bonald, Eduardo Mendoza o Javier Reverte, pero hay muchos otros menos conocidos.... “Cuando nos dimos de alta como autónomos, nadie nos avisó de que esto podía ocurrir algún día. Si lo hubiéramos sabido, habríamos metido el dinero en una hucha”, opina Antonio Colinas, para quien es “triste” verse obligado a elegir entre una exigua pensión y los derechos de autor, cada uno de los cuales por separado resulta poco menos que insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos pagan a sus ejecutivos pensiones compatibles con la de la Seguridad Social. “En el fondo –insiste Merino– el caso ofrece una muy mala imagen del concepto que en nuestro país se tiene de la cultura, además de que produce un daño enorme al estímulo a la creación cultural”. Y añade: “Acaso nuestros gobernantes nos expliquen las razones de esta decisión después de hacer algún homenaje público al cuatricentenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el 22 de abril de 2016. En Gran Bretaña, el primer ministro David Cameron ya ha comunicado a su país la conmemoración oficial del cuatricentenario de la muerte d Shakespeare, que también se celebra en 2016. Aquí, los interesados en nuestra literatura estamos esperando un gesto público similar a propósito del autor de la más importante novela de la historia... Tal vez el manifiesto desinterés forme parte de la misma mentalidad que esa persecución fiscal: menosprecio y hasta inquina por la cultura”.
Javier Reverte denunciaba el pasado jueves que él fue uno de los primeros autores a los que Hacienda llamara “para regularizar una situación que no les parece correcta”, al no poder compatibilizar con la legislación actual el cobro de su pensión de jubilado con los rendimientos por su actividad intelectual. Aplicando la normativa puesta en marcha por el PP en la pasada legislatura, le piden que devuelva 120.000 euros, el montante de cuatro años de cotizaciones que ha cobrado de una Seguridad Social que ha pagado durante 40 años como periodista. “Ahora me piden que devuelva 4 años, más intereses, más la multa de 121.637 euros” se lamenta el escritor. Denuncia que, desde el pasado 1 de enero, le han suprimido el pago de la Seguridad Social y ya no cobra nada. Eso sí, reconoce que ha puesto un recurso con un abogado. “Para mí significa muchas cosas porque tengo que tirar de mis ahorros, y tengo para un año. No tengo dinero para pagar esa multa. Los puede tener Rato pero yo no”. Alerta de que ya no va a poder proseguir con su trabajo como escritor de libros de viajes porque ya no tendrá dinero para viajar. A su juicio, la actual legislación representa “un ataque a la cultura del Gobierno del PP”, que quieren convertir España en un “país de fenicios”. “Creo –insiste – que la cultura no les interesa en absoluto al PP. Lo demostró en el tiempo que estuvo el señor Wert, que acabó con un montón de cosas, y le han premiado muy bien. Cuando vas contra la cultura los gobiernos del PP, te premian muy bien”. E ironiza con que ahora la cultura “es un enemigo” y es “delinquir”. “Yo soy un delincuente al que le han penalizado con 120.000 euros y al que le han retirado una pensión por la que coticé durante 40 años”. El conflicto llevó el jueves al PSOE a presentar en el Congreso una proposición no de ley para que sea compatible cobrar la pensión con cualquier actividad creativa.
Para la Seguridad Social, el creador mayor de 65 años que tenga pensión de jubilación y cobre por sus derechos de autor es un estafador. Al llegar a la jubilación, tiene que tomar uno de los dos caminos: o la pensión o sus derechos adquiridos a lo largo de su trayectoria. Según reconoce Peio H. Riaño en “El Español”, no pocos escritores reconocidos están condenados a dejar de crear y de compartir su experiencia con el resto de la sociedad. “La primera paradoja de esta absurdo puesta en marcha con la reforma de las pensiones que el Gobierno ejecutó a partir del uno de enero de 2013 es que dos ministerios se cruzan el fuego sobre el cuerpo de los artistas, músicos, escritores, etcétera. Hacienda quiere que mantengan su actividad (premios, conferencias, artículos, talleres y derechos de autor) para ingresar impuestos. Empleo quiere que dejen de cobrar su pensión o la mitad si se decantan por la jubilación anticipada. Según este ministerio, es incompatible cobrar una pensión e ingresar por una actividad que supere el salario mínimo interprofesional, es decir, 9.000 euros. Más absurdos: los herederos sí pueden beneficiarse de derechos generados por las creaciones de sus antepasados y, al tiempo, cobrar el 100% de su jubilación. En vida, los creadores sólo podrán disfrutar de sus derechos cuando estén en activo. Luego, tendrán que enterrarse en vida y, por ejemplo, rezar para que a una editorial no tenga la ocurrencia de premiarles por una novela. Porque, en ese caso, deberá decantarse por su pensión o el premio. Y aquí la nueva incongruencia: si es un premio por toda una vida, como el Cervantes, no hay problema, pero si es ocasional habrá sanción por defraudar al Estado”. Los dos primeros casos que aparecieron fueron los de los poetas Antonio Gamoneda y José Manuel Caballero Bonald. Desde entonces, el número no han dejado de crecer en medio año y, ahora mismo, 12 escritores pleitean para defenderse, entre ellos Javier Reverte. Eduardo Mendoza también sufrió la reclamación y tuvo que pagar la multa. En Cataluña se tiende a llegar a un acuerdo pero, en Madrid, la orden es “no perdonar”. Algunos escritores madrileños bromean con irse a escribir a Barcelona. Pero, además, hay otro castigo: si quieren volver a cobrar la pensión tendrán una penalización de seis meses sin ver un duro antes de recuperarla.
Incrédulo por una normativa que tilda de “monstruosa” y de “despropósito”, Gamoneda opina que tiene tanto de esperpéntica como de cruel e injusta. “Y viene a hacer que me plantee dejar de escribir”. Otros autores creen que la medida generará “un daño incalculable al desarrollo intelectual de nuestro país” Pero ¿qué ocurre con los derechos que siguen generando esas obras? “Eso es algo que nadie explica. Pero, al parecer, ese trabajo efectuado por mí hace muchos años y que está generando medianos o pequeños derechos ahora mismo también es constitutivo de delito”. Y razones para creerlo no le faltan, tal y como explica el abogado Carlos Muñoz, asesor de la Asociación Colegial de Escritores de España: “No debería ser lo mismo ni debería afectar por igual el cobro de derechos de autor por la explotación de obras realizadas antes de la fecha de jubilación, que el cobro de derechos de autor por actividades realizadas una vez jubilado. El primero de los supuestos debería de excluirse del cómputo de ingresos a los que antes hacíamos referencia, pues la actividad que genera los derechos de cobro se realizó antes de llegar a la fecha de jubilación, si bien la actual redacción de la ley no lo contempla así”. Y aquí es cuando entran en juego las pantanosas lagunas jurídicas, provocadas en parte por el prometido (y pendiente) proyecto de ley para regular la compatibilidad entre pensión y trabajo, dando lugar a situaciones como esta que no solo ahoga a Gamoneda. Asociaciones como VEGAP, SGAE, CEDRO y ACE, en representación de los diferentes colectivos de autores, presentaban el pasado mes de noviembre, ante el ministerio de Educación y la ministra de Empleo, Fátima Bañez, un manifiesto por el derecho a seguir creando. Estaba suscrito por artistas como Forges, Javier Reverte, Marta Rivera de la Cruz, Chema Madoz, José Mercé o Paloma Pedrero, en el que exigían “el cese inmediato de una campaña” que ocasiona “un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y sabiduría puede ser volcado en mejorar una sociedad cada vez más necesitada de peso intelectual”.
Juan Ángel Juristo publicaba el 15 de los corrientes en Cuartopoder el reportaje: “La Seguridad Social condena a los autores jubilados a renunciar a la creación”. En él reconoce que el problema de los escritores con los derechos de autor no es nuevo y que, hace años, fueron sonados los casos de Torrente Ballester, Miguel Delibes y el propio Camilo José Cela. “En estos casos, la cosa tenía que ver con asuntos relativos exclusivamente a impuestos, es decir, a Hacienda y no tenía nada que ver con la Tesorería de la Seguridad Social. Pero la ley del 2012 es abrumadora al cruzar los datos pues obliga a la pobreza a los creadores casi de cualquier condición que sea, a no ser ricos por otras causas. Si se incurre en ilegalidad, sin ir más lejos, se suele pedir seis meses sin recibir la pensión. En el caso de Mendoza, la cosa llegó a cuatro años. Culpable, claro, por vender muchos libros”. En la carta dirigida a Fátima Báñez, Ministra de Trabajo, se decía textualmente: “Más allá de las consecuencias que puede suponer esta normativa en el plano personal de cada autor, nos preocupa el daño que se produce al privar a toda una sociedad de las aportaciones que puedan realizar nuestros creadores en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y sabiduría deberían ser cuidadas y no rechazadas por obsoletas”. Entre los creadores que presentaron la carta se encontraban Forges, Marta Rivera de la Cruz, José Mercé, Juan Goytisolo, Javier Reverte, Paloma Pedrero o el fotógrafo Chema Madoz.
El pasado lunes, M. Rivera De la Cruz escribía, en “El Español”, el artículo “Los pobres autores”, en el que lamentaba la situación de un autor cuyo nombre era de sobra conocido: “Es una persona inteligente y trabajadora, que lo ha dado todo durante una vida entera y que se jubiló con una pensión bastante miserable: la que le queda después de cotizar a la seguridad social por la cantidad que un escritor puede permitirse y que, se lo aseguro, no es nada del otro mundo. Una institución quería contratarle para dar una conferencia. Le dijeron que tenían un presupuesto de trescientos euros para pagar su magisterio. Él dijo que prefería que le hiciesen un regalo por ese importe, pero adquirido en unos grandes almacenes. Luego, ese autor, ese caballero, ese buen hombre, me explicó algo avergonzado que pensaba devolver el regalo a cambio de una tarjeta de abono, que dedicaría a hacer la compra del mes y a adquirir una chaqueta que necesitaba. Suena cutre ¿verdad? Alguien cambiando la figurita de Lladró o el reloj de sobremesa por un cheque regalo para comprar mortadela. Un hombre de setenta años haciendo martingalas para llenar la nevera, y sudando frío al pensar en qué va a decir el concejal de cultura del Ayuntamiento de Villatempujo si se entera de que el delicado ajedrez de alabastro con el que agradecieron su conferencia ha sido convertido en una chaqueta de lana y unas latas de atún. A eso nos lleva el disparate perpetrado por Hacienda en enero de 2013, cuando Montoro decidió que un escritor tenía que renunciar a su pensión si quería dar charlas o percibir los emolumentos de sus derechos de autor. Recordé a aquel hombre al leer el reportaje que publicaba Peio H. Riaño, hablando de la situación de nuestros escritores jubilados, obligados a vivir con setecientos euros al mes o inventarse recursos para completar sus rentas al margen de la legalidad. Las personas que cita Peio en su excelente texto no son caraduras ni farsantes: son hombres y mujeres dignísimos que se han dejado la sangre en tinta toda su vida y ahora sólo pueden optar entre el fraude y la indigencia. Me pregunto a qué mente retorcida se le ocurrió aprobar la ley de marras, y cómo es posible que, desde la secretaría de Estado de Cultura, no se alzase la voz para frenar en seco este acoso y derribo a los profesionales de la escritura. Porque se puede entender que el ministro de Hacienda no se preocupe por la suerte de los autores, pero no que el responsable del ramo se encoja de hombros ante semejante desatino”.
A finales de noviembre del año pasado, Hacienda expedientó a un grupo de jubilados por jugar al bingo. Los ancianos de un barrio de Lorca, en Murcia, vieron con asombro cómo el ministerio de Montoro les abría un expediente por juego ilegal. Los ancianos vendían el cartón a diez céntimos y con las pequeñas ganancias conseguidas, pretendían celebrar la cena de Navidad. Es uno de los fotomontajes de esta semana. Como lo es el ofrecido por un bebé que provocó una monumental movida en las Cortes. Por otra parte, “Antena 3 Noticias” abría el pasado martes su segunda edición con una información exclusiva que relacionaba a Podemos, la CUP y el entorno de ETA con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La noticia sorprendió a los usuarios que seguían la emisión por Periscope, ya que pudieron escuchar las reacciones de los presentadores ante lo que estaban contando. Otra imagen de impacto es ese eslogan del PP: “Vota a cuervos… que te morirás de hambre” y las jugadas del PSOE en el Congreso. Por último, ofrecemos el momento en que A-3Noticias daba el notición sobre Podemos, la CUP e Irán, la foto por la que pedimos perdón por el error, la imagen que Twitter llenó de comentarios irónicos e ingeniosos y la de El Jueves.
Arabia Saudí prohíbe el ajedrez por antirreligioso. El muftí del Reino, Abdul-Aziz ibn Abdullah, lanzó el miércoles una fetua contra el juego de tablero, calificándolo de “obra del diablo” y de “promotor de la adicción al juego”. La orden, que puede tener consecuencias legales, ha soliviantado a la Asociación Nacional de Ajedrez, que teme una escalada represiva contra los jugadores. Según el líder religioso, el juego de las 64 casillas “conduce al odio entre jugadores, impide asistir a las plegarias diarias y es, en efecto, una manera de ganar dinero sin merecerlo”. El jugador profesional Nigel Short ha publicado una serie de tuits en su cuenta oficial en Twitter condenando la acción. Short recuerda que el ajedrez también fue prohibido en Irán en 1980, cuando el régimen de los ayatolás accedió al poder.
Pep Roig, desde Mallorca: Infancia en el nuevo Parlamento, El pastel, Honrables sinvergüenzas, Prioridades y Dime con quién andas…
Actuación en directo del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC), retransmitidos a través de Onda Cádiz Televisión.Chirigota, Los Kichi - Preliminares. Los presentadores de la “exclusiva” de Antena 3 en su informativo de la noche del miércoles se mofaron de su propia noticia, según recoge una grabación. Al punto de decir: “Nos van a dar pero bien”, nos muestran un cierto pundonor del que otros carecen por completo. Lamentable manipulación.
UC - Sa nostra ciutat d'Eivissa, publicado el 7 de junio del 2013. En aquesta illa tan pobra, 1976.
Del concierto “Dubé and Friends” 2015. Composición, Sébastien Dubé; arreglos, Sébastien Dubé; texto: Maria Johansson y Doble bajo, Sébastien Dubé. Este grupo conocido por “Vocal Sampling”, interpreta una de las mejores canciones de la historia: “Hotel California” de Eagles. Conquistó al mundo con millones de visitas en un canal de vídeos populares, pero de los seis músicos, el hombre de rojo es el que más sobresale...
Puzzle Bobble
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Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure