Revista Opinión

La democracia cuestionada (II)

Publicado el 06 marzo 2020 por José Luis Díaz @joseluisdiaz2
Concluía  la primera parte del artículo indicando que es la cúpula de los partidos la que decide las listas electorales y la que tiene habitualmente la última palabra en el reparto de cargos públicos cuando se alcanza el poder. Se conforman de este modo parlamentos de leales diputados a sus respectivos jefes de filas, conscientes de que las discrepancias con la línea política del partido se suelen terminar pagando con el ostracismo. Las cámaras legislativas han ido perdiendo de este modo su función de foro de debate sobre los proyectos políticos de los diferentes partidos para convertirse en meras correas de transmisión de los gobiernos de turno: los partidos del gobierno apoyan sin rechistar y los de la oposición generalmente se oponen a todo lo que provenga del gobierno. Esto es evidente sobre todo en los gobiernos apoyados en una mayoría absoluta aunque tampoco es extraño en gobiernos de coalición. En otras palabras, tenemos en los parlamentos una nueva disfunción democrática en tanto su papel legislador se reduce a la postre a asentir o a rechazar lo que proceda del poder ejecutivo o sea impulsado por este.
El gran mal de la democracia: la corrupción política
Este estado de cosas, apoyado en una agobiante presencia de miembros del partido en el poder o de personas de confianza nombradas por él para ocupar puestos de responsabilidad en numerosos ámbitos de la vida pública e institucional, produce un nutritivo caldo de cultivo para que florezca uno de los problemas más graves y letales del sistema democrático: la corrupción política. Leyes demasiado laxas y benevolentes y connivencia expresa o implícita de los propios partidos con sus respectivos corruptos hacen el resto.
Cierto que no se puede hablar de un problema estrictamente nuevo, si bien en países como Italia o España, por ceñirnos solo al ámbito occidental, el nivel de indecencia política ha alcanzado en el pasado reciente cotas escandalosas. Es posible que los ciudadanos de a pie no comprendan los entresijos de la política económica o exterior, pero entienden perfectamente lo que significa la palabra corrupción aplicada a la política: lucrarse de forma ilegítima con dinero público. El repudio moral que produce este tipo de prácticas, reflejado a menudo en las encuestas sobre los asuntos que más preocupan a la opinión pública, no suele tener parangón ante otros problemas como el paro o la situación económica. En el plano de la moral política - si es que ambas palabras pueden convivir en la misma frase - se trata de la ruptura de un contrato tácito entre cargos públicos y ciudadanos por el cual aquellos recibirán un sueldo digno por sus servicios pero no robarán el dinero de las arcas públicas para sí o para sus partidos.
La democracia cuestionada (II)
La sensación de impunidad no hace sino aumentar cuando los partidos - da igual el color - reaccionan invariablemente ante la corrupción negando la mayor en primer lugar, admitiéndola luego a regañadientes y por último arrastrando los pies para no tener que tomar medidas expeditivas contra los corruptos. Aquí se hace absolutamente esencial la respuesta de una ciudadanía que, ahíta ante tanto escándalo, opta por la indiferencia o la desafección convencida de que "todos los políticos son iguales". El círculo de la corrupción se cierra de forma aún más desvergonzada cuando cargos públicos bajo fuertes sospechas de haber obrado faltando a la ética pública más elemental vuelven a formar parte de listas electorales y a recibir apoyo mayoritario en las urnas.
Las campañas electorales: cada vez más largas, cada vez más vacías.
En países como España - aunque no exclusivamente - las campañas electorales suelen ser el periodo preferido por los partidos para lanzarse a la cara los trapos sucios en una dinámica de "y tú más" estéril e indignante, que apenas consigue disimular la responsabilidad de estas organizaciones en el deterioro de la democracia y de sus instituciones. Y son precisamente las campañas, cada vez más largas y vacías de contenido, otro de los síntomas de la preocupante salud del sistema democrático. Desde luego, nunca ha sido ese periodo el mejor tiempo para la "política" y de ahí que cuanto más se alargan más cansancio provocan entre los ciudadanos. El objetivo se reduce a "vender"  el producto en forma de programa electoral que por lo general se olvida en algún cajón del partido cuando se llega al poder y se aterriza en la realidad.
En la era de las redes sociales los programas electorales son apenas eslóganes más o menos ingeniosos que buscan expandirse y convertirse en virales. Muy lejos empieza ya a quedar el tiempo en que un programa electoral no era invariablemente algo vacío de contenido y plagado de buenas intenciones, a veces simplemente utópicas e irreales, como ocurre en la actualidad. Más que los programas electorales o los mítines - práctica cada vez más carente de sentido por cuanto solo sirve para atraer a los convencidos - lo que hoy convoca a los líderes y a los candidatos son las redes sociales, con una legión de asesores permanentemente entregada a difundir las promesas de sus respectivos partidos. Redes sociales que, como la experiencia empieza a demostrar, pueden convertirse en dinamita para las instituciones democráticas cuando se coordinan ataques externos contra instituciones en fechas señaladas o durante convocatorias electorales. El ciberespionaje, la difusión de bulos y noticias falsas con fines desestabilizadores son solo un pequeño botón de muestra de otro de los riesgos que enfrenta el sistema democrático.
Junto al fenómeno de una sociedad cada vez menos interesada en la política, los cambios sociales y económicos de las últimas décadas también han producido modificaciones en el electorado que están obligando a los partidos a replantearse a fondo sus estrategias de obtención de votos. Los grandes partidos de masas no luchan ya tanto por trabajadores manuales o de cuello duro, burgueses o terratenientes, el objetivo hoy son las mujeres, los jóvenes, los parados, los pensionistas o las minorías étnicas con derecho a voto. Las organización políticas necesitan ahora una estrategia transversal que deje a un lado determinadas señas ideológicas y busque caladeros de votos en nichos tradicionales tanto de la derecha como de la izquierda.
(Continuará)

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