La crisis pasa factura a los servicios de teleasistencia

La crisis está pasando una peligrosa factura al servicio de teleasistencia y en varias provincias y ayuntamientos españoles se está estudiando la manera de mantener la actual gratuidad del necesario servicio de teleasistencia.
Es el caso de Avilés, donde peligra el mantenimiento de 450 terminales de teleasistencia domiciliaria tras el recorte en 70.000 euros por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para este programa.
Los recortes que está realizando la Federación Española de Municipios están afectando a numerosos ayuntamientos. Esta misma semana el Ayuntamiento de Castrillón también anunció que no podría mantener la teleasistencia para sus 285 usuarios.
Sin embargo la mayoría de los ayuntamientos está buscando otras soluciones para mantener el servicio como es la introducción del copago, aunque es una solución complicada ya que la mayor parte de los beneficiarios son personas mayores con ingresos muy bajos.
En ayuntamientos más grandes como Gijón, con casi 5.000 usuarios, el recorte ha sido de 500.000 euros y es complicado mantener este número de usuarios y el ayuntamiento ha optado por revisar caso por caso ya que el servicio estaba destinado a los mayores de 80 años que vivieran solos o con problemas de dependencia. Pero en la realidad se habían ampliado los beneficiarios y se aceptaban prácticamente todas las peticiones. 
Los problemas también afectan a las diputaciones, por ejemplo en provincias como en León, que cuenta con más de 4.000 usuarios el servicio está sujeto a un acuerdo financiero con el Estado que se hace cargo del 65% del soporte económico que hace posible la prestación, el Imserso ya ha notificado a las administraciones que en la próxima anualidad ya no habrá disponibilidad económica para hacer frente a ese compromiso.
La red de teleasistencia en la provincia leonesa se desarrolla a través de cuatro convenios que mantiene Cruz Roja con los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo y con la Diputación de León, garante del servicio para los beneficiarios que residen en municipios pequeños y áreas rurales dispersas.El convenio con la Diputación supone un cargo en torno a 485.000 euros, sufragados en un 65% por el Imserso y en un 35% por la Diputación de León.