La Defensoría del Pueblo contra tarifazo

Alejandro Amor
Defensor del Pueblo porteño

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Alejandro Amor,  junto a 23 Defensores  de todo el país se reunieron con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, ante las distintas situaciones  que atraviesan las provincias por el aumento en las tarifas de los servicios públicos. Además le pidieron la ampliación de la Tarifa Social a todas las entidades sin fines de lucro, clubes de barrio y personas que la necesitan.
Los Defensores le entregaron a Aranguren un petitorio que manifiesta su "más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios". Le solicitaron entonces: -Adoptar una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados, convocando a una audiencia pública en todo de acuerdo con lo establecido en el art. 42 CN, readaptándolos a criterios de razonabilidad y justicia, para que la adecuación tarifaria que se pregona sea verdaderamente gradual y progresiva, sin que ello afecte los derechos fundamentales de los usuarios a recibir servicios de públicos indispensables para el desarrollo de una vida digna.También pidieron: ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social; implementar mecanismos ágiles, eficientes y accesibles, tanto en las empresas prestatarias como en los entes reguladores respectivos, que faciliten las peticiones de los usuarios dirigidas a acceder a los beneficios de la tarifa social y entre otra cuestiones "implementar de manera urgente el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, previsto en la Ley nacional 27.218, para que todas las entidades comprendidas puedan acceder a dicho beneficio, debiéndose adoptar medidas urgentes para evitar el corte o interrupción del suministro de los servicios públicos en dichas entidades, hasta tanto no se aplique la mencionada ley".Amor consideró "positiva" la reunión y dijo que Aranguren prometió "evaluar los reclamos".
"Vinimos a pedirle al ministro que se empiecen a realizar audiencias públicas, tal como está previsto en el artículo 42 de la Constitución, para que la sociedad conozca cuál es el cuadro tarifario. También pedimos la revisión de ese cuadro y la ampliación de la tarifa social", explicó el Defensor y consideró que "el gobierno debe contemplar a los más necesitados, como Pymes o clubes de barrio, que quieren pagar pero no pueden".